Quién empezó el fuego: cómo inició la polémica entre AMLO y Javier Corral

La tensión política entre Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, y Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, ha escalado en los últimos tres meses y más recientemente, con un tema central: el pago de aguas a Estados Unidos por un tratado internacional en que productores de la entidad han acusado un posible desabasto del recurso hídrico para sus actividades agrícolas.

Este conflicto ya cobró una vida, pero los funcionarios solo se han responsabilizado mutuamente en el contexto electoral del 2021. Durante mayo, abril y junio, el tema de aguas en Chihuahua no figuraba en la agenda del gobernador, en su caso, el manejo de la pandemia, su exigencia por recursos extraordinarios, así como la reactivación económica eran los temas con mayor difusión en sus plataformas mediáticas.

Cabe recordar que la coyuntura sobre el agua abona a la disputa política de Corral Jurado y AMLO, pues el primero ya formaba parte de la coalición de gobernadores panistas que surgieron como oposición al gobierno de “la cuarta transformación”, aunque en el contexto de la pandemia, el 26 de junio pasado, el ejecutivo chihuahuense se unió a la llamada Alianza Federalista ante el pretexto de un mal manejo de la crisis sanitaria y económica por la administración federal.

El 9 de junio pasado, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, presentó un documento que detallaba un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA), donde participaban 14 gobernadores, incluido el de Chihuahua, así como intelectuales, periodistas, académicos y políticos del PRI, PRD, PAN, MC, entre otros. El objetivo sería desplazar a Morena, partido fundado por el presidente de México, de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato de AMLO en 2022. Este es uno de los antecedentes a los que reaccionó Corral Jurado, pues dijo que el ejecutivo federal traía a cuento el tema de la desestabilización como un manual populista para hacer campaña desde el poder.

Desde el 3 de diciembre del año pasado, Javier Corral tenía conocimiento de la extracción de aguas de presas en Chihuahua para pagar el recurso que fluye de ríos internacionales a México, conforme al tratado de 1944. El país está atrasado en los pagos de años anteriores y debe cancelarlos para el próximo 24 de octubre; el gobierno federal quiere cumplir y evitar que Estados Unidos amague con renegociar el acuerdo binacional.

El 4 de febrero de 2020, el gobierno de López Obrador envió agentes de la Guardia Nacional para que fuera evitada la toma de la presa La Boquilla, ubicada en el cauce del Río Conchos en el municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua; pero unos 500 agricultores de los municipios de San Francisco de Conchos y Camargo los hicieron retroceder a una centena de metros, con la intención de impedir que la Conagua trasvasara el líquido a Estados Unidos.

En ese entonces, Javier Corral señaló que no había suficiente agua para los agricultores y los pagos, en consecuencia, exigiría una explicación a la Guardia Nacional por su confrontación con los campesinos, a quienes dijo que defendería. López Obrador ya acusaba politiquería por parte de los manifestantes, debido a que la protesta la encabezaron los alcaldes de los municipios de San Francisco de Conchos, Jaime Ramírez, y Camargo, Arturo Zubía, además de diputados panistas locales.

Fue hasta el 19 de julio que campesinos y agricultores de Chihuahua acudieron a la presa Las Vírgenes, esto, para evitar que siguiera la extracción del agua y no se reabasteciera la presa El Granero, pero fueron repelidos por la Guardia Nacional, quienes dispararon balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes. En redes sociales circularon videos sobre estos enfrentamientos y la Conagua aseguró que no estaba en peligro el recurso para actividades agrícolas.

Ese mismo día, la Conagua refrendó que se debía cumplir con el tratado de 1994 y explicó que el Comité Nacional de Grandes Presas (CNGP) consideró que debían efectuarse maniobras de extracción o desfogues de control en la presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes) “para alcanzar los niveles de seguridad requeridos y contar con un margen adecuado para el manejo de los posibles escurrimientos”.

Esto hizo que para el 21 de julio, Javier Corral ofreciera su disposición de mediador, al tiempo que prometió acompañar a los productores. Un día antes, en su conferencia matutina, el presidente había acusado a dirigentes políticos de querer sacar raja política. Sin embargo, una semana después, el gobernador de Chihuahua reaccionó molesto, porque manifestantes habían destruido vías férreas, edificios públicos y casetas de peaje, como recurso para visibilizar sus demandas en torno al agua.

Para el 30 de julio, Corral Jurado acusaba hechos violentos y una corrupción endémica en Conagua, así como “aguachicoleo”: robo del recurso en complicidad con autoridades; en aquella ocasión deploró que la problemática fuera aprovechada por políticos del PRI, PAN y Morena; también dijo que de Conagua mal informaban al mandatario.

Casi tres semanas más tarde, el 21 de agosto, el gobernador comentó que a Chihuahua no se le podía pedir lo imposible, desde entonces amagó con acudir a la Ciudad de México y plantarse frente a Palacio Nacional para exigir soluciones al presidente. Ese día informó que había acordado el cierre de una turbina de la presa Las Vírgenes, con ello, los productores abandonarían edificios públicos que habían tomado.

Para el 26 de agosto, en una reunión que sostuvo con representantes de los módulos de riego de los distritos 005,113 y 090, Corral Jurado se comprometió a gestionar reuniones directas con Conagua y, en su caso, con el presidente López Obrador. También giró instrucciones para que la policía estatal, apostada en Las Vírgenes, fuera retirada, de modo que ahí solo vigilarían agentes de la Guardia Nacional. En aquel encuentro convino que no debía contemplarse extracción alguna de La Boquilla.

“En un primer punto, pediremos a la @conagua_mxque detenga las extracciones de la Presa Las Vírgenes una vez alcanzados los 100 millones de metros cúbicos, de los que ya se han pagado 60 millones”, publicó en Twitter. Durante el 26 y 28 de agosto se dedicó a difundir acuerdos a los que había llegado con productores.

Para septiembre, el conflicto se agudizó. La estrategia de López Obrador ante los cuestionamientos sobre el conflicto en Chihuahua fue tranquilizar a los productores con que no habría desabasto paras sus actividades agrícolas, continuaba culpando a políticos de capitalizar la situación.

“Siento que está muy politizado el asunto en Chihuahua, lo digo con toda transparencia y respeto. Le pido a los partidos que actúen con responsabilidad, que una cosa es buscar ganar la gubernatura de Chihuahua y otra cosa es engañar, manipular y utilizar un asunto tan delicado con propósitos electorales”, dijo AMLO en la mañanera del 3 de septiembre pasado, cuando de nueva cuenta hizo énfasis en que el tratado con EEUU debía cumplirse.

El domingo 6 de septiembre, la Conagua abrió la válvula de salida de agua de la presa La Boquilla, cerca de Delicias, Chihuahua. Ese día, agricultores del distrito de riego 0005 acudieron al sitio para interrumpir tal acción. No lograron su objetivo, pues fueron repelidos y protestaron frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Ahí, obtuvieron el respaldo del gobernador Javier Corral. Al día siguiente, AMLO insistió en no secundar a quienes referían que haría falta agua.

Una caravana de manifestantes fueron a la presa La Boquilla el mediodía del martes 8 de septiembre. Luego de un enfrentamiento entre las 17:00 horas con la Guardia Nacional, los disidentes lograron su cometido. Usaron palos para defenderse. Por la noche, entre las 22:30 horas, una pareja de productores fue atacada por la GN, Jessica Silva murió y su esposo, Jaime Torres, resultó gravemente herido, estos actos habrían sido por represalia a su participación en las protestas. Para el miércoles 9 de septiembre, AMLO dijo que la toma de la presa fue orquestada por políticos panistas.

Por la tarde de ese miércoles, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, informó que grupos de intereses habían repartido palos entre los manifestantes de la toma; por ello culpó a políticos y líderes agrícolas de la entidad, quienes incitaron a la violencia. Javier Corral instruyó a la fiscalía estatal para esclarecer los hechos en que fue atacada la pareja de productores y aseguró que el suceso no quedaría impune.

Ya en la conferencia matutina del 10 de septiembre, López Obrador lamentó la pérdida y comunicó que la Guardia Nacional oyó disparos mientras trasladaban a manifestantes detenidos, ante ello, los agentes federales reaccionaron, porque una caravana pretendía liberar a los presos. Luego de la respuesta al fuego, la GN encontró que Jessica Silva había muerto. Actualmente están bajo investigación 17 elementos de esa corporación por su probable responsabilidad. Javier Corral afirmó que mal informaban al presidente y le habían contado mentiras sobre la versión de los hechos en Chihuahua, dijo que las propuestas de solución no habían encontrado eco en ninguna dependencia federal.

“Llamo a todos los productores y agricultores de #Chihuahua a asumir una conciencia de unidad; tenemos que hacer un frente común para detener las mentiras y el deplorable manejo político que hay desde el @GobiernoMX”, acusó el gobernador, además comentó que no existía la Secretaría de Gobernación, pues el delegado de esta dependencia alimentaba protestas contra el gobierno local, denunció que las “largas”, desde el 27 de agosto, habían agudizado la tensión. En aquella ocasión, Corral Jurado propuso que la Guardia Nacional podría ser reubicada de las presas, a Ciudad Juárez, para apoyar en tareas de seguridad y enfrentar la delincuencia.

Para explicar el conflicto en Chihuahua, López Obrador llamó a Blanca Jiménez Cisneros, directora de Conagua, la funcionaria acudió a la conferencia matutina del 11 de septiembre. El presidente negó recibir información sesgada e insistió en que el tema había escalado por intereses electorales. Hasta el 16 de septiembre, Javier Corral acusó, de nueva cuenta, corrupción en Conagua y mal manejo de la dependencia, al día siguiente, AMLO comentó que la dependencia estaba capturada por grupos de intereses creados.

A las 11:23 horas de este miércoles 23 de septiembre, el gobernador acusó una notificación de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, quien informó que las fuerzas federales sesionarían por su cuenta en temas de seguridad en la entidad.

“Una decisión que muestra un talante autoritario y vengativo contra el pueblo de Chihuahua, a quien finalmente se perjudica. Se incumple así el compromiso de hacer de la seguridad un campo de neutralidad política, y se usa como mecanismo de represalia”, escribió Corral Jurado en Twitter y abundó en que esa reprimenda era similar a la del sexenio anterior con Peña Nieto, pues denunció un uso de los instrumentos del Estado para vulnerar a los opositores.

Finalmente, en la conferencia matutina de este viernes 25 de septiembre, el presidente reconoció que las conversaciones con Javier Corral estaban rotas, después de ello, Mejía Berdeja señaló que pese a que el gobernador de Chihuahua había firmado documentos en los que se comprometía a entregar la parte del agua que le corresponde al estado, de repente, desconoció los acuerdos.

El subsecretario de seguridad aseguró que es mentira que las fuerzas federales hayan abandonado la entidad, además de reportar a las familias que acaparan el recurso ligados a políticos, como el ex gobernador César Duarte, así como cebolleros y nogaleros.

Ante esto, el ejecutivo de Chihuahua dijo que Mejía Berdeja era el “porro mediático” de AMLO, después de negar vínculos con Carlos Cuevas Abundis, empresario acusado de homicidio, huachicoleo y de tener nexos con el narcotráfico, tal como lo señaló el subsecretario de seguridad federal. Insistió en que el presidente hacía expresiones manipuladas, además, calificó de ruin y vulgar la información sesgada que se presentó en la conferencia matutina. Agregó que el mandatario siembra el odio y el tratado con EEUU se pagará en tiempo.

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