La tarde de este martes 29 de septiembre, la Fiscalía de la Corte Federal que lleva el proceso penal contra Genaro García Luna en Estados Unidos confirmó que entregó un nuevo paquete de evidencias en contra del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el sexenio de Felipe Calderón.
A través de un documento oficial, el Departamento de Justicia estadounidense enlistó que, entre las nuevas evidencias, existen grabaciones en las que muestra al acusado de liderar una “Empresa Criminal Continua” (Continuing Criminal Enterprise) con otros narcotraficantes mexicanos.
Al respecto, las imágenes no han sido difundidas al público; sin embargo, César de Castro, abogado defensor de García Luna, ya recibió la notificación correspondiente de la existencia del material recabado contra el ex funcionario mexicano, mismo que tiene el membrete y sello oficial de las autoridades estadounidenses.
Esta medida de discreción respecto a los avances de la investigación obedece al protocolo de la cadena de custodia que se lleva a cabo en EEUU, pues la ruptura de ésta, así como cualquier tipo de filtración, entorpecerían el caso y podrían desestimar esta nueva evidencia; no obstante, la Regla 16 del Código Federal de Procedimientos Criminales estadounidense establece que esta evidencia se le debe de otorgar a la defensa del acusado, pero que la debe de mantener bajo su custodia y ésta no debe de ser entregada a la prensa bajo ninguna circunstancia.
El caso de Genaro García Luna ha robado la óptica mediática desde distintos ángulos, pues si se llega a demostrar su culpabilidad, sería un precedente histórico debido a que se demostraría la corrupción de un funcionario establecido en las más altas cúpulas políticas en México durante el segundo régimen federal del Partido Acción Nacional (PAN).
La conclusión que plantearía su culpabilidad respecto a este proceso legal también marcaría un punto de referencia entre la relación México y EEUU para establecer nuevas directrices en materia de combate al narcotráfico, pues replantear el enfrentamiento frontal en las calles y establecería una estrategia de inteligencia con la mira puesta en los funcionarios que podrían estar involucrados.
Esto porque el ex titular de la SSP fue acusado formalmente a finales de julio de este año por la fiscalía federal de Brooklyn de liderar una Empresa Criminal Continua, el mismo delito por el que se procesó a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa.
En el documento oficial, donde se señalan los delitos por los que se investiga a García Luna, Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, identifica que la operación del Cártel de Sinaloa tenía éxito, en parte, por la colusión de funcionarios públicos corruptos.
“El Cártel de Sinaloa tenía una estructura que incluía a miles de miembros, entre ellos: [...] funcionarios públicos corruptores, que brindaron protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos”, se lee en los cargos del Gran Jurado contra los ex servidores mexicanos.
En cuanto a este último punto, las autoridades estadounidenses abundaron en los beneficios otorgados a la asociación criminal dirigida por Guzmán Loera por los sobornos recibidos y acusaron cuatro conductas ilícitas en detrimento de la seguridad y salud pública.
1.- Aceptar no interferir con el los envíos de drogas del Cártel de Sinaloa en México, que generalmente consistían en cantidades de narcóticos de varias toneladas, y la gran mayoría de los cuales estaban destinados a los Estados Unidos.
2.- Proporcionar acceso a información confidencial de las fuerzas del orden sobre las operaciones de aplicación de la ley contra el Cártel de Sinaloa.
3.- Dirigirse a los miembros de cárteles rivales para su arresto, en lugar de los miembros del Cártel de Sinaloa, y proporcionar información confidencial sobre el cumplimiento de la ley sobre los miembros de cárteles rivales.
4.- Colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cártel de Sinaloa.
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