La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta popular que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los ciudadanos determinen si se lleva a juicio o no a los últimos cinco ex presidentes de la república.
En el caso del ex mandatario Ernesto Zedillo (1994-2000), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacan los vínculos y pruebas de su complicidad con el narcotráfico, específicamente con la organización de los hermanos Amezcua, conocidos como "los reyes de las metanfetamina”.
De acuerdo con información de Miguel Badillo, periodista de Contralínea, los gobiernos posteriores a la administración de Ernesto Zedillo (concretamente los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón) se negaron a seguir una línea de investigación que apuntaba a los vínculos de la familia del ex presidente con el Cártel de Colima, específicamente su esposa Nilda Patricia Velasco; el padre de ésta, Fernando Velasco Márquez, y los cuñados del exmandatario: Fernando y Francisco Velasco Núñez.
Los señalamientos se remontan a los años 1996 y 1997, cuando el Instituto Nacional de Combate contra las Drogas intervino los teléfonos de varios integrantes del Cártel de Colima, liderado por los hermanos Jesús, Luis y Adán Amezcua Contreras, lo que permitió a la Procuraduría General de la República (PGR) grabar miles de horas de conversaciones entre los narcotraficantes.
Después de revelar que en esas grabaciones había conversaciones de narcos con miembros de la familia política de Zedillo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue detenido y encarcelado hasta su muerte.
Mientras estuvo preso, Gutiérrez Rebollo reveló públicamente que tenía pruebas de los vínculos de los hermanos Amezcua Contreras con la familia política del presidente Zedillo, pero sus acusaciones fueron rechazadas por la PGR y por la misma Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de tener en su poder dichas grabaciones.
En un documento confidencial de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), de la PGR, denominado “Organización de los hermanos Amezcua Contreras, tráfico internacional de Efedrina”, se confirmó la relación de la esposa, cuñados y suegro del ex presidente con ese grupo de narcotraficantes que operaba en Colima, de donde es oriunda la familia política de Zedillo.
En aquel reporte confidencial de 43 páginas, hay una intervención telefónica del 2 de diciembre de 1996 –segundo año de gobierno de Ernesto Zedillo–, donde Jesús Amezcua es informado por el licenciado Constantino Tirado, otro miembro de la banda, sobre la intervención directa de Nilda Patricia Velasco de Zedillo para ayudar al cártel en un problema de posesión de tierras.
“Ya se ordenó la ejecución de la sentencia, para efectos de poder escriturar terrenos de La Providencia y que solicitaron una suspensión [...] Que mandaron a la chingada a la esposa del señor presidente de la República, pero resulta que autorizaron la suspensión, siempre y cuando se depositaran 200 mil pesos como garantía por daños y perjuicios”, le dijo Tirado a Jesús Amezcua en aquella llamada.
Este expediente que se quedó en los archivos de lo que fue la PGR y que nunca fue consignado a un juez federal, podría ser retomado ahora por el fiscal general Alejandro Gertz Manero.
A mediados de septiembre, el presidente Lopéz Obrador hizo llegar al Senado su propuesta de consulta popular y en ella expresó los motivos por los que deben ser enjuiciados los cinco últimos ex presidentes mexicanos, quienes ejercieron el poder entre 1988 y 2018, periodo de desarrollo del neoliberalismo en el país: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León, y Carlos Salinas de Gortari.
En el caso del ex mandatario Ernesto Zedillo (1994-2000), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ejército mexicano perpetró diversas masacres contra comunidades indígenas; destacan los casos de Acteal, Chiapas, donde fueron asesinados 49 tzotziles, y El Charco, Guerrero, donde fueron ejecutados 11 na savi. El pasado septiembre, el Estado mexicano, en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció su responsabilidad en el caso de Acteal y pidió perdón a los familiares de las víctimas.
Por otro lado, Zedillo es recordado por el endeudamiento que provocó el rescate bancario de 1998, procedimiento mediante el que el Estado compró la deuda de la banca privada para considerarla deuda pública a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Como consecuencia, los mexicanos poseen una deuda que no será cubierta sino hasta 2070, según indicó este año el presidente López Obrador.
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