Con la llegada de Rosa Icela Rodríguez a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y ante las renuncias de diversos funcionarios públicos para contender por algún puesto de elección popular en las elecciones intermedias de 2021, comienzan a registrarse movimientos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Durante su conferencia mañanera de este martes, López Obrador aseguró que Rosa Icela ya había aceptado el encargo, pero será hasta que se recupere tras haber contraído COVID-19, que asumirá sus nuevas responsabilidades. Momentos después, la propia funcionaria confirmó lo dicho por el presidente, a través de su cuenta de Twitter.
A través de su cuenta de Twitter escribió: “Agradecida y comprometida con la decisión del Presidente de México, Andrés Manuel @lopezobrador_, por la designación como titular de la @SSCP. Me incorporaré en cuanto tenga el alta médica por Covid”.
Mientras esto sucede, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, permanece como encargado de despacho y coordinador de las Mesas del Gabinete de Seguridad.
El mandatario admitió que además de la renuncia de Alfonso Durazo a la SSCP -quien busca la gubernatura de Morena al gobierno de Sonora-, también dimitieron David Monreal, director de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como de varios delegados estatales y coordinadores regionales.
David Monreal, hermano del senador Ricardo Monreal, busca la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas, su estado natal. Monreal Ávila fue candidato al gobierno de su estado en 2016 por Morena y en 2010 por el PT, pero en ambos casos perdió la contienda. También ha sido senador y alcalde de Fresnillo.
En tanto, al menos ocho de los llamados “superdelegados” -quienes se encargan de entregar los programas sociales a los beneficiarios entre otras funciones- , aspiran a contender por igual número de gubernaturas de sus estados.
Se trata de Pablo Amílcar Sandoval (Guerrero), Lorena Cuéllar (Tlaxcala), Manuel Peraza (Nayarit), Juan Carlos Loera, (Chihuahua) Víctor Manuel Castro Cossío (Baja California Sur), Indira Vizcaíno Silva (Colima), Hugo Eric Flores Cervantes (Morelos) y Gilberto Herrera Ruiz (Querétaro).
De ellos, los casos que más destacan son el de Pablo Amílcar Sandoval y el de Hugo Eric Flores.
El primero es hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Pablo Amílcar renunció a la delegación federal de Bienestar en Guerrero, el pasado 2 de octubre, en medio de señalamientos de realizar actos proselitistas cuando aún era delegado, tras haber colocado 32 espectaculares con su imagen y frases de campaña.
Por su parte, Hugo Eric Flores Cervantes, antes de ser “superdelegado” fue líder nacional del Partido Encuentro Social (PES), organismo que perdió su registro en la pasada elección (2018) a pesar de que, en alianza con Morena, llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República.
Sin embargo, el PES se reagrupó bajo el nombre de Partido Encuentro Solidario (PES), y en medio del debate, el pasado 14 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le otorgó el registro como partido político. Y su presidente es justamente Flores Cervantes.
También se había dado a conocer que el superdelegado en San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, había anunciado que dejaría su cargo para buscar la candidatura de Morena al gobierno del estado. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no dio a conocer la dimisión.
Gabino Morales ha estado envuelto en serias acusaciones. En febrero de 2019, diputadas federales de su partido (Morena) exigieron la destitución de Morales Mendoza, luego de que fue denunciado penalmente por hostigamiento y acoso sexual.
Aunque Morena le suspendió sus derechos políticos por seis meses tras acreditar que cometió violencia política en razón de género contra Martha Lisset García, integrante del partido, ahora busca la candidatura al gobierno de San Luis Potosí.
El pasado 26 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó el compromiso de su gobierno de eliminar los fraudes electorales por completo. " El que comete fraude electoral, va a la cárcel sin derecho a fianza", declaró, “para eso está la Fiscalía (Especializada para la Atención de los Delitos) Electoral(es)”.
El comentario estuvo vinculado con las acusaciones contra algunos superdelegados federales, de aprovechar sus funciones de servicio como plataforma de campaña. A inicios de ese mes, los diputados del Partido Acción Nacional advirtieron que “vigilarían” a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar para impedir el uso de sus actividades sociales como eventos electorales.
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