Este miércoles 21 de octubre se desincorpora el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 6, “Sureste”, ubicado en Huimanguillo, Tabasco, del Sistema Penitenciario Federal. Ahí permanecía preso Mario Aburto Martínez, el asesino material del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994.
La decisión se realizó por un acuerdo de Alfonso Durazo Montaño, todavía titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunciado en el Diario Oficial de la Federación (DOF): la medida entrará en vigor a partir de hoy, reportó Excélsior.
Dentro del acuerdo se indicó que las personas privadas de la libertad (PPL) que permanecen internas en el Cefereso 6 serán trasladadas a otros penales federales, determinados por el Comisionado del organismo; además de que Prevención y Readaptación Social levará a cabo todas las acciones tendientes a la clausura del penal.
Por su parte, para los trabajadores adscritos laboralmente al centro también conocido como “Sureste”, indicó el acuerdo, sus derechos serán respetados conforme a la ley. El Comisionado también será el encargado de determinar su reubicación a otros penales federales, y la decisión se tomará conforme a las necesidades del servicio.
Los artículos transitorios del acuerdo de Durazo Montaño informan que todos los procedimientos, procesos, y trámites a cargo del Cefereso número 6 que estén pendientes de una resolución continuarán su proceso de acuerdo con la autoridad penitenciaria correspondiente.
El Centro Federal de Readaptación Social está ubicado en el municipio tabasqueño de Huimanguillo: en la carretera estatal Malpaso, a la altura del kilómetro 1.5, en la comunidad Los Naranjos, Estación Chontalpa.
Al penal fue trasladado Aburto Martínez, asesino material del ex candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, el 6 de julio del 2012, después de haber residido en el Cefereso 1, “Altiplano”, en el Estado de México, y el Cefereso 2, en Puente Grande, Jalisco.
El convicto, de 50 años de edad, es originario de Michoacán, y se mantiene cumpliendo una condena de 49 años de prisión por el asesinato del político, cometido la tarde del 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
No es la primera desincorporación que ocurre recientemente: el pasado 28 de septiembre inició la clausura del Cefereso 2, “Occidente”, ubicado en Puente Grande, Jalisco, también por un acuerdo de Durazo Montaño, secretario de la SSPC.
Según un proyecto de desincorporación de penales federales, informó Excélsior, hasta el momento han cerrado los Ceferesos de Islas Marías, el 2 “Occidente”, el 10 “Nor-Noroeste”, ubicado en Coahuila, el 3 “Noroeste” de Matamoros, Tamaulipas, y ahora el “Sureste” de Huimanguillo.
La SSPC indicó que las medidas implementadas han representado un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos, sin perder capacidad para la atención de las PPL.
El Sistema Penitenciario Federal contaba con el espacio de 38,140 lugares en sus cárceles y registraba una población de 17,800 internos en el 2018. Mientras tanto, este año se reportan 29,687 espacios para una población de 16,600 personas.
En abril de este año falleció a los 54 años de un paro cardiaco Othón Cortez Vázquez, quien fue acusado de haber formado parte del complot en el homicidio de Colosio.
Othón murió por complicaciones de salud, ya que padecía diabetes, incluso el año pasado cayó en coma diabético. Era chofer de Colosio, y el 23 de marzo de 1994, lo acompañó en Lomas Taurinas, Tijuana, donde asesinaron al político priista.
En enero de 1995 fue detenido tras ser acusado por un supuesto testigo de ser uno de los asesinos de Colosio, por lo que permaneció recluido dos años en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, hoy el Altiplano, luego fue absuelto por un magistrado.
En ese entonces, Othón acusó a Pablo Chapa Bezanilla, quien era fiscal del caso Colosio, de someterlo a torturas para que se declarara culpable.
Cortez Vázquez fue injustamente detenido y torturado por la entonces Procuraduría General de la República, acusado de ser uno de los tiradores en el asesinato de Colosio. Gran parte de su enfermedad renal y diabetes se debe a esa detención y tortura previamente mencionadas.
Aracely Geraldo Núñez, diputada del Congreso de Baja California, dio a conocer la noticia de la muerte de Othón.
“Hoy se nos adelantó un gran hombre quien fue víctima de un sistema fallido, fue encarcelando injustamente por el caso Colosio, un hombre íntegro, lleno de bondad y amor por su familia y sus amigos, que fue el motor de su vida y que lo hizo luchar hasta el último instante de su vida porque le reconocieran su inocencia, le destrozaron la vida y su salud mermó”, escribió la diputada estatal en su cuenta de Facebook.
Apenas en marzo del año pasado, cuando se cumplió el 25 aniversario del asesinato de Colosio, Cortez Vázquez anunció que interpondría una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por los actos de los que fue víctima durante su detención.
“No ha existido una disculpa, tengo 24 años desde que salí de prisión, que estoy peleando la reparación del daño, estoy peleando un perdón público, que se me haga justicia y se me pague lo que se me hizo”, declaró en una entrevista que concedió entonces a El Sol de Tijuana.
Cortez Vázquez vivía en Tijuana, Baja California, muy cerca de Lomas Taurinas, lugar que le cambió la vida por completo el 23 de marzo de 1994 cuando el entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado.
Mario Aburto Martínez fue detenido como el principal responsable del homicidio, posteriormente Cortez fue señalado de ser el “segundo tirador” el caso.
Pablo Chapa Bezanilla, fiscal especial del caso Colosio, fue quien acusó a Othón Cortés de ser coautor material del asesinato de Colosio. Chapa Bezanilla sostenía su acusación contra Cortez Vázquez con el testimonio de tres testigos que afirmaron haberlo visto con un arma apuntando al costado izquierdo de Colosio, y uno de ellos incluso lo vio disparar.
MÁS SOBRE OTROS TEMAS: