Van contra ex funcionarios por irregularidades en el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que la dependencia a su cargo inició una investigación contra ex funcionarios que permitieron el no ejercicio de la acción penal contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, denunciado por trata de personas en 2014.

“La Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició un expediente de investigación en contra de diversas personas servidores públicas que intervinieron en la averiguación previa integrada en su momento en contra del inculpado”, refirió la fiscal en reporte a medios.

El pasado 11 de septiembre, Godoy Ramos comunicó que el caso sería reabierto, porque había evidencia para presumir indagatorias insuficientes, omisas y lejanas de la justicia, además de diligencias no apegadas a derecho.

Según versiones extra oficiales, citadas por El Universal, entre los presuntos investigados estarían el entonces procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, así como la fiscal de Asuntos Especiales, Margarita Vázquez. Además de Rodolfo Rojo Urquieta, quien fuera director de Asuntos Especiales; Raúl Peralta Alvarado, jefe de la Policía de Investigación; y Erasmo de León, coordinador de asesores del procurador.

Estos funcionarios avalaron las indagatorias realizadas en 2015 que permitieron la exoneración de Gutiérrez de la Torre. Aunque Godoy Ramos no abundó en los nombres, sí dijo que los servidores públicos de la entonces Procuraduría negaron justicia por omisiones.

“Buena parte de los justos reclamos sociales y del movimiento de las mujeres es por la impunidad y la falta de acción de las instituciones para proteger a las mujeres y castigar la violencia que se ejerce en su contra”, dijo la funcionaria.

Aquel 2 de abril de 2014, Gutiérrez de la Torre fue exhibido por encabezar una presunta red de prostitución al interior del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuerza política de la que era dirigente en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Este escándalo estalló tras la publicación de un reportaje en Noticias MVS, mismo que comandó la periodista Carmen Aristegui y su equipo. En las investigaciones se reveló que los recursos para sostener la red de prostitución eran de la Secretaría de Finanzas del PRI, a cargo de Roberto Zamorano Pineda; desde ahí se pagaban 11,000 pesos mensuales a las mujeres reclutadas que cumplían las fantasías sexuales del llamado “Rey de la basura”, cuya familia amasó una fortuna como líderes de la Unión de Pepenadores; el acusado heredó el mote de su padre, viejo dirigente de esa organización.

El equipo de Gutiérrez de la Torre publicaba anuncios en internet que textualmente ofrecían “trabajo en una oficina gubernamental”. Solicitaban chicas de entre 18 y 32 años. Una periodista infiltrada acudió a la vacante y grabó audios sobre cómo operaba el reclutamiento. A pesar de las denuncias, en julio de 2015, la Procuraduría no encontró elementos para fincar responsabilidad por trata al líder del PRI.

Aún cuando hubo un expediente con más de 318 declaraciones, otros 587 elementos diversos, incluidos interrogatorios a empleados y ex empleados del PRI, así como peritajes y revisión de llamadas.

Para la reapertura del caso, Godoy Ramos explicó que hubo filtraciones de datos confidenciales y personales que pusieron en riesgo a las denunciantes y dañaron las indagatorias. Este martes 29 de septiembre informó sobre el seguimiento.

“La Fiscalía de Investigación de Delitos en materia de trata de personas ha realizado un análisis minucioso del contenido de casi 10,000 fojas, ello, para el perfeccionamiento de la investigación, ya que se estima necesario realizar las diligencias que permitan esclarecer los hechos”, abundó la funcionaria, quien destacó el uso de tecnología en los peritajes para estudiar audios.

Además, la fiscal dijo que ordenó inspecciones en los diversos lugares en que sucedieron los hechos para tener seguridad de lo acontecido.

“Estamos evaluando la participación de personas expertas de otras instituciones que acompañen esta investigación, en el marco de los instrumentos de cooperación existentes la transparencia y una actuación apegada a derecho”, adelantó Godoy Ramos. Conforme no se afecte al debido proceso, prometió informar sobre los avances.

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