Este miércoles, en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, describió el panorama de las acciones de investigación y búsqueda de personas desaparecidas en México.
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, de enero a septiembre de 2020, han desaparecido 4,960 personas. El funcionario aseguró que la tendencia va a la baja. En el mismo periodo de 2019, la comisión documentó 6,511 personas desaparecidas, lo que representa una disminución del 23.8 por ciento anual.
Sin embargo, dijo que la situación es más compleja y socava el panorama estadístico. Encinas explicó que, en general, las Fiscalías Estatales y los Ministerios Públicos tienen un desempeño “desigual”, no sólo en la resolución de los delitos asociados con las desapariciones, sino con el registro de los mismos. “Algunas actúan bien, pero casi no se judicializan carpetas (de investigación)”, declaró.
En total, las fiscalías han registrado 10,862 personas desaparecidas en lo que va del año. Pero, casi un tercio de los reportes, 31.3 por ciento, fueron dados de alta por dependencias del estado de Jalisco. En cambio, entidades como Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y la Fiscalía General de la República han reportado menos de 20 personas desaparecidas cada uno.
Destaca el caso del Estado de México que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional, ha iniciado 2,134 carpetas de investigación sólo en delitos contra la libertad personal (por lo que no contempla feminicidios ni homicidios), pero sólo ha fiscalizado 11 casos en la base de datos de la CNB. Lamentó que la mayoría de las omisiones y negligencias ocurren sin que los funcionarios responsables sean penalizados.
Los delitos que la comisión de búsqueda asocia con la categoría de “persona desaparecida” son: Desaparición forzada, Desaparición cometida por particulares, Feminicidio, Homicidio, Rapto, Secuestro, Tráfico de menores y Trata de personas.
Además, el subsecretario destacó que el 90 por ciento de las desapariciones están vinculadas con actividades del crimen organizado. Ni la subsecretaría que encabeza Encinas ni el SESSN ofrecen datos concretos para respaldar esta afirmación. Sin embargo, el supuesto está basado en la localización geográfica de la mayoría de las desapariciones (Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco), que coinciden con los territorios regidos o en disputa por los distintos cárteles nacionales
El caso más relevante es la prevalencia de las desapariciones en el estado de Jalisco, que, además de ser la entidad con más personas desaparecidas en el registro, es el estado con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas, 605 cuerpos desde que inició el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados en diciembre de 2018.
En este sentido, también destaca el caso de Veracruz. El estado del Golfo tiene la mayor cantidad de fosas clandestinas registradas en el mismo periodo, 180 en total, pero sólo reportó 657 desapariciones. Por su parte, Jalisco reportó 7,771.
Encinas matizó que la mayor parte de las personas encontradas han estado vivas, 14 mil 722 en los dos años de la administración actual, lo que equivale al 91. 9 por ciento de las 16 mil 20 personas localizadas.
Finalmente, Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, mencionó los 334 millones de pesos (USD 15.6 millones) que su organismo ha repartido a los comités estatales de búsqueda de desaparecidos, quienes registran un tercio de las desapariciones en el sistema. Y destacó la implementación del Mecanismo Extraordinario de Identificación de Personas, del Protocolo Homologado de Búsqueda y la aceptación del Comité de Desapariciones de la ONU, formalizada el 2 de octubre.
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