Un reportaje conjunto de Univisión Investiga y El País España, con firma de Peniley Ramírez y contribuciones de Pablo Ferri, describió el entramado de inconsistencias en una serie de contratos firmados por la policía federal en 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Estos documentos constatan compras millonarias en material de espionaje por parte de la institución de seguridad a empresas privadas. La investigación periodística revela que las dos empresas están registradas a nombre de ciudadanos de escasos recursos que habitan a unos kilómetros de distancia del otro en el municipio de Naucalpan en el Estado de México.
Los supuestos dueños de las compañías son Alberta Manzano y José García. Ella es una trabajadora doméstica jubilada de 65 años y es “dueña” de Servicios Esrome, empresa que firmó un contrato de USD 15 millones con la Policía Federal. Él es un carpintero de 74 años y “fundador” de Comercializadora Dizoal, que vendió 25 millones 500 mil dólares en productos de espionaje a la dependencia. Ninguno de los dos sabe nada de ninguna empresa.
Cuando fueron cuestionados por la reportera, Manzano y García dijeron que no tenían relación con las empresas, cuyas oficinas están ubicadas en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Esrome y Dizoal fueron registradas el mismo día, ante el mismo notario de Chalco, en el Estado de México, los dos aseguran que nunca han ido a esa ciudad.
Manzano y García dicen que sólo han dado sus documentos a funcionarios locales para solicitar asistencia gubernamental, que es su única forma de sustento.
El notario que registró las empresas es Salvador Ximénez, hijo de un ex senador del PRI, que fue nombrado titular del despacho en cuestión bajo el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto. Actualmente, Ximénez tiene revocado su permiso notarial luego de que la panista Xóchitl Gálvez lo denunciara por certificar escrituras a edificios con documentos falsos.
Una auditoría federal de 2019, consultada por la investigación, eludió la verificación de las viviendas declaradas en las actas de las compañías y asumió que todo estaba en orden. La auditoría encargada del estudio aseguró a Peniley Ramírez, la reportera, que realizaron la investigación con total rigor.
La auditoría sí documentó irregularidades en el suministro de los equipos de vigilancia comprados. El documento de compraventa señala que las empresas israelíes Gita Technologies, Septier Communications y Cybergloves son las proveedoras del material, pero, cuando las consultaron, estas empresas no habían recibido transferencias monetarias por la transacción, por lo que es posible que ni siquiera tengan conocimiento de estar involucradas en el contrato.
El equipo periodístico solicitó a la organización C4ADS que revisara los registros de aduanas en México para buscar importaciones desde Israel en el periodo investigado. La organización de análisis de seguridad global no encontró registros que coincidieran con esa operación.
Además, la Auditoría Superior de la Federación reveló al reportaje de Univisión que sospechan de un fraude de 500 millones de pesos en impuestos no pagados por parte de Esrome y Dizoal.
Desde la Policía Federal, los funcionarios vinculados a la operación rechazaron declarar sobre el caso. Las divisiones Científica, de Inteligencia y de Investigación tramitaron la operación, Patricia Trujillo, jefa de la División Científica de la Guardia Nacional solicitó una licencia, ligada a la investigación del caso, en 2020 y se rehusó a declarar al respecto. Los ex jefes de las otras dos divisiones no fueron localizados.
Manelich Castilla, comisionado de la Policía al momento de los contratos, declaró que sus responsabilidades como jefe de las tres divisiones involucradas en las transacciones eran tácticas y, por lo tanto, no tenía influencia sobre las adquisiciones.
Manzano y García, los “fundadores” de las empresas, supuestamente vendieron sus acciones en 2019, pero la persona que las compró, según el Registro de Comercio, tampoco fue localizada.
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