Las disputas por cargos en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), siguen a todo lo que dan.
Luego de meses de una cruenta batalla entre varios aspirantes a dirigir al partido que derivaron en la elección de Mario Delgado a través de una encuesta, las inconformidades permanecen.
Pero con las elecciones de 2021 a la vuelta de la esquina, se abre otro frente de batalla en el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Y es que ahora, al menos cinco de los llamados “superdelegados”, aspiran a contender por igual número de gubernaturas, por lo que ya han formalizado su salida de las delegaciones federales que les fueron asignadas por el presidente.
Se trata de Pablo Amílcar Sandoval, Lorena Cuéllar, Gabino Morales, Manuel Peraza y Juan Carlos Loera, quienes dejaron sus cargos para buscar ser candidatos a las gubernaturas de sus estados.
Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros —hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros— renunció a la delegación federal de Bienestar en Guerrero, estado que aspira gobernar. Su renuncia ocurrió el pasado 1 de octubre, en medio de señalamientos de realizar actos proselitistas cuando aún era delegado.
Juan Carlos Loera, delegado federal en Chihuahua, presentó este viernes 30 de octubre un informe de labores y posteriormente anunció que dejará su cargo para buscar ser candidato al gobierno estatal. De acuerdo con versiones periodísticas, su cargo en la delegación federal de Chihuahua podría ser asumido por Bertha Alcalde Luján.
El miércoles 28 de octubre, Manuel Peraza Segovia, delegado federal en Nayarit, confirmó que presentó su renuncia para buscar contender por la gubernatura de esa entidad.
En la misma fecha, Lorena Cuéllar Cisneros, renunció a la delegación federal del Bienestar en Tlaxcala, para seguir con sus aspiraciones a la gubernatura del estado. En su lugar fue nombrado Carlos Luna Vázquez, quien se desempeñaba como coordinador operativo del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.
Por su parte, Gabino Morales Mendoza dio a conocer que a partir del 31 de octubre dejaría su cargo como superdelegado en San Luis Potosí, para buscar la candidatura de Morena al gobierno del estado.
En febrero de 2019, diputadas federales de Morena exigieron la destitución de Morales Mendoza, luego de que fue denunciado penalmente por hostigamiento y acoso sexual. Aunque Morena le suspendió sus derechos políticos por seis meses tras acreditar que cometió violencia política en razón de género contra Martha Lisset García, integrante del partido, ahora busca la candidatura al gobierno de San Luis Potosí.
El pasado 26 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó el compromiso de su gobierno de eliminar los fraudes electorales por completo. " El que comete fraude electoral, va a la cárcel sin derecho a fianza", declaró, “para eso está la Fiscalía (Especializada para la Atención de los Delitos) Electoral(es)”.
El comentario estuvo vinculado con las acusaciones a los superdelegados federales, de aprovechar sus funciones de servicio como plataforma de campaña. Hace tres semanas, los diputados del Partido Acción Nacional advirtieron que “vigilarían” a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar para impedir el uso de sus actividades sociales como eventos electorales.
Los superdelegados aludidos son Alejandro Ruiz Uribe de Baja California, Víctor Castro Cosío de Baja California Sur, Indira Vizcaíno Silva de Colima y Lorena Cuéllar de Tlaxcala. Además, está el precedente de Pablo Almícar Sandoval en Guerrero, quien renunció a su puesto desde el 2 de octubre, pero fue señalado por los 32 espectaculares que una publicación local desplegó con su imagen y frases de campaña.
Desde que la mayoría morenista en el Congreso aprobó la figura legislativa de los delegados de Programas para el Bienestar, las bancadas de oposición advirtieron sobre el riesgo electoral que estos personajes significarían. “La idea de los superdelegados da la impresión de ser, más bien, una fábrica de precandidatos”, opinó el senador Miguel Ángel Osorio Chong durante el debate de 2018.
El presidente pidió a la ciudadanía denunciar estos actos que aprovechan los recursos públicos y programas sociales para obtener beneficios personales. “No pueden hacer campaña y si lo están haciendo y hay pruebas, hay que denunciar y aclarar que ahora ya el fraude electoral es un delito grave”, dijo.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos electorales, vigente desde 2014, cualquier servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para apoyar o afectar a algún actor electoral, o “que destine bienes o servicios en virtud de su cargo al apoyo o perjuicio de un candidato o partido político”, podrá ser sujeto a una penalización de "200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años.
La ley también contempla que, si el delito está vinculado al uso y manipulación de programas sociales, la pena aumenta al triple.
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