“Fue el Estado”: Tlatlaya confirma una vez más que el Ejército se mantiene intocable a través de los sexenios

En las últimas semanas, el papel de los militares en el país ha atraído los reflectores; entre la decisión del presidente López Obrador de sacarlos a las calles para resguardar la seguridad –medida que muchos han considerado como una militarización de las calles– hasta la detención del que fuera el secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio pasado del priísta Enrique Peña Nieto (2008-2012), Salvador Cienfuegos.

Y entre todo esto, es bastante llamativo el que pareciera ser el común denominador del Ejército, sin importar el partido o la persona que está en el gobierno: se trata de una institución prácticamente intocable. La última referencia de este punto es el llamado Caso Tlatlaya.

La madrugada del 30 de junio de 2014 –durante la administración pasada, con Cienfuegos a la cabeza de la Sedena– un convoy de ocho militares del 102 Batallón de Infantería se enfrentó a grupo de civiles armados en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. El saldo fue de 22 civiles muertos. El Ejército ha sostenido que se trató de un enfrentamiento. Las indagaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), determinaron que se trató de ejecuciones extrajudiciales. La primera dijo que al menos fueron ocho; la segunda ubicó entre 12 y 15 muertes de ese tipo.

Hasta el día de hoy ninguno de los militares implicados en el caso ha sido procesado.

El caso Tlataya, de hecho, fue cerrado ya, a principios de este mes de octubre. Esto pese a que –de acuerdo con información del diario El País– se tenían indicios y elementos para avanzar con las indagaciones y por fin adjudicar responsabilidades.

Y es que el pasado 29 de septiembre, abogados civiles del Centro Miguel Agustín Pro lograron entrevistar por fin –luego de seis años– a militares de alto rango que están involucrados en los hechos ocurridos en el Estado de México. Entonces, uno de ellos, el general José Luis Sánchez León, encargado del Ejército en la zona sur del país, no solamente supo de lo que había ocurrido en Tlatlaya desde las primeras horas del 30 de junio de 2014 –contrario a lo que declaraba de que estaba de vacaciones cuando ocurrió el ataque y solo se enteró de lo que los medios iban reportando– sino que estuvo ahí, en la zona de los hechos.

Cabe hacer bastante hincapié en que la presencia de Sánchez León ahí en Tlatlaya –que hasta ahora era desconocida– da un giro radical a la investigación del caso, sin duda poniendo la balanza en contra de la parte militar.

Entonces resulta curioso que, pese a tener ya estos argumentos, tres días después la Fiscalía se apuró a cerrar el caso, argumentando que no había indicios para ejercer acción penal en contra de ninguno de los señalados. Un revés para los abogados de las víctimas, directas e indirectas, de Tlatlaya, mismos que ya anunciaron que recurrirán el cierre del caso.

Esta nueva información de lo ocurrido en Tlatlaya en 2014 refuerza un hecho que, con la detención del pasado 15 de octubre del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, ya estaba a la vista: la desmedida protección que el Ejército tuvo durante el sexenio pasado y la impunidad en la que prácticamente podían manejarse, sin responder por ningún acto que cometieran fuera de la ley.

Y, a su vez, deja entrever otro aspecto llamativo de la actual administración, totalmente contraria a la anterior: podrá haber cambiado el tinte político en el gobierno, pero el Ejército sigue siendo intocable –si no cómo se explica que la FGR, en lugar de ahondar en las nuevas declaraciones de Tlatlaya, se apuró a cerrar el caso–.

No solo es una institución que sigue protegida, sino que el presidente López Obrador no ha reparado en disimular la importancia y prioridad que tiene para su Cuarta Transformación.

Diversos analistas han puesto el foco rojo sobre esa predilección. Por ejemplo, el escritor Ricardo Raphael, quien a finales de agosto pasado escribía en The Washington Post:

“Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urge al poder Legislativo para que le retiren el fuero, los integrantes de las Fuerzas Armadas gozan de una impunidad máxima. Todo está dispuesto para inhibir la acción de la justicia cuando las fuerzas federales dedicadas a la seguridad pública violan la ley”.

Otro ejemplo más deriva de una investigación reciente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que revelaba que mientras al menos 109 fideicomisos –de ciencia, tecnología, cultura, protección de derechos humanos, cuidado del medio ambiente– son eliminados en el país, los recursos de los fideicomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional registraron un crecimiento del 1,048% entre el tercer y el cuarto trimestre del 2019.

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