De la complicidad a la traición: quiénes son los altos ex funcionarios que ofrecen delatar a Peña Nieto para salvarse

Fueron políticos muy cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto. Durante su gobierno habrían cometido grandes actos de corrupción para beneficiar al “nuevo PRI” del que tanto presumía el mandatario originario del Estado de México.

Ahora, unos están en la cárcel, y otros más, buscan ser testigos colaboradores de las autoridades federales, con la intención de librarse de la prisión.

Este jueves, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se dijo dispuesto a declarar en contra Peña Nieto.

Duarte de Ochoa aseguró que el exmandatario sí recibió recursos para su campaña presidencial en 2012, por parte de la empresa brasileña Odebrecht, por lo que se dijo dispuesto a declarar “lo que le consta” sin buscar un beneficio o criterio de oportunidad.

Las declaraciones de Duarte van cerrando la pinza en contra de Peña Nieto, quien hasta el momento, se sabe que permanece en Madrid, España; país que eligió para retirarse tras terminar su gobierno.

Javier Duarte

Javier Duarte de Ochoa purga una pena de 9 años de prisión, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, los cuales cometió cuando fue gobernador de Veracruz.

El nombre del exmandatario estatal ha resurgido en medio del escándalo de los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht en México, que tienen como marco el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Y es que la compañía habría aportado medio millón de dólares a la campaña a la gubernatura de Javier Duarte de Ochoa, a cambio de la construcción de una presa en el río La Antigua.

Las relaciones entre Duarte de Ochoa y Odebrecht datan del proceso electoral de 2010, cuando la compañía brasileña habría aportado la cuantiosa suma a la campaña electoral del ese entonces, candidato a gobernador de Veracruz.

Después de que Duarte de Ochoa ganó la gubernatura, viajó a Sao Paulo, Brasil, para reunirse con Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa. Después hubo otro encuentro en Veracruz.

Un par de años más tarde, el gobernador presentó el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, mediante el cual quiso ceder los derechos del Río La Antigua a Odebrecht, pero gracias a la oposición de los vecinos, la obra tuvo que ser cancelada.

Ahora, tras la denuncia interpuesta por el exdirector de Pemex en contra de Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray; Javier Duarte se dice dispuesto a declarar en contra del expresidente “sin buscar algún beneficio”.

Emilio Lozoya

Luego de meses de permanecer prófugo de la justicia mexicana, Emilio Ricardo Lozoya Austin fue detenido en Málaga, España (12 de febrero de 2020), acusado de haber recibido sobornos millonarios por parte de la empresa Odebrecht, la cual buscaba obtener los trabajos de remodelación de la refinería de Tula, ubicada en Hidalgo.

Lozoya Austin llegó a México el pasado 17 de julio y desde antes de su arribo, ya había causado un terremoto político en el país, debido a que se sabía que haría revelaciones sobre los presuntos sobornos que aceptó por parte de la empresa brasileña Odebrecht y de la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados, que causó graves afectaciones en las finanzas de Pemex.

Su llegada fue un circo: en medio de un mar de periodistas, fotógrafos y camarógrafos, un supuesto Emilio fue llevado al Reclusorio Norte a donde tendría que ser detenido. Pero el verdadero Lozoya fue trasladado a un hospital privado ubicado al sur de la Ciudad de México, debido a que presuntamente, tenía problemas de salud.

Desde la cama del hospital, el exdirector de Pemex dijo que Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo habían obligado a recibir los sobornos de Odebrecht.

Casi un mes después, el pasado 11 de agosto, el Fiscal Alejandro Gertz Manero informó a través de un mensaje videograbado, que Emilio Ricardo Lozoya Austin, había presentado una denuncia de hechos. Acusó a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de ser las personas que le ordenaron entregar más de 100 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht, a asesores electorales extranjeros que trabajaron en la campaña presidencial del 2012.

Pero además, en su denuncia también señaló a otros expresidentes: Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, entre otros funcionarios y políticos mexicanos, “por hechos posiblemente constitutivos de delito”.

Dos días después de la denuncia, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que Peña Nieto se comunicó vía telefónica, a través de un interlocutor confiable, con un mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Le dijo que si la Fiscalía General de la República (FGR) lo cita, viajará a México y se presentará a declarar. Aseguró que Lozoya se va a enredar en sus propias mentiras ya que él (Peña) nunca supo de los millones de dólares de Odebrecht a su campaña presidencial de 2012, y que si Emilio Lozoya pidió y recibió dinero para eso y otras cosas, fue a título personal.

Aunque ya han pasado casi tres meses, el expresidente Peña aún permanece en Madrid, España; en donde vive lujosa y plácidamente desde que terminó su gobierno

Emilio Zebadúa

Fue ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Zebadúa González se acercó a la FGR, con la intención de volverse testigo protegido. Ofreció dar información sobre los desvíos de recursos para las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el gobierno anterior.

El exfuncionario se encuentra bajo investigación, debido a que durante su cargo en la Sedesol, presuntamente operó la contratación y supervisión de convenios de 11 dependencias que, a través de diversas universidades que “subcontrataron” a 128 empresas fantasma, desaparecieron 7,760 millones de pesos, lo cual fue conocido como La Estafa Maestra.

Las operaciones de contratos simulados en Sedesol y Sedatu, habrían sido para financiar al PRI, por lo que involucrarían directamente Peña Nieto e incluso a Luis Videgaray, ya que como titular de Hacienda, autorizaba los pagos y las operaciones que se hacían como parte de La Estafa Maestra.

De acuerdo con el periódico Reforma, el propio Zebadúa habría acudido a las instalaciones de la Fiscalía para ofrecer su colaboración con las investigaciones sobre el caso de La Estafa Maestra, a fin de obtener inmunidad penal y volverse testigo protegido.

En una primera declaración, supuestamente habría afirmado que Peña Nieto estuvo involucrado en la red. Incluso habría ofrecido detallar los recursos desviados por parte de las dependencias encabezadas por Rosario Robles.

De acuerdo con Animal Político, el ex funcionario se ha fijado esta opción tras perder los juicios de amparo que le permitieron, durante más de un año, no pisar la cárcel o siquiera comparecer ante un juez para que le imputara los cargos correspondientes al desvío de recursos, a diferencia de Robles Berlanga, quien tras acudir al citatorio fue aprehendida y llevada a prisión preventiva para evitar que se fugara.

Rosario Robles

Rosario Robles Berlanga, fue titular de la Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Luego de que se revelara el caso de La Estafa Maestra, la exfuncionaria fue acusada de omisión ante el desvío de más de 5,073 millones de pesos cuando fue titular de las dos dependencias.

Durante su segunda audiencia ante un juez del Reclusorio Sur, se ordenó su arresto para evitar que se fugara, a pesar de que el delito de omisión por el que fue acusada, no amerita prisión.

Robles Berlanga fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad de México, el 13 de agosto de 2019.

El pasado 26 de agosto, la FGR solicitó una pena de 21 años contra la ex secretaria de Estado por el desvío de recursos en que presuntamente, participó.

Entre amparos y cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosario Robles habría sido tentada por la FGR a utilizar el llamado criterio de oportunidad con el objetivo de brindar información sobre actos corruptos de otros funcionarios mexicanos.

Sin embargo, Robles aseguró que “no tenía a quién entregar”, además de haberse dado a conocer, a través de sus abogados, que para que dicha propuesta funcionara, la Fiscalía tendría que haber presentado una petición formal para que la revisara y pasara a la funcionaria.

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