Este jueves la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), tomaron con preocupación la decisión de la Cámara de Diputados de eliminar el Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, herramienta fiscal destinada para implementar medidas de protección para estos sectores en riesgo como consecuencia de su trabajo.
Sobre este hecho, FMOPDH, CNDH y ONU-DH hicieron un llamado a las autoridades para “garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos hasta el máximo uso de recursos disponibles para que cualquier reforma a este marco legal garantice que se mantengan o fortalezcan estas características”.
A través de un comunicado, las dependencias antes mencionadas denunciaron que en la actualidad “quienes defienden los derechos humanos y ejercen la libertad de expresión en México enfrentan una situación de peligro marcada por la violencia y las amenazas”.
La CNDH y ONU-DH coincidieron en que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados para eliminar el fideicomiso no propone alternativas de garantía presupuestaria “para la rápida y eficaz implementación de medidas de protección”.
De igual forma, señalaron que, de acuerdo con el último reporte del Observatorio de Asesinatos de Periodistas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México es el segundo país del mundo con más periodistas asesinados, sólo detrás de Irak.
Además, se informa que durante los años de 2019 y 2020, México concentra 18 de los 96 casos de periodistas asesinados registrados por la UNESCO. El año pasado, ONU-DH documentó 20 asesinatos de defensores de derechos humanos y la desaparición de dos defensores. Asimismo, alertaron que de enero a octubre de 2020, han sido asesinados 7 defensores de derechos humanos.
Ante este contexto, la CNDH resaltó que la violencia que se vive en el país ha sido objeto de atención prioritaria por parte de organismos internacionales, por lo que se han recibido 425 recomendaciones enfocadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
En el ámbito de medios de comunicación, las dependencias de derechos humanos indicaron que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, elaborada por la sociedad civil, se ha convertido en un marco normativo para que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger, promover y garantizar condiciones favorables para los activistas y periodistas.
Al final, las dependencias firmantes invitaron al Senado de la República a construir un profundo análisis sobre la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, la cual se beneficiaría con la convocatoria de una participación amplia en el proceso de dictámenes, esto con el objetivo de valorar y prevenir posibles consecuencias negativas sobre la vigencia y protección efectiva de derechos humanos.
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