Este jueves, en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador denunció que algunos de los gobernadores que están exigiendo más dinero para sus estados, fueron legisladores en 2007, cuando entró en vigor la reforma que modificó el criterio de distribución de fiscal.
El presidente asegura que “hay gobernadores actuales que eran legisladores, que votaron por esa reforma, nada más que ya se les olvidó”. Sin embargo, de los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista, sólo dos eran legisladores federales en 2007, cuando las cámaras votaron la “reforma de las las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios”.
El primero era Silvano Aureoles, senador por el PRD entonces y actual gobernador de Michoacán. El segundo era José Rosas Aispuro Torres, diputado federal plurinominal por el PRI en 2007 y actual gobernador de Durango. Aureoles y Aispuro Torres fueron los dos gobernadores de la Alianza Federalista que votaron a favor de la reforma fiscal.
Los gobernadores de Coahuila, Miguel Riquelme, y de Jalisco, Enrique Alfaro, eran diputados locales de sus entidades. Los otros seis miembros de la alianza no pertenecían al Legislativo.
La tarde del miércoles, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera publicó un tuit donde denunciaba que “no deja de sorprender que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN”. Y compartió dos listas sobre las votaciones de la reforma en las dos cámaras. Esa misma tarde, acotó que los enlaces compartidos eran “imprecisos”. La lista en el sitio del Senado registraba a Javier Corral en la decisión mencionada y omitía a Silvano Aureoles. Ese año, Corral no era senador, sino directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
De acuerdo con el presidente, la reforma de 2007 estuvo pactada entre el gobierno federal de Felipe Calderón y el gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto. “Cambiaron la fórmula y consideraron también a la población como un factor para recibir las aportaciones federales. De modo que se beneficia a quienes tienen más población”, explicó López Obrador.
El llamado “pacto fiscal federal” es un acuerdo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978. El texto, reformado en 1989 y en 2013 establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “celebrará convenio con entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Dichas entidades participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta Ley mediante la distribución de los fondos establecidos”.
Estos “otros ingresos” son, principalmente los impuestos por actividades de explotación y extracción de hidrocarburos, además del impuesto sobre la renta. Herrera reconoció que las contribuciones por ingresos petroleros han disminuido.
También aseguró que su dependencia no puede reducir las contribuciones a los estados. “La reforma es extraordinariamente precisa sobre cuánto se transfiere”, aclaró. La cifra global de aportaciones a las entidades incrementó en 2.9 por ciento con respecto del año pasado. “Lo que recibirán las entidades federativas en su conjunto son 638 mil millones de pesos de participaciones federales”, dijo el secretario.
En ese sentido, el presidente López Obrador reprobó que estados como Nuevo León, que aportan más dinero a la federación, quieran obtener una parte proporcional. Explicó que “el argumento es muy inequitativo, porque dicen ‘si nosotros aportamos más, pues debemos recibir más’ y hay otro argumento que es ‘darle más a quien más lo necesita, a los pobres’”.
En ese sentido, el pacto fiscal sí tiene como criterio de contribución a las entidades con más personas. El coeficiente de participaciones, que determina la contribución de cada entidad, está calculado a partir del Fondo de Fomento Municipal. Esta es una medida formada por las necesidades de cada municipio.
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