Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, aseguró que el Estado mexicano está obligado a atender los distintos beneficiarios de los 109 fideicomisos que desaparecerán.
Así lo dijo el doctor en Derecho Constitucional, la tarde de este miércoles 21 de octubre, cuando se refirió a la aprobación por parte de los senadores respecto a la extinción de los fideicomisos públicos con la finalidad de que el erario nacional capte 68,000 millones de pesos.
“Van a seguir atendiendo a científicos, académicos, a cineastas, a deportistas, a defensores de derechos humanos, a niños; todos los que se venían beneficiando con los fideicomisos”, aseguró; sin embargo, puntualizó que el mecanismo va a ser distinto, pues ahora la asignación de recursos será por parte de la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Asimismo, el legislador federal estimó que esta medida conlleva dos grandes beneficios, uno cuantitativo y otro cualitativo.
Las ventajas cuantitativas es que no se erogará en gastos de administración, cantidades extraordinarias de hasta el 30% anual de los recursos de estos fideicomisos. Y, las ventajas cualitativas tienen que ver con que habrá en adelante del gasto público, transparencia y rendición de cuentas. Se eliminará la opacidad al extinguir los fideicomisos
Monreal Ávila descartó que, a pesar de que los recursos captados sean dirigidos al sector salud, los beneficiarios se queden desprovistos de insumos para continuar con sus actividades.
“Confío en la palabra del presidente de la república, quien afirmó y dijo que nadie de los beneficiarios, que en este momento lo son por los fideicomisos, se quedará sin ese apoyo. Y, yo le creo al Presidente”, aseguró.
La extinción de los fideicomisos públicos, desde que fue planteada por el ejecutivo federal, fue severamente criticada, pues la presencia de éstos implicaba la cobertura de un servicio, derecho, financiamiento o solución a un grupo desprotegido o necesitado.
Ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se eliminarían porque existían presuntos señalamientos de defraudación, los militantes de los partidos de la llamada oposición salieron a defender la permanencia de los fideicomisos.
Tal fue el caso de Enrique Ochoa Reza, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien defendió la permanencia del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
“El Fonden es un fondo, un fideicomiso indispensable para atender desastres naturales y somos un país que, lamentablemente, año tras año atiende desastres naturales que rebasan la realidad de presupuesto que se pueda hacer año tras años, por eso se requiere un mecanismo de presupuesto multianual para poderlos atender”, expresó el secretario de la Comisión de Energía en el Palacio de San Lázaro.
Por el otro lado, existen quienes confirman la versión del jefe del ejecutivo federal. En este sentido, Haydeé Pérez, directora de Fundar, señaló que existe opacidad en los fideicomisos públicos, pues no existe modo de conocer a detalle el funcionamiento de cada uno de ellos.
En su presentación Fideicomisos en México, Arte de desaparecer Dinero Público, la organización de la sociedad civil señala distintos datos que cobran relevancia pues explican la mala administración de recursos públicos en los fideicomisos.
El Fundar explica que en 2017, durante el sexenio del abanderado del PRI, Enrique Peña Nieto, hubo un sobre ejercicio del 600%, donde la mayor parte de eso se usaba para el patrimonio de otros fideicomisos públicos y fideicomisos constituidos por los gobiernos de los estados o instituciones privadas.
Asimismo, Pérez Garrido retoma algunos señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde los hallazgos señalan seis puntos para considerar en cuanto a su operatividad, costo y eficiencia para solucionar sus propósitos.
1.- Los fideicomisos pueden representan riesgos para la rendición de cuentas debido a las prácticas que existen en los distintos marcos normativos.
2.- El desconocimiento del impacto financiero de los fideicomisos da lugar a la opacidad.
3.- Muchos fideicomisos toman decisiones a través de miembros que no siempre son funcionarios públicos, lo que genera espacio para la discrecionalidad.
4.- Los datos relacionados con las operaciones de fideicomisos son insuficientes para una efectiva fiscalización.
5.- No se reportan evidencias de que los fideicomisos cumplen con sus fines.
6.- Se detectan irregularidades en los procesos de contratación en fideicomisos.
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