Así opera el ITAM para callar las denuncias de acoso sexual al interior de sus planteles

Durante años se han hecho públicas las acusaciones de acoso sexual al interior de las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, así como la urgencia de acciones claras que los diferentes colectivos han pedido a las autoridades de cada centro educativo. Sin embargo, es cada vez más común encontrar casos en los que las víctimas han sido ignoradas, revictimizadas o acalladas de diferentes maneras. Lo más reciente es lo que Animal Político dio a conocer sobre el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en donde, ya sean alumnas, académicas o trabajadoras de la institución, si una mujer quiere denunciar acoso o abuso sexual por parte de otro integrante de la comunidad escolar, tiene que comprometerse por escrito a mantener en secreto lo que ocurra con el proceso interno de investigación, bajo amenaza de ser expulsada o despedida.

En una carta compromiso, expuesta por ese medio, se pide a la denunciante “no divulgar, dar a conocer, compartir, revelar, transmitir, reproducir o copiar total o parcialmente” ninguna información referente a su denuncia.

Según las autoridades del ITAM, aclararon que las víctimas no están impedidas para hacer pública su denuncia, sino el proceso interno que lleva a cabo la institución para investigar la denuncia, obligación que no termina con el cierre del proceso, sino que perdura aún cuando éste termina por un periodo indefinido, según se lee en acuerdo.

“Estoy consciente que de incumplir las obligaciones establecidas aquí suscritas, incurriré en una falta de probidad y me haré acreedor o acreedora a una baja definitiva del ITAM, o bien a una rescisión de mi contrato o convenio de prestación de servicios profesionales”, es la sanción que establece el documento para quien incurra en una falta de discreción respecto a su proceso.

Sin embargo, en cuanto a lo relacionado con las sanciones que amerita un maestro, trabajador o estudiante, que resulte acosador, el ITAM contempla también una amonestación o su suspensión provisional del instituto, antes de una suspensión definitiva.

El objetivo del compromiso, según se lee, es mantener el prestigio y la reputación de la institución por encima de cualquier denuncia o experiencia vivida dentro de sus muros, incluso, si esto afecta la salud emocional, mental o física de las víctimas, para la que no garantiza ninguna reparación o atención.

“De esta manera, me comprometo a sacar en paz y a salvo al ITAM, así como a sus directivos, funcionarios, empleados y colaboradores de cualquier procedimiento, instancia, denuncia, queja, querella, indemnización o sanción (cualquiera que sea el nombre o denominación legal que le corresponda) que llegare a instaurarse o imponerse en caso de incumplimiento a las obligaciones de confidencialidad, sigilo y no divulgación aquí asumidas”, finaliza la carta.

El documento también compromete a la víctima a dar aviso primero a las autoridades escolares, antes de hablar con alguna entidad judicial, aún si ésta misma así lo requiere oficialmente a través de una orden o citatorio.

A principios de año, el ITAM creó una Subdivisión de Género, Diversidad e Inclusión, que actualizó su protocolo contra el acoso sexual para que todos los que tengan parte en una denuncia firmen un acuerdo de confidencialidad sobre ella, de forma que se quede como un procedimiento interno sin consecuencias legales, y especifica la protección al nombre de los agresores aun cuando sean encontrados culpables.

Según el instituto, esto último, es para acatar la normatividad en materia de protección de datos personales, aunque “no afecta la libertad de expresión de las partes sobre su sentir y su pensar”.

El Instituto presentó el “Reporte sobre Género, Diversidad, Inclusión y Acoso Sexual. Primavera 2020” en el que, la misma institución constata que de 38 agresores denunciados entre enero y mayo de 2020, solo uno fue sancionado con baja definitiva. En ocho de los casos, la sanción fue una “llamada de atención”, mientras que en otros cuatro se solicitó a los agresores redactar una carta a sus víctimas para expresarles una “sincera y genuina disculpa”. En cuatro más se emitió una amonestación y en tres se instruyó al acusado buscar ayuda psicológica. Sólo dos de las investigaciones concluyeron con una recomendación para no volver a contratar al profesor denunciado.