Senadores del PAN buscan defender fideicomisos públicos de la mano de los afectados

Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), en conjunto con otros senadores de oposición busca frenar la extinción de 109 fideicomisos públicos.

Durante la tarde de este martes 13 de octubre se reunió con representantes de Artículo 19 y de la industria cinematográfica nacional para plantear que buscará en el Senado revisar a detalle qué fideicomisos deben de conservarse.

Durante la reunión, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, conminó a sus colegas legisladores a la reflexión y el análisis, pues este tema, a su criterio, se debe de tejer más fino, ya que la desaparición de tajo tendría repercusiones en distintos segmentos de la población.

“Por nuestra parte, les diré que hemos trabajado de manera global, absolutamente coordinados y, por supuesto, hagámoslo juntos. Visibilicemos este tema juntos. Si conseguimos la sensatez de 15 senadores más, probablemente estaremos en condiciones de analizar fideicomiso por fideicomiso”, pidió la maestra en Gobierno y Políticas Públicas.

Por su cuenta, Polo Maldonado, de Artículo 19 explicó los riesgos que corren periodistas y personas que defienden los derechos humanos si se les quita el fideicomiso de la secretaría de Gobernación.

“En defensa de la libertad de expresión hemos acompañado múltiples casos de periodistas acosados, agredidos, asesinados, desaparecidos en el país y también le hemos dado seguimiento al mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos dentro del espacio OSC, que es un conglomerado de más de 10 organizaciones que estábamos en una construcción de una política pública integral. Por supuesto que esto nos cayó como balde de agua fría, por supuesto que le están dictando sentencia de muerte al mecanismo”, explicó.

También, en la parte del recorte a la cultura, el cineasta Alejandro Springall expresó que la producción del cine se está viendo amenazada por estos recortes.

“Sabemos que un país es tan grande o pequeño como su proyecto cultural […] Sentimos que se está viendo afectado, amenazado, el cine. Incluso, este sexenio, entre cineastas abrimos un diálogo para integrar a los pueblos originarios, personas afromexicanas y descentralizar, también, todo el proyecto cinematográfico”, detalló.

Este debate de ideas abona a la discusión establecida desde muchos puntos a la desaparición de los fideicomisos.

Uno de los ejemplos que salió a la luz es el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien exhortó al poder legislativo a que aseguren los recursos económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas.

A través de un comunicado oficial, el órgano descentralizado explicó que sin las medidas necesarias, la protección y auxilio a este gremio podría quedar vulnerados ante este recorte.

“La CNDH hace un llamado urgente a los legisladores del H. Congreso de la Unión, para que aseguren los recursos económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, ya que autorizar la propuesta que busca centralizar la administración de éste, sin las previsiones debidas, generaría obstáculos administrativos y burocráticos para acceder con inmediatez a los recursos para implementar medidas de protección y auxilio a las personas defensoras y periodistas que han sido víctimas de agresiones”, indicó el texto.

Contrastantemente, Haydeé Pérez, directora de Fundar, señaló que existe opacidad en los fideicomisos públicos, pues no existe modo de conocer a detalle el funcionamiento de cada uno de ellos.

En entrevista para Carmen Aristegui, Pérez Garrido aseguró que esto ya había sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Aunado a esto, aseguró que algunos de los fideicomisos se operan con discrecionalidad, no demuestran el cumplimiento de sus fines e incluso hay irregularidades en los procesos de contratación.

Como argumento, el Fundar explica que en 2017, durante el sexenio del abanderado del PRI, Enrique Peña Nieto, hubo un sobre ejercicio del 600%, donde la mayor parte de eso se usaba para el patrimonio de otros fideicomisos públicos y fideicomisos constituidos por los gobiernos de los estados o instituciones privadas sin ser transparentes en la mayor parte de sus procesos.

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