Entre 2012 y 2017, Nunvav Inc obtuvo nueve contratos por USD 390 millones, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al aclarar el adeudo actual con la empresa investigada por, presuntamente, servir a la triangulación de 2,678 millones de pesos y USD 74,000,000 para favorecer al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.
Los fondos para tales contratos provinieron de la partida de Seguridad Pública y Nacional, detalló la SHCP. También agregó que un décimo contrato con la empresa fue celebrado por 270,000,000 millones de pesos a través del presupuesto tradicional.
En diciembre del año pasado, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que Nunvav Inc había servido para la triangulación de recursos mediante transferencias a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos.
El 24 de ese mes, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pues supuestamente, el dinero habría pagado el estilo de vida de García Luna en Miami, donde vivía en una mansión que compró en poco más de USD 3,000,000, así como su lujoso estilo de vida que mantenía junto a su familia tras dejar su cargo público en 2012.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, reveló esta mañana que su gobierno está exigido a pagar un contrato con Nunvav Inc, presuntamente firmado dos días antes de terminar el gobierno de Felipe Calderón, en diciembre de 2012. Este habría sido para capacitar funcionarios y de aquel servicio quedaban por pagar casi USD 6,000,000.
“Existe un contrato por un total de 19 millones 848 mil dólares, con una vigencia anual entre el 27 de julio de 2012 y el 27 de julio de 2013, que presenta adeudos vigentes de pago por 5 millones 954 mil 400 dólares, 30% del monto total del contrato. El objeto del contrato se estableció para: suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión para el Centro Federal de Readaptación Federal, CPS 12 Guanajuato”, precisó la dependencia encabezada por Arturo Herrera.
De acuerdo con la información presentada por la SHCP, el 50% del contrato, USD 9,924,000 fueron pagados a la firma del contrato; un 20% más, correspondiente a la contra entrega de equipos, también fue saldado por un monto de USD 3,969,600.
Sin embargo, el 10%, que son USD 1,984,800, se mantienen en adeudo y estaban previstos contra la entrega exitosa de los servicios de instalación. Aunado a esto se deben USD 3,969,600 contemplados para cuando fuera la liberación del sistema, se pusiera en marcha y terminara la capacitación. Lo anterior suma el 30% adeudado con USD 5,954,400.
La SHCP revisó el contrato anterior, resguardado por la Dirección de Programación y Presupuesto de la Dirección General de Administración (DGA) del área de Prevención y Readaptación Social (RPS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
A raíz de ello encontró “potenciales irregularidades en la administración del contrato y procedimientos de pago”.
Por un lado, que en la DGA no hay evidencia de los trabajos realizados y que ya fueron pagados a Nunvav Inc. Segundo, que en el contrato y su anexo técnico no se especifican los componentes del sistema integral ni los alcances de las capacitaciones técnicas y operativas.
También se encontró una minuta incompleta donde se exponen razones que impidieron concluir los trabajos durante la vigencia del contrato, pero no existe un convenio modificatorio, por ejemplo, estipulaciones para cumplir con lo pactado.
“Como apoyo de la factura que se adeuda por 5 millones 954 mil 400 dólares, de fecha 15 de octubre de 2019, el proveedor anexa como soporte documental, la capacitación proporcionada el 28 de noviembre de 2019, con duración de una hora y treinta y siete minutos, a tres participantes que no laboran ni han laborado en la PRS”, aseveró la dependencia.
Sobre ese punto fue que el presidente López Obrador manifestó su inconformidad y atribuyó el total de la deuda a ese servicio. Ahora la SHCP aclara que fue una parte y no todo el objeto del contrato, además, señaló que las tres personas “capacitadas”, ni si quiera trabajaron ni trabajan en Prevención y Readaptación Social.
Por último, el comunicado refiere que no existe evidencia documental de la liberación del sistema ni su puesta en marcha. Y añadió que tanto la FGR como la Secretaría de la Función Pública revisan la información de diversos contratos celebrados con Nunvav Inc.
Santiago Nieto dijo que la empresa fue constituida en Panamá en 2011, sin embargo, investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontraron que la fecha de conformación fue en octubre de 2005. Natan Wancier aparecía como presidente en aquel entonces, este último, socio de Alexis Weinberg, el dueño de la casa que García Luna ocupó en Miami luego de terminar su encargo en el gobierno calderonista.
El ex secretario fue arrestado en Texas el 19 de diciembre de 2019; está acusado de tres cargos por tráfico de cocaína, uno por empresa criminal continua y otro más por falsedad de declaraciones. Durante 19 años, desde el 2001, habría favorecido al Cártel de Sinaloa mediante sus puestos públicos en el área de Seguridad.
Para el 16 de enero pasado, MCCI reveló que María Vanesa Pedraza Madrid, quien colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública entre 2001 y 2012, fue nombrada apoderada de Nunvav el 7 de octubre de 2019 en una asamblea extraordinaria de accionistas. Esto sucedió un par de meses antes de que arrestaran a García Luna.
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