Uno fue titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), el otro, exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio anterior; y con sus declaraciones sobre los presuntos casos de corrupción en ese gobierno priista, estarían poniendo tras las cuerdas al expresidente Enrique Peña Nieto.
Emilio Lozoya Austin (Pemex) y Emilio Zebadúa González (Sedesol y Sedatu), se acercaron a la Fiscalía General de la República (FGR) para ceñirse al llamado “criterio de oportunidad” y convertirse en testigos colaboradores con la finalidad de decir “su verdad” sobre los presuntos desvíos millonarios de recursos y el cobro de sobornos, en los casos de La Estafa Maestra y Odebrecht.
Emilio Lozoya llegó a México el pasado 17 de julio luego de permanecer cinco meses detenido en España. Desde antes de su arribo, ya había causado un terremoto político en el país, debido a que se sabía que haría revelaciones sobre los presuntos sobornos que aceptó por parte de la empresa brasileña Odebrecht y de la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados, que causó graves afectaciones en las finanzas de Pemex.
Su llegada fue un circo: en medio de un mar de periodistas, fotógrafos y camarógrafos, un supuesto Emilio fue llevado al Reclusorio Norte a donde tendría que ser detenido. Pero el verdadero Lozoya fue trasladado a un hospital privado ubicado al sur de la Ciudad de México, debido a que presuntamente, tenía problemas de salud.
Desde la cama del hospital, el exdirector de Pemex dijo que Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo habían obligado a recibir los sobornos millonarios de Odebrecht.
Casi un mes después, el pasado 11 de agosto, el Fiscal Alejandro Gertz Manero informó a través de un mensaje videograbado, que Emilio Ricardo Lozoya Austin, había presentado una denuncia de hechos. Acusó a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de ser las personas que le ordenaron entregar más de 100 millones de pesos de sobornos de Odebrecht, a asesores electorales extranjeros que trabajaron en la campaña presidencial del 2012.
Pero además, en su denuncia también señaló a otros expresidentes: Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, entre otros funcionarios y políticos mexicanos, “por hechos posiblemente constitutivos de delito”.
Dos días después de la denuncia, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que Peña Nieto se comunicó vía telefónica, a través de un interlocutor confiable, con un mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Le dijo que si la Fiscalía General de la República (FGR) lo cita, viajará a México y se presentará a declarar. Aseguró que Lozoya se va a enredar en sus propias mentiras ya que él (Peña) nunca supo de los millones de dólares de Odebrecht a su campaña presidencial de 2012, y que si Emilio Lozoya pidió y recibió dinero para eso y otras cosas, fue a título personal.
Aunque ya han pasado casi tres meses, el expresidente Peña aún permanece en Madrid, España; en donde vive lujosa y plácidamente desde que terminó su gobierno.
Sin embargo, eso podría cambiar ante el acercamiento de Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol durante la gestión de Rosario Robles, a la FGR, con la intención de volverse testigo protegido a cambio de dar información sobre los desvíos de recursos para las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Zebadúa González se encuentra bajo investigación, debido a que durante su cargo en la Sedesol, presuntamente operó la contratación y supervisión de convenios con universidades, por medio de diversos servidores públicos, lo que fue conocido como La Estafa Maestra.
De acuerdo con el periódico Reforma, el propio Zebadúa habría acudido a las instalaciones de la fiscalía para ofrecer su colaboración con las investigaciones sobre el caso de La Estafa Maestra, a fin de obtener inmunidad penal y volverse testigo protegido.
En una primera declaración, supuestamente habría afirmado que Peña Nieto estuvo involucrado en la red de desvíos. Incluso habría ofrecido detallar los recursos desviados por parte de las dependencias encabezadas por Rosario Robles, quien se encuentra en prisión por el delito de omisión, el cual no amerita cárcel.
De acuerdo con Animal Político, el ex funcionario se ha fijado esta opción tras perder los juicios de amparo que le permitieron, durante más de un año, no pisar la cárcel o siquiera comparecer ante un juez para que le imputara los cargos correspondientes al desvío de recursos, a diferencia de Robles Berlanga, quien tras acudir al citatorio fue aprehendida y llevada a prisión preventiva para evitar que se fugara.
Reportes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) mostraron que el grupo de funcionarios de Zebadúa estaba ligado a través de empresas, propiedades y conexiones políticas, además de que éste se trasladó casi íntegro entre las dependencias bajo sus órdenes y fue pieza clave para operar la contratación y supervisión de los convenios de La Estafa Maestra, mediante la cual, 11 dependencias usaron 128 empresas fantasma para desaparecer 7,760 millones de pesos.
Las operaciones de contratos simulados en Sedesol y Sedatu, habrían sido sido para financiar al PRI, por lo que involucrarían directamente al presidente e incluso a Luis Videgaray, ya que como titular de Hacienda, autorizaba los pagos y las operaciones que se hacían como parte de La Estafa Maestra.
Si esto sucede, se abriría una nueva posibilidad de que el expresidente emanado del llamado “nuevo PRI”, sea sentado en el banquillo de los acusados.
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