Una muerte sin resolver: Leonardo fue baleado en Guanajuato, pero la Fiscalía se niega a investigar el caso

El 13 de diciembre de 2018 Leonardo Reyes salió de la casa de sus familiares en San Miguel de Allende, Guanajuato, a buscar señal de teléfono. Pero nunca regresó. Fue tiroteado por agentes pertenecientes al Grupo Táctico Operativo de la Policía Estatal de Guanajuato.

De acuerdo con una investigación hecha por el portal Animal Político, Leonardo se fue a vivir a los 13 años a Dallas, Texas (Estados Unidos). Ese diciembre, llegó a la entidad para visitar a su familia, pero falleció a los 23 años, cuando policías argumentaron que alguien los había atacado, por lo que respondieron a la agresión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la jueza Mónica Edith Olmos Ortega, del Juzgado de Oralidad Penal de San Miguel de Allende, argumentan que la versión de los policías es cierta y no quieren indagar dentro de la muerte de Leonardo.

Por otro lado, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato reconoció que hubo vulneraciones a los derechos de la víctima, aunque no se quieren referir a la muerte del joven como una ejecución extrajudicial. Los familiares del joven han apelado la decisión judicial y piden justicia.

“Me pongo muy mal cuando me recuerdan, pero nunca dejo de recordarlo. Estuvo muy mal lo que hicieron. A los policías ni siquiera los quieren castigar. Es algo muy triste. Parece que mi hijo no era una persona humana. Porque lo que hicieron con él no se vale”, contó al sitio en línea Guadalupe Moreno Cayente, madre de la víctima.

Guadalupe, quien narró todo desde San Antonio, Texas, recordó los últimos momentos que convivió con su hijo. Apenas habían llegado de Estados Unidos, sus actividades del día en que falleció, fueron: jugar y ganar un balón en un torneo de fútbol que jugó, ayudar en la iglesia y después cenar con su familia.

Pasada la media noche, se quiso dirigir a un lugar llamado La Caseta, pues era la zona en donde los habitantes se reunían para poder obtener un poco de señal para sus teléfonos celulares. Leonardo le dijo a su madre que saldría de casa para hacer una llamada, pero su madre de ahora 54 años le advirtió que era tarde, por lo que no era conveniente salir. Sin embargo, él no vio ningún peligro, ya que la comunidad es pequeña y todos se conocen, por lo que tomó su camioneta y se marchó.

Algunos minutos después, esta recibió 50 impactos de bala. Un tío de Leonardo estaba pasado por la zona y fue testigo de las acciones de los policías. Recorrió la pequeña comunidad para ver si alguien faltaba, y fue ahí que se dio cuenta que su sobrino no estaba en casa.

Entonces Guadalupe, acompañada de su tío, su hermano y su cuñada, se acercaron a donde estaba la camioneta. Los policías seguían ahí y según narró Guadalupe, una oficial le dijo a alguien: “ya la cagaste, cárgale otra pistola”. Los familiares de Leonardo tuvieron mucho miedo y decidieron regresar hasta el día siguiente.

Al amanecer, la familia retomó la búsqueda, pero ya para entonces estaba el rumor de que Leonardo estaba muerto. Entonces Juan José Padierna, abogado de la familia, se dirigió al lugar de los hechos.

“Vimos falta de pericia de los peritos, que estaban recogiendo, manipulación de la cadena de custodia”, explicó.

De acuerdo con Padierna, el cuerpo permaneció en la camioneta entre la 1:00 y las 6:00 horas, junto a los mismos policías que le dispararon, sin supervisión alguna. Ninguno de los oficiales llamó a una ambulancia, lo que según el abogado, prueba que lo dejaron morir sin darle ayuda médica.

Esta versión fue sustentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, la cual emitió una recomendación en la que denuncia que no se prestó asistencia al fallecido.

“La autopsia dice que murió desangrado. Así que le dejaron morir [...] Creemos que hay un cubrimiento, una tapadera por parte del mismo Estado. Estos policías son del cuerpo de élite y al Estado no le conviene decir que se equivocaron y lo mataron”, comentó el abogado al medio.

Desde ese momento, hasta ahora, el proceso ha estado lleno de irregularidades, por lo que la familia aseguró que se había montado para exonerar a los policías. Por otro lado, los conocidos del joven han reclamado que la policía no ha dado una versión lógica de los hechos.

No obstante, los agentes se aferran a su versión: ellos fueron víctimas de un ataque, por lo que procedieron a disparar en defensa propia. Pero, sus cuerpos indicaron lo contrario, pues no tenían heridas, ni rastros de ataque.

“Dicen los policías que les dispararon, lo repelieron y la camioneta se dio a la fuga. Los seis usaron sus armas largas porque no se detenía. Según declararon, le alcanzaron los disparos, la furgoneta impactó contra un árbol, dos ocupantes huyeron y Leonardo murió”, describió Padierna.

La demanda de los familiares se ha tenido que enfrentar a autoridades que se niegan a abrir una investigación. Después de pedir sin éxito a la Fiscalía General de la República (FGR) a que se hiciera cargo de la investigación, acudieron directamente al gobernador Diego Sinhué. Él se comprometió a tomar cartas en el asunto, pero la investigación nunca avanzó.

A mediados de febrero la Procuraduría de los Derechos Humanos reconoció que se había vulnerado el derecho a la Justicia. Pero a finales de marzo, la fiscal Ramona Pérez archivó el caso, argumentado que en efecto los policías actuaron en defensa propia.

En septiembre hubo una audiencia para desahogar la impugnación al archivo del caso. La juez Mónica Edith Olmos aceptó la versión de la FGE en la que se informó que se notificó a Guadalupe sobre los plazos para presentar una apelación, pero que ella no había hecho caso.

Pero una vez más se presentó una irregularidad: la fiscalía explicó que dejaron una nota en la casa de Guadalupe Moreno Cayente en San Miguel de Allende. Pero aunque ella vive en Texas, aseguró que en el hogar siempre hay gente, por lo que se que, de haber recibido algo, le hubiesen avisado. Sin embargo, la juez rechazó estos argumentos y decretó nuevamente archivar el caso. Su abogado, insistió en que la juez está violando los derechos de la familia.

Por su parte, Guadalupe no solamente está harta de las mentiras, pero también tiene miedo por su integridad. No obstante, aseguró que no se dará por vencida y seguirá peleando por justicia.

“Yo les digo a los abogados que me traigan a los policías a la cara. Que yo no tengo por qué mentir. Eran cinco hombres y una mujer y escuchamos lo que estaban diciendo [...] Tengo miedo. Estoy muerta en vida. Ellos saben dónde vivimos y todo [...] Queremos justicia porque no estuvo bien lo que hicieron. Él no andaba en malos pasos ni tuvo culpa de nada. No porque sean policías no hay derecho a que sean castigados”, señaló a al sitio en línea.

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