México resaltó este martes por su voto en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se aprobó que se sigan investigando las posibles violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se abstuvo.
La votación, que culminó con 22 votos a favor, tres votos en contra y 22 abstenciones. Esto implica que se renueva por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos que investiga los supuestos crímenes de lesa humanidad en el país caribeño, se condena las violaciones a los DDHH ya comprobadas, y se llama a celebrar elecciones libres.
La postura de México destacó aún más debido a que la Argentina de Alberto Fernández, el otro gobierno considerado de izquierda de la región y la otra nación más cercana a Venezuela, votó a favor, movimiento que provocó críticas desde el progresismo en el país sudamericano.
Además, atrajo las críticas del comunicador Andres Oppenheimer. “¡Que verguenza! Mexico fue uno de los pocos paises latinoamericanos que se abstuvieron en el voto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para autorizar la continuacion de las investigaciones de derechos humanos en Venezuela. Hasta Argentina voto a favor (sic)”, expresó en redes sociales.
El resultado de la votación fue contundente. Votaron a favor Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, República Checa, Dinamarca, Fiji, Alemania, Italia, Japón, Islas Marshall, Holanda, Perú, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Ucrania y Uruguay.
Se abstuvieron Afganistán, Angola, Armenia, Baréin, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, Congo, India, Indonesia, Libia, Mauritania, México, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán y Togo. En contra solo lo hicieron el régimen de Maduro, Eritrea y Filipinas.
Más de 50 países firmaron el proyecto que se presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que el organismo continúe investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y condene al régimen de Maduro.
A lo largo del documento, los países firmantes manifestaron su alarma por distintos aspectos específicos de la crisis “civil, política, económica, social y cultural” que tiene lugar en Venezuela: la situación en el arco minero del Orinoco y los abusos de las fuerzas de seguridad, la falta de independencia de poderes —que redunda en una imposibilidad de garantizar la transparencia de los procesos electorales— y las necesidades humanitarias de una vasta porción de la población.
“Expresa profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente en la región del Arco Minero, en donde existe explotación laboral de los mineros, así como trabajo infantil, trata de seres humanos y prostitución forzada”, expresa el párrafo al respecto de la que es una de las principales fuentes de ingresos ilegales del régimen.
De hecho, ante la caída de las exportaciones de petróleo consecuencia de las sanciones y los malos manejos, el régimen ha incrementado las áreas de explotación, que ahora incluyen zonas protegidas en el amazonas.
El documento completo
El proyecto dedica varios párrafos a la situación política en el país caribeño: “Condena enérgicamente” la persecución política en el país, así como “el quebrantamiento de la independencia de la Asamblea Nacional, también en lo que se refiere a su presidencia y al ejercicio de sus funciones en relación con el Consejo Nacional Electoral”.
En paralelo, remarca “el socavamiento” de la independencia del poder judicial, expresada en “la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces” y los lazos del Tribunal Supremo con el régimen. “Contribuyen a la impunidad y a la persistencia de violaciones de los derechos humanos y obstaculizan la celebración de elecciones libres, limpias, transparentes y creíbles”, expresa el documento.
Por su parte, el Embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Jorge Valero, protestó la resolución, ya que en su opinión busca imponer “un mecanismo de monitoreo” sin el consentimiento de Venezuela.
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