La Alianza Federalista, integrada por los gobernadores de 10 estados, manifestó su oposición contra la extinción de los recursos de 109 fideicomisos públicos y explicó que si se tiene sospecha de corrupción, que se proceda conforme a derecho y se investigue.
La tarde de este martes, los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, y Tamaulipas suscribieron un comunicado oficial que lo implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Arturo Herrera, de recoger el dinero de los fideicomisos no atiende al Estado de derecho.
“La legislación vigente sólo prevé la extinción de fideicomisos cuando éstos se constituyan en fraude a terceros, pero no existe sanción alguna, sea de tipo administrativo o penal, que castigue con la extinción de un fideicomiso conductas tipificadas que pudieran ser consideradas como corruptas, como tampoco existe el tipo penal de corrupción”, señala el documento.
En ese sentido, lo gobernadores Martín Orozco Sandoval, Enrique Alfaro Ramírez, Jaime Rodríguez Calderón, Francisco García Cabeza de Vaca, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Miguel Ángel Riquelme Solís, Silvano Aureoles Conejo, José Ignacio Peralta, Javier Corral Jurado y José Rosas Aispuro coincidieron que sería “desproporcionado” extinguir los fideicomisos de tajo, pues lo que debe de ocurrir es que se comprueben los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en tanto que en numerosas conferencias matutinas ha referido que existen casos de corrupción en la dispersión de recursos de los fideicomisos.
“En todo caso, la mayoría de los fideicomisos bajo asechanza son responsabilidad de la rectoría del gobierno federal desde diciembre del 2018 y, de existir conductas punibles, la acción legal no le es optativa, sino obligada”, señala el texto.
Asimismo, refirieron que, ante las acusaciones de AMLO de desviación de recursos, ellos no solaparán acto alguno de corrupción, pero que sí defenderán el debido proceso ante la extinción de los insumos cuya finalidad es atender, financiar y fomentar actividades correspondientes al Estado.
“La Alianza Federalista categóricamente niega defender la corrupción que pudiera presentarse en cualquier fideicomiso y que, de haberla, debe ser acreditada bajo el debido proceso de ley”, aseguró.
Finalmente, la alianza estimó que habrán grandes afectaciones en la operatividad del Estado y exhortaron al poder legislativo a negarse a los deseos del presidente.
“¿Qué consecuencias y responsabilidades derivarán cuando finalmente se extingan en los hechos y conforme a derecho los fideicomisos, y sus bienes y derechos no existan más para ser transmitidos por haber sido ‘recogidos’ por mandato de un cuestionable artículo transitorio?”, plantea el texto.
Contrastantemente, Haydeé Pérez, directora de Fundar, señaló que existe opacidad en los fideicomisos públicos, pues no existe modo de conocer a detalle el funcionamiento de cada uno de ellos.
Lo destinado a los fideicomisos suman 835,000 millones de pesos, lo que equivale al 13.7% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2020 o al 3.3% del Producto Interno Bruto del 2019; sin embargo no existe la forma de saber de cómo se gasta este dinero.
El Fundar explica que en 2017, durante el sexenio del abanderado del PRI, Enrique Peña Nieto, hubo un sobre ejercicio del 600% en los fideicomisos, donde la mayor parte de eso se usaba para el patrimonio de otros fideicomisos públicos y fideicomisos constituidos por los gobiernos de los estados o instituciones privadas.
Por último, el 93% de los recursos de fideicomisos no cuentan con control de vigilancia. Este porcentaje equivale a 905,000 millones de pesos (15% del PEF 2019).
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