La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general y en lo específico diversas reformas que ampliarán el catálogo de delitos por los que se podrá imponer prisión preventiva oficiosa, incluidos aquellos como feminicidio, corrupción, huachicol, desaparición forzada, robo de casa habitación y uso de programas sociales con fines electorales.
Los diputados, con la mayoría de Morena, el partido en el poder, y sus aliados, impulsaron la aprobación, con 266 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, del dictamen que reforma diversos artículos de códigos y leyes en materia de prisión preventiva oficiosa.
El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados volverá al Senado antes de pasar al Poder Ejecutivo, para que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo firme y se realice su publicación en el Diario Oficial de la Federación, concluyendo el proceso legislativo.
Esto, debido a que el Pleno aceptó la propuesta de modificación en lo específico de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena) para suprimir el quinto párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En éste, se establecía que también se considerarían para prisión preventiva oficiosa, los delitos cometidos con medios violentos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.
“Con 258 votos a favor aprobamos (en lo específico) las leyes secundarias para que la corrupción, el huachicoleo y los delitos electorales, ameriten prisión preventiva. ¡No más impunidad en esta #CuartaTransformación!”, expresó Mario Delgado, coordinador de los diputados morenistas.
La propuesta incluye la posibilidad de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuando exista voluntad de las partes de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de uno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna de procedimiento, aún y cuando dicha medida haya sido impuesta.
Esta legislación responde a la reforma que fue aprobada a principios de 2019, la cual adicionó dichos delitos en el artículo 19 de la Constitución mexicana para considerarlos graves y meritorios de prisión preventiva oficiosa.
En dicha reforma constitucional se precisa que el Ministerio Público “sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad”.
“El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”, precisa la Constitución desde el año pasado.
Además, se consideran también los delitos de robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos (conocidos coloquialmente como “huachicoleo"), delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
Por último, se enlistan los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
En la discusión de las modificaciones a las respectivas leyes, la oposición criticó duramente la ampliación del catálogo de delitos incluidos en la prisión preventiva. “La prisión preventiva oficiosa es el nuevo garrote que está empleando el gobierno para perseguir a sus enemigos políticos", acusó Lenín Campos, del PRI (Partido Revolucionario Institucional).
Sin embargo, el morenista Rubén Cayetano sostuvo que la armonización que propone el dictamen “reforzará el sistema jurídico mexicano mejorando en la impartición de justicia”. “El dictamen es trascendental y necesario (…) se trata de una armonización legislativa que otorgue mayor certeza jurídica a la población mexicana y mejore el actuar de los órganos jurisdiccionales”, acentuó.
Carmen Prudencio, del opositor Movimiento Ciudadano (MC), precisó que su partido “está de acuerdo con la justicia”, pero “no en exponer los derechos de las y los mexicanos y castigar a quien presuntamente cometió algún delito sin antes confirmar su culpabilidad”.
Votaremos en contra porque el dictamen que se discute no proporciona justicia. Sin embargo, incrementa el abuso de poder
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