Las compras hechas por el gobierno a través de adjudicaciones directas, alcanzaron su nivel más alto del año el pasado mes de septiembre. Además esa modalidad de adquisición por parte del erario pinta para volver a establecer récord este 2020, con un 79.3% de los contratos adjudicados de esa manera.
Así lo reveló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que destacan que, debido a que precisamente las compras realizadas por parte del gobierno es una área propensa prácticas de corrupción e impunidad, sobretodo en lo referente a las adjudicaciones directas, que han arrastrado una larga fila de abusos.
Los datos en los que el análisis está basado son de la plataforma COMPRANET, de tinte oficial. Ahí queda demostrado que en los primeros nueve meses de 2020 la Administración Pública Federal ha realizado 104,999 contratos por un total de 333,910 millones de pesos (mdp).
De ese total, 83,261 han sido dados por medio de la adjudicación directa, un 79.3% del total de todos los contratos. En los casos de licitación pública, mismo que MCCI recuerda que debería ser el método más usado según lo establece la Constitución, apenas ha sido requerido para 12,501 contratos, es decir, el 11.9% de estos.
La organización hace hincapié también en los montos totales adjudicados. Y es que señalan que, pese a la gran diferencia entre el porcentaje de contratos, la licitación pública y la adjudicación directa casi cuentan con el mismo número de recursos destinados. En la primera modalidad se otorgaron 145,841 millones de pesos, 43.7% del total del presupuesto utilizado. Mientras que la segunda práctica, ha entregado hasta 129,149 mdp, un 38.7%.
Lo preocupante de las cifras de montos es, subraya MCCI, que se tiene que en cada una de las adjudicaciones directas se entregaron montos mucho más chicos –1.5 millones de pesos en promedio– que en cada licitación pública –11.6 mdp en promedio–. Eso hace que sea más difícil que sean percibidas por la vigilancia de los ciudadanos.
Consecuencia de ello, señalan: hasta 13 contratos del gobierno se entregaron a empresas que en 2019 aparecieron en las listas de compañías fantasmas del Servicio de Administración Tributaria. De hecho todos fueron firmados –detallan– con la empresa Limpieza y Mantenimiento Xielsa SA de CV, que fue señalada como presunta empresa fantasma desde noviembre de 2019 y que fue confirmada de manera definitiva en el Diario Oficial de la Federación del 29 de junio de 2020.
Mientras que las dependencias que firmaron tales compras fueron la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; Diconsa y el Fideicomiso de Formación; y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (ese fideicomiso, recuerdan, no está en peligro de desaparecer).
MCCI también contrasta las cifras actuales con las de otros años, donde distinguen una evidente tendencia al alza, misma que llevaría a 2020 a ser el año con más contros adjudicados de manera directa en toda la década. La marca que rebasaría fue del año pasado –también con la actual administració– cuan el porcentaje de contratos en esa modalidad fue del 78.1%.
“Estos resultados contrastan de manera significativa con el discurso oficial que enarbola el cambio y la transformación como banderas, pues más que un rompimiento, las compras del gobierno presentan una continuidad preocupante con el pasado. Además, como hemos señalado de manera reiterada en pasadas revisiones, continuar señalando el uso y abuso de las adjudicaciones directas no sólo se debe a que las leyes expresan que éste debería ser un mecanismo excepcional, sino que este gobierno se comprometió formalmente, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a prohibirlas, promesa que sabemos difícil de cumplir a cabalidad, pero que, con los resultados actuales, queda claro que ni siquiera pretende ser atendida”, advierte Méxicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
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