La Cámara de Diputados aprobó este viernes 16 de octubre por consenso, en lo general y particular, con 351 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen que establece sanciones administrativas graves a los servidores públicos que realicen actos de hostigamiento y acoso sexual.
De acuerdo con las y los legisladores, aquellos quienes valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión lleven acabo dichos actos, podrían obtener castigos ejemplares, de acuerdo con el comunicado oficial.
Con la adición de la fracción XIV al artículo 7 y de los artículos 64 Ter y 64 Quater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se estableció la obligación para los servidores públicos de promover, respetar, proteger y garantizar el acceso a todas las mujeres a una vida libre de violencia.
Lo anterior, de conformidad con la Constitución, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los tratados internacionales en la materia de los que México es parte.
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la diputada Beatriz Rojas Martínez del Movimiento Regeneración Nacional, señaló que el documento hace evidente la necesidad de atender urgentemente la problemática sobre la violencia de género contra las mujeres.
Las reformas, aseguró, responden a un panorama de violencia de género que alcanza a las instituciones públicas. Mencionó, por otra parte, que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, el 48 por ciento de los presuntos culpables se encuentran laborando actualmente; hay carpetas abiertas contra 358 funcionarios públicos.
El Estado, expuso, tiene el reto de reforzar su estrategia de seguridad pública, así como enfrentar los altos niveles de inseguridad y violencia que afectan a las mujeres y niñas, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política y en cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La diputada María Ester Alonzo Morales del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que el dictamen responde a las demandas de la sociedad contra el acoso y hostigamiento sexual a las mujeres; en México, cuatro de cada 10 mujeres son víctimas de hostigamiento, acoso, abuso sexual o violación; en lo que va de 2020 hay más de dos mil 500 carpetas de investigación por violencia de género, 24 mil por abuso sexual, 4 mil 500 por acoso y mil 500 por hostigamiento.
Por último, la diputada María Bertha Espinoza Segura de Morena, mencionó que dichas conductas impactan en el desempeño profesional de las mujeres y violentan sus derechos. Y declaró, además, que son insuficientes los mecanismos para inhibir acciones misóginas; por ello, hay que evitar que los servidores públicos hostiguen o acosen porque serían responsables de faltas administrativas graves, aseveró.
En fechas recientes, los legisladores del Estado de México dieron un paso a través del combate a la violencia política de género, pues avalaron, por unanimidad, un paquete de seis propuestas que tienen entre sus objetivos el garantizar la paridad de género, así como fortalecer la defensa de los derechos político-electorales de las mexiquenses.
Con lo anterior, se modifican y adicionan la Constitución Política, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Electoral, todas del Estado de México.
Uno de los cambios más significativos fue el de restringir las candidaturas y los cargos públicos a quienes presenten antecedentes de sentencia ejecutoriada por violencia política contra las mujeres, por ser deudores alimentarios, por violencia familiar, de género, así como delitos contra la libertad sexual.
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