El Senado mexicano rechazó este miércoles la solicitud de consulta popular realizada por el bloque de oposición para entregar apoyos económicos a personas desempleadas a causa de la pandemia de COVID-19, por lo que el asunto quedó archivado de forma definitiva y quedó concluido sin mayor futuro.
Fueron 61 votos a favor de aceptar el dictamen, 28 en contra y una abstención, en el que se declaró improcedente la petición de consulta popular en materia de otorgamiento de apoyo económico, “pues este tema involucra el ejercicio del gasto público, el cual no puede someterse a este ejercicio de participación ciudadana”.
En el dictamen se explica que la materia de la que trata la pregunta de la consulta (apoyo económico a trabajadoras y trabajadores) queda fuera de las permitidas constitucional y legalmente, ya que en el artículo 35 de la Constitución, fracción VIII, apartado 3, se establece que no podrán ser objeto de consulta popular, entre otros temas, los ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Cualquier apoyo económico que otorgue el gobierno federal implica, por necesidad, un gasto público, y por ello “no puede existir una consulta popular para preguntar a la ciudadanía, si considera procedente que el gobierno federal otorgue apoyos económicos a determinadas personas en situaciones de crisis”, indica el dictamen consultado Infobae México.
“No es procedente dicho tema porque el otorgamiento de recursos económicos implica al gasto público, con independencia, de tener que justificar el monto a otorgar, los recursos de dónde se obtendrán dichos montos, su inclusión en el presupuesto de egresos, entre otras cuestiones relacionadas con las finanzas públicas”, destacaron.
Un grupo de 43 senadores de oposición, incluidos los del PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PRD (Partido de la Revolución Democrática) y MC (Movimiento Ciudadano), presentaron la solicitud hace unas semanas.
La pregunta planteada era: ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno Federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atraviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del COVID-19?
El presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, de Morena, el partido de la mayoría, indicó que la consulta propuesta no presenta una vinculación entre la pregunta que plantea y el objetivo que persigue, “no contribuye a una efectiva reactivación económica”, además que el tema que propone “no se encuentra entre los supuestos que la ley establece para poder ser objeto de consulta popular”.
El Ingreso Básico Universal (IBU) planteado en la propuesta, argumentó el panista Damián Zepeda, tiene como objetivo “dar respuesta a la población afectada por la crisis derivada del COVID-19, que se estima son 12.5 millones de personas, las cuales han perdido sus empleos”. “Es transcendental para el país por las condiciones económicas adversas que ha ocasionado la pandemia del coronavirus”, añadió Xóchitl Gálvez, del mismo partido.
“Si bien la crisis generada por el virus no es responsabilidad de nadie, el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador debe diseñar estrategias para mitigar la crisis”, completó Nuvia Mayorga Delgado, senadora del PRI.
En cambió, la senadora Sasil de León, del PES (Partido Encuentro Social), aliado de Morena, consideró que el Senado “debe enfocarse en la reactivación económica desde una visión social, solidaria y humana (…) sin comprometer con endeudamiento el futuro de las generaciones siguientes”.
El legislador morenista Martí Batres manifestó que el IBU “no se trata de un ingreso, sino se plantea un apoyo emergente de una sola vez y a un grupo social determinado”. Explicó que el ingreso, en el caso de México, sería permanente para 80 millones de personas, por lo que se necesitarán varios sexenios para que pueda crecer paulatinamente.
Más temprano, el Senado aprobó en lo general y en lo específico la solicitud del presidente López Obrador de realizar una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si se debe enjuiciar a ex presidentes por posibles actos de corrupción y otro delitos.
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