El pasado 25 de agosto, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la “Opinión número 45/2020 relativa a Brenda Quevedo Cruz”. En ese documento, el Grupo de Trabajo documentó el caso de la detención de Quevedo Cruz el 28 de noviembre de 2007 y su permanencia en prisión preventiva.
En casi 12 años, Brenda Quevedo ha pasado por cinco centros de reclusión diferentes sin haber recibido una condena. Denunció ser víctima de tortura en dos ocasiones, la primera fue el 27 de septiembre de 2009 en el Centro de Prevención y Readaptación Social de “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México y la segunda el 7 de octubre de 2010 en el penal de las Islas Marías, cuando, además fue víctima de abuso sexual. El Gobierno mexicano no refutó esta acusación.
El Grupo de Trabajo advirtió que, “a pesar de que la Sra. Quevedo Cruz ha denunciado reiteradamente los abusos sufridos, no se ha tenido una debida diligencia en la actuación de las autoridades encargadas de la procuración de justicia y protección de los derechos humanos”.
Además, el organismo de la ONU argumentó que el trato que la detenida ha recibido es violatorio de sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Esta afirmación está fundada en el hecho de que Brenda Quevedo recibió trato de convicta en todas las instancias. Para empezar, el tiempo que ha durado la detención equivale a una condena, luego, en ningún momento ha estado separada de la población que sí está cumpliendo sentencias y, finalmente, los constantes traslados entre reclusorios fueron realizados en oposición a su derecho de ser detenida en la misma ciudad donde está siendo juzgada (la Ciudad de México).
El 5 de abril de 2006 la Procuraduría General de la República ejerció acción penal, ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal contra Brenda Quevedo Cruz y otras personas. La PGR la acusó por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, además solicitó una orden de aprehensión.
La detenida fue implicada en el caso de la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda por su madre, Isabel Miranda. De acuerdo con el libro de la periodista Guadalupe Lizárraga, El falso Caso Wallace, la fundadora de Alto al Secuestro armó el caso contra Quevedo Cruz, y el resto de los acusados, a partir de una foto del departamento de la primera acusada, Ana Hilda González Lomelí, quien declaró su culpabilidad bajo tortura. Designó a los sujetos de la fotografía como “banda de secuestradores”.
El libro también argumenta que Isabel Miranda de Wallace orquestó un caso criminal falso con el apoyo del ex presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El Grupo de Trabajo instó al Gobierno de México a tomar acciones para resolver lo antes posible la situación legal de Brenda Quevedo Cruz y reflexionó que la única solución razonable es su liberación inmediata.
Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno cumple con todas las recomendaciones de organismos internacionales. También dijo que el país está abierto al escrutinio y que no obstaculizará el trabajo libre de estos colectivos.
Sin embargo, en el documento del Grupo de Trabajo está registrado que, el 2 de abril de 2020, un año y medio después de la toma de protesta de López Obrador, la organización “transmitió las alegaciones sobre el caso al Gobierno y le solicitó que proporcione información detallada a más tardar el 1 de junio de 2020.” La administración respondió el 2 de junio, por lo que el Grupo de Trabajo sí registró la respuesta, pero no la validó como oportuna.
En la respuesta, el Gobierno de México solicitó al grupo de trabajo que no investigue el caso, porque ya está siendo observado por la Organización Interamericana de Derechos Humanos. El grupo argumentó que sus estatutos no impiden y, de hecho, incentivan el trabajo coordinado con instancias que no pertenezcan a las Naciones Unidas.
El presidente también dijo que “seguramente hay denuncias en la Fiscalía y hay que pedirles informes”. El documento dice que “el Gobierno afirma que la detención de la Sra. Quevedo Cruz se llevó a cabo de conformidad con la legislación aplicable [...], que su detención es razonable, necesaria y proporcional y que ha sido objeto de revisión judicial sin demora.”
Y, antes de iniciar un sermón sobre el autoritarismo de los sexenios anteriores, López Obrador aseguró que “el Estado tiene que reparar daños y cumplir con obligaciones internacionales”.
Al cierre del documento, el Grupo de Trabajo sobre Detención arbitraria solicita una pronta respuesta por parte del Gobierno mexicano para comunicar los avances sobre el caso.
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