Tlatlaya: un militar de alto rango aceptó que supo de la masacre horas después de que ocurrió y acudió al lugar

El 30 de junio de 2014 sucedió el caso Tlatlaya, el cual se convirtió en un escándalo, pues se trató de ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados en ese municipio del Estado de México. Después de seis años, abogados civiles lograron interrogar a militares de alto rango vinculados a este hecho, pero tras dar sus declaraciones, la Fiscalía General de la República dio por terminado el proceso.

De acuerdo con información dada a conocer por el diario El País, los interrogatorios se llevaron a cabo el 29 de septiembre en las instalaciones del Ejército Mexicano en la capital del país. Asimismo, el medio detalló que tuvo acceso a algunas de las declaraciones que dio el general José Luis Sánchez León, encargado del Ejército en el sur del Estado de México, quien declaró tener conocimiento de lo ocurrido desde las primeras horas de aquel día.

Sin embargo, esta nueva versión contrasta con los dichos que había hecho el general en el pasado, pues con anterioridad mencionó que ese día se encontraba de vacaciones y la única manera de la que se enteró de eso fue a través de partes informativos. Además, reconoció haber estado en el lugar de los hechos ese mismo 30 de junio. Antes de esta declaración, se desconocía su presencia en el sitio.

Sin embargo, esta información es de suma relevancia en el caso, pues abre preguntas respecto a las decisiones que tomó o dejo de tomar después de tener conocimiento de lo que había sucedido, aunado al hecho de que existían acusaciones de la Fiscalía en contra de los soldados por haber alterado la escena del crimen.

Por otra parte, el comandante del cuartel al que pertenecían los soldados implicados, el general Raúl Castro, también se encuentra en una situación similar a la de Sánchez León, pues llegó al lugar de los hechos a las 7:30 horas. Hasta antes de estas declaraciones no se sabía la hora en la que él había arribado.

Respecto a la relevancia de este asunto, los abogados destacaron que, según la versión de testigos asentada en la “recomendación 21/2014 de la CNDH, se privó arbitrariamente de la vida a personas ‘cuando ya había luz del día’, es decir, cuando el general Sánchez León ya tenía conocimiento de lo ocurrido”.

Otro elemento importante de los interrogatorios está relacionado con la orden bajo la cual actuaron los militares, pues esta decía que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva y el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

No obstante, en declaraciones anteriores sin presencia de abogados civiles, Sánchez y Castro defendieron que tenía un error de redacción, ya que debía decir “abatir los índices delincuenciales”. A pesar de ello, el segundo comandante de batallón que firmó la orden, Sandro Díaz, y el cabo oficinista que la elaboró, Daniel Marín, señalaron que el documento se había copiado de un “machote, un borrador”.

Los abogados cuestionaron a Marín sobre si había usado antes ese borrador y el contestó: “Supongo que sí”, lo cual coincidiría con la declaración de Díaz al Agente del Ministerio Público, en la cual mostró diversas órdenes con la misma redacción, aunque estas no se integraron al expediente.

A pesar de las dudas que han proliferado en torno a la cantidad de veces, las circunstancias o las regiones en que se ha usado esa orden, el Ejército no ha informado nada.

Cabe mencionar que tanto Sánchez León, como Castro ascendieron en sus cargos durante el periodo en que Salvador Cienfuegos, actualmente preso en Estados Unidos a la espera de un juicio por narcotráfico, fue secretario de la Defensa Nacional.

La madrugada del 30 de junio de 2014, un convoy de ocho militares del 102 Batallón de Infantería se enfrentó con un grupo de civiles armados. La versión del Ejército fue decir que se había tratado de un enfrentamiento, pero las pesquisas de la Fiscalía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), determinaron que los militares habían ejecutado a algunos de los civiles.

Durante este suceso murieron 22 personas, todos ellos civiles.De acuerdo con el conteo que llevó a cabo la Fiscalía, los militares asesinaron a ocho después de que se llevara a cabo el tiroteo inicial, pero la CNDH elevó la cifra a entre 12 y 15. Hasta ahora ninguno de los militares implicados de manera directa o indirecta ha sido procesado.

Los abogados civiles que se encuentran trabajando en este caso han mencionado que muchos cuestionamientos continúan abiertos en este caso. También acusaron que una de las partes responsables es la Fiscalía, pues permitió liberar las acusaciones contra los soldados vinculados con las ejecuciones de manera directa, además de cerrar la investigación sin desentrañar la cadena de mando.

La otra de las partes que denuncian los litigantes es la propia Secretaría de la Defensa Nacional, pues no ha permitido que se divulgue información puntual sobre los días anteriores a las ejecuciones, así como las horas posteriores. Por ello, recurrirían a un amparo para obtener esos datos.

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