El mal comportamiento de la prensa mexicana al inicio de la audiencia en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ocasiono que el juez Brian Cogan suspendiera por unos minutos la sesión.
De acuerdo con lo dicho por la periodista Dolia Estévez en su cuenta de Twitter, el Juez Cogan pidió repetidamente a los reporteros que silenciaran los teléfonos, lo cual no sucedió.
“He pedido a la prensa mexicana repetidamente que deje de hablar en esta llamada... Si no puedo seguir, cortaré la llamada y la reconvendré en una fecha próxima”, dijo Juez Cogan.
Por su parte, la también periodista Laura Sánchez Ley escribió en su cuenta de Twitter que alguien gritó al otro lado del teléfono “Pinches reporteros mexicanos”.
A pesar de lo sucedido y tras amagar con cancelar la audiencia, el juez -que sentenció a cadena perpetua al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán-, decidió reanudar la sesión, no sin antes advertir a los reporteros mexicanos que grabar y transmitir el procedimiento de la audiencia está prohibido y que hacerlo estará sujeto a castigo bajo la ley de Estados Unidos.
Cogan informó que los cargos en contra de García Luna son cinco, luego de que se añadiera uno por pertenencia a una empresa criminal desde enero de 2001 con seis agravantes por distribución de alrededor de 53,000 kilogramos de cocaína.
Cuando fue detenido el 10 de diciembre de 2019, García Luna fue acusado de cuatro delitos (tres por narcotráfico y uno por falsedad de declaraciones).
Durante la audiencia de este miércoles, el abogado de García Luna, César de Castro, mencionó algunos problemas tecnológicos que el acusado ha tenido desde la prisión para consultar la evidencia en su contra, por lo que el Juez Cogan determinó que la defensa legal podrá reunirse con el exfuncionario mexicano en la cárcel en donde se encuentra recluido.
En entrevista con Carmen Aristegui en su noticiario radiofónico, Sánchez Ley, señaló que el arranque de la audiencia fue muy atropellado porque se escuchó de todo: desde campanas y gritos del fierro viejo, hasta los insultos de los reporteros estadounidenses en contra de los periodistas mexicanos, a quienes culparon de no poder escuchar. Sin embargo, señaló que -a su consideración-, lo sucedido se debió a la novedad de la manera en que se llevo a cabo la audiencia.
Una vez que se reanudó la sesión, dijo Sánchez Ley, la voz de García Luna se escuchó en tres momentos: cuando le preguntaron si estaba entendiendo los cargos en su contra, cuando agradeció al juez y cuando se le informó que la prensa mexicana estaba siguiendo la audiencia vía telefónica.
La periodista mexicana señaló que, de acuerdo con un documento que le hicieron llegar del gobierno de EU, en los próximos 60 días, la Fiscalía y la defensa escucharán 1,500 llamadas que interceptaron al exsecretario y se leerá un expediente de 189,000 páginas.
La Fiscalía estadounidense señala a Genaro García Luna como el protector del cártel de Sinaloa con la ayuda de dos de sus subordinados cercanos, Ramón Pequeño, ex jefe de la División de Inteligencia de la entonces Policía Federal (PF), y Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal. Ambos siguen prófugos.
El pasado 29 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un paquete de evidencia contra García Luna, que incluye comunicaciones interceptadas, videos y documentos de la policía mexicana. Gran parte de esta evidencia proviene del caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue condenado en EU el año pasado.
Jesús el “Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, socio de “El Chapo” Guzmán, declaró en febrero de 2018 que el Cártel de Sinaloa había sobornado con pagos millonarios a García Luna al menos en dos ocasiones.
El primer soborno, según el “Rey” Zambada, fue de USD 3.000.000 y se produjo en un restaurante en 2005. Para entonces García Luna ocupaba un cargo de alta responsabilidad: director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Dos años más tarde, ya al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, se produjo otro pago de USD 5.000.000.
Los sobornos tenían como propósito, según la versión del líder narco, conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán a una persona de confianza del Cártel de Sinaloa, para así tenerlo en su bolsillo.
Al terminar el gobierno de Felipe Calderón, en 2012, García Luna se mudó junto a su esposa a Miami (EEUU), donde dirigía varias compañías de consultoría sobre seguridad junto a antiguos ex funcionarios del FBI, la CIA o la DEA. Incluso había comenzado los trámites para obtener la nacionalidad estadounidense.
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