Rosario Robles intentó frenar la “Estafa Maestra”, luego del desvío de 1.747 millones de pesos de la Sedatu

Luego de que en 2016 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano (Sedatu) por el presunto desvío de más de mil millones de pesos, bajo el mecanismo conocido como la Estafa Maestra, la entonces titular, Rosario Robles, ordenó frenar el mecanismo, lo anterior lo señala su defensa.

De acuerdo con lo reportado este domingo por el diario Milenio, dicha instrucción consta en el oficio I.100.A/OS/2017, fechado el 26 de enero de 2017 y dirigido a sus subsecretarios y al Oficial Mayor, Emilio Zebadúa.

El documento dice que, aunque no es ilegal que la Sedatu suscriba contratos con entes públicos, “se adopten las medidas necesarias para que se evite”.

“Se les instruye con el propósito de que en el ejercicio fiscal 2017, se adopten las medidas necesarias para que se evite suscribir convenios con entes públicos al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, girando las instrucciones pertinentes al personal bajo su cargo para que se evite realizar pagos bajo esta figura jurídica”, dice el citado oficio.

Sin embargo, el oficio está fechado luego de que la ASF detectó irregularidades por 1.747 millones de pesos, por presuntos desvíos superiores a debido al uso de este mecanismo.

La acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Rosario Robles detalla que como titular de la Sedatu fueron entregados contratos millonarios a universidades y televisoras públicas para realizar servicios.

Hace unas semanas un tribunal federal negó el amparo a Rosario Robles para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le retirara el bloqueo de sus cuentas bancarias.

La UIF informó que la ex secretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto permanecerá en “Lista de Personas Bloqueadas”, por lo cual, no podrá realizar cualquier acto u operación dentro del sistema financiero nacional.

“La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió la notificación del primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, donde se confirma la sentencia de amparo que negó el amparo y protección a Rosario “N”, contra el bloqueo de cuentas que realizó la UIF por operaciones financieras vinculadas a la ‘estafa maestra’”, comunicó la dependencia encabezada por Santiago Nieto Castillo.

Está acusada por su omisión ante el desvío de más de 5,073 millones de pesos durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio Enrique Peña Nieto. Al esquema de otorgar contratos a universidades públicas que, a su vez subcontrataron a empresas fantasma para llevar a cabo diversas obras y servicios de programas sociales, se le conoce como “Estafa Maestra”.

Rosario Robles ha negado las imputaciones que pesan en su contra y está presa porque la Fiscalía General de la República (FGR) ha argumentado que, de seguir su proceso en libertad, podría sustraerse de la justicia.

Fue arrestada el 13 de agosto del 2019, con lo cual lleva más de un año privada de su libertad, en tanto se amplían las investigaciones. Unos cinco días antes de aquella detención, había acudido a comparecer por voluntad, pues dijo que no tenía nada qué esconder y prepararía su defensa.

El pasado 26 de agosto, la FGR solicitó una pena de 21 años contra la ex secretaria de Estado por el desvío de recursos en que presuntamente, participó.

Los cargos en su contra están en la fracción III del artículo 214 del Código Penal Federal, pero no ameritan prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el 12 de agosto pasado, Felipe Delgadillo Padierna, sobrino de la senadora Dolores Padierna, la vinculó a proceso y justificó el arresto de prevención por riesgo de fuga.

Entre amparos y cartas al presidente de México, Rosario Robles habría sido tentada por la FGR a utilizar el llamado criterio de oportunidad con el objetivo de brindar información cobre actos corruptos de otros funcionarios mexicanos.

Sin embargo, Robles aseguró que “no tenía a quién entregar”, además de haberse dado a conocer, a través de sus abogados, que para que dicha propuesta funcionara, la Fiscalía tendría que haber presentado una propuesta formal para que la revisara y pasara a la funcionaria.

La defensa de la ex funcionaria solicitó el llamado a declarar a una de las probables víctimas. Una pieza clave sería David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que presentó, en primer lugar, la denuncia por supuesto ejercicio indebido del ejercicio público a través del organismo técnico de la Cámara de Diputados. Su intervención para explicar con minuciosidad, las observaciones a Sedesol y Sedatu, cuando Robles era titular, serían estratégicas para demostrar que no hay responsabilidad sobre ella.

También incluyó a Emilio Zebadúa, su ex oficial mayor, así como a otros 13 testigos para un total de 15 personas. La audiencia intermedia para su comparecencia fue programada para el próximo 26 de octubre. Ahí, la FGR formulará la solicitud por hasta 21 años de prisión. Mientras tanto, sigue recluida en el Reclusorio Preventivo Sur.

Cuando estalló el escándalo por la “Estafa Maestra”, Peña Nieto la respaldó y le comentó que no se preocupara. Lejos y vacías quedaron las palabras de aquel 19 de abril del 2013 pronunciadas en Zinacantán, Chiapas.

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