El pasado miércoles 28 de octubre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los lineamientos, las normas específicas, para implementar la reforma que tipifica la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020 y, entre sus dictámenes, ordenó al INE establecer reglas para la atención de estos delitos en el ámbito electoral.
Dentro de los lineamientos aprobados, destacan el mandato de capacitación en materia de género para todos los funcionarios electorales y la iniciativa “3 de 3 contra la violencia política hacia las mujeres”.
Esta iniciativa negará el registro de candidatura para puestos de elección popular a cualquier hombre que cuente con antecedentes de denuncia, investigación, proceso o condena por violencia familiar, doméstica, o cualquier agresión de género, que tenga antecedentes de denuncia, investigación, proceso o condena por delitos sexuales o delitos contra la libertad sexual e intimidad corporal, o que esté registrado como deudor alimentario o moroso y atente contra sus obligaciones alimentarias.
Los aspirantes a candidaturas de elección popular deberán llenar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir la verdad, en el que divulguen que no tienen los antecedentes establecidos.
Cabe destacar que este 3 de 3 será presentado por los aspirantes a los partidos y éstos deben comunicarlo al INE junto con la decisión de quiénes los representarán en los comicios.
Sobre el tema, el presidente López Obrador dijo que estaba de acuerdo. Aunque no estaba enterado de la resolución cuando le preguntaron sobre el tema durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, declaró que los puestos de elección popular no deberían dar cabida a agresores.
En el marco del Ciclo de Conferencias Virtuales Magistrales “Derechos de las víctimas de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”, organizadas por el INE, la licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos, Gail Aguilar Castañón, explicó que hablar de violencia política de género es hablar de las estructuras políticas y sociales que “evitan que las mujeres accedan al poder”.
Antes de esta reforma, las únicas políticas en materia de violencia política de género estaban limitadas a atender los temas de paridad y cuotas de género.
En el artículo para la revista Hallazgos, “Entre cuotas y violencia de género: avances y retrocesos en la participación política de las mujeres en México”, Karolina M. Gilas, doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, y Alma Verónica Méndez Pacheco, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la misma universidad, argumentan en favor de reformas legislativas que vayan más allá de los números.
Por una parte, reconocen las reformas en materia de cuotas de género como un avance para la representación femenina en México, pero también aseguran que “El incremento notable de la violencia política de género en México, es una muestra clara de que el problema de fondo en la inequidad no es numérico, sino que existen importantes resistencias sociales, tanto en la ciudadanía como en la clase política, que encuentran su razón de ser en los persistentes esquemas paternalistas y en la percepción de los hombres de ser propietarios o de tener el derecho único de dominar en la escena política.”
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