Luego de que Mario Delgado, el candidato a la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), revelara el pasado domingo una copia del proyecto de sentencia en el que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, quien propone anular y suspender el proceso interno para la renovación de la dirigencia nacional morenista, se abrió una nueva crisis en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El proyecto del magistrado Fuentes -que el TEPJF ya admitió como cierto-, propone anular el procedimiento de renovación de la dirigencia llevado a cabo por el INE y posponer “la encuesta abierta” hasta que concluya el proceso electoral de 2021. Este martes el Tribunal sesionará para someter a votación la propuesta.
De acuerdo con el periodista Salvador García Soto en su columna de El Universal, la situación en el Tribunal Electoral coincide con diversas versiones que desde hace un par de semanas comenzaron a filtrarse en columnas periodísticas en donde se aseguraba, había una operación en curso avalada desde Palacio Nacional, para suspender la elección interna del partido hasta después de las elecciones de 2021 y mantener en el cargo al actual dirigente interino Alfonso Ramírez Cuéllar, quien se encargaría de conducir el proceso electoral y, por ende, de definir desde el CEN las candidaturas morenistas tanto a la Cámara de Diputados como a las 15 gubernaturas y las alcaldías y congresos locales que se renovarán el 6 de junio del próximo año.
Las versiones en la prensa, atribuían esa maniobra al consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra -quien habría operado con los magistrados electorales el mencionado proyecto- y por otro lado la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por su cercanía e influencia con la actual dirigencia encabezada por Ramírez Cuéllar, escribió García Soto.
El columnista aseguró que ante el recrudecimiento de las pugnas internas en Morena y las amenazas de ruptura por los ataques entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, hicieron que “el presidente diera un manotazo y decidiera ordenar la suspensión de todo el proceso, primero por la inestabilidad, el ruido y las amenazas de rompimientos en su partido, y segundo porque de ese modo el inquilino de Palacio asegura que él y sólo él definirá los nombres de las candidaturas importantes y las listas de aspirantes para los estratégicos comicios del próximo año”, escribió.
Así fue que - dijo García Soto- se redactó y construyó un proyecto de sentencia que propone anular y suspender un proceso que el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial había ordenado y legitimado con sus varias sentencias previas.
La propuesta de anular se sustenta en que los lineamientos del INE se ocuparon principalmente de las reglas técnicas de las encuestas, pero “omitió establecer reglas básicas que debían observarse por los participantes en la ejecución de la encuesta correspondiente” como que las y los interesados participen en equidad, por lo que a juicio del Fuentes Barrera “eso imposibilitó que el procedimiento electivo se lleve a cabo de manera equitativa”.
Sin embargo, en el mismo proyecto se reconoce que una sentencia previa de la misma Sala Superior sostuvo al resolver el juicio SUP-JDC-2485/2020 y acumulados “que los lineamientos sí establecían los parámetros a valorar para realizar las encuestas”. Además, la misma Sala fue quien ordenó al INE conformar un grupo de expertos para ello.
Es por eso que el periodista se pregunta ¿Y entonces, cómo explicar que el mismo Tribunal contradiga los criterios que fijó en otras sentencias? Más que una explicación, lo que cita el magistrado fuentes es una excusa: que lo aprobado por los magistrados anteriormente “no implicó la validación… de las casas encuestadoras, así como los elementos de carácter técnico que integraban la metodología para la aplicación de las encuestas” (página 48, párrafo 1 del proyecto), escribió García Soto.
Otro argumento del proyecto -destacó el periodista- es que el INE no reguló “la presencia de los candidatos en medios de comunicación y redes sociales, la obligación de entregar un informe de actividades, los topes máximos de gastos de campaña, y la fiscalización” de la elección y los mecanismos de impugnación. Además, el método de encuesta no debía centrarse en medir la popularidad de los militantes, sino en identificar a los idóneos.
El columnista concluye que, el fallo que determine este martes el TEPJF, “será tan atípico como incongruente, tanto que los mismos aspirantes a la dirigencia morenista afirman que detrás de este proyecto hubo ‘mano negra’, ‘presiones externas’ y ‘atropello a la democracia’; el asunto es ver quién de ellos se atreve a ponerle nombre al dueño de la mano, al que presionó a los magistrados o al que conducía el tráiler que atropelló su complicado proceso interno”, sentenció.
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