Movimiento Ciudadano (MC), parte de la oposición en el Senado mexicano, presentó este miércoles un documento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde argumentó ocho razones por las cuales la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es “improcedente”.
“Es una acción tramposa y perversa”, expresó el coordinador de los senadores de MC, Dante Delgado, en rueda de prensa. “Por eso llevamos un amicus curiae con ocho argumentos puntuales sobre la improcedencia y el carácter profundamente manipulador, que implica dicha petición de consulta”, añadió.
El amicus curiae es un instrumento jurídico que permite coadyuvar con la SCJN, con diversas opiniones y puntos de vista, en temas de trascendencia nacional, explicó Delgado, que resumió los detalles junto a su grupo parlamentario en el recinto del Senado.
El primer punto se refiere directamente con la persecución de los delitos: la justicia no se consulta, se aplica, indicaron. “Si el Ejecutivo tiene pruebas para actuar contra los ex presidentes o contra cualquier persona que haya cometido un delito, debe presentar las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes”, aseveraron.
La semana pasada, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador usó una de sus facultades para pedirle al Senado una consulta popular relacionada con enjuiciar a sus cuatro antecesores en la presidencia del país.
La pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante de después de sus respectivas gestiones?”
El segundo punto del documento de MC indica que “someter a consulta el ejercicio de la justicia no sólo es un acto de simulación, sino una trasgresión a sus responsabilidades y obligaciones”. “Significa romper el juramento constitucional que hizo ante los mexicanos de hacer cumplir la ley”, algo a lo que también se comprometieron el Fiscal general y los ministros de la Corte, añadieron.
La consulta, señalaron, es “claramente improcedente”. "El planteamiento trasgrede una multitud de preceptos constitucionales “al violentar los principios del debido proceso, al pretender crear tribunales y procesos especiales metaconstitucionales, y al atropellar los principios de seguridad jurídica y de legalidad”.
El acto mismo, enlistaron, es uno de “manipulación contra el sistema de justicia mexicano". Además, “desnaturaliza los instrumentos de participación ciudadana”, ya que la figura de la consulta popular ”no es termómetro de la opinión pública o un instrumento de propaganda".
La consulta, advirtieron los senadores de MC, “es otro distractor que quiere utilizar el Presidente para aparecer en la boleta electoral”. Sin embargo, en caso de aprobarse, la consulta ciudadana no se llevaría al mismo tiempo que las elecciones intermedias del próximo año, sino que ocurriría un mes después, el 1 de agosto de 2021.
Por último, Delgado señaló que “ni los derechos ni la justicia se consultan”. “Los derechos no se regatean, se garantizan; la justicia no se simula, se aplica”, agregó. Asimismo, concluyó diciendo que los ex presidentes, cualquier otro ex funcionario y cualquier persona debe ser investigada si cometió delitos.
La bancada de MC expresó que confían en que la Suprema Corte defenderá la legalidad y el Estado de derecho. “Sólo queremos aportar elementos para enriquecer el proceso de deliberación", dijeron. Por la tarde los senadores Verónica Delgadillo y Noé Castañón entregaron en las instalaciones de la SCJN el documento firmado por todos sus colegas de partido.
¿Qué sigue para el proceso de la solicitud de consulta de López Obrador? El Senado la envió la semana pasada a la Suprema Corte, donde los ministros del Pleno tiene 20 días naturales para analizarla y determinar si es constitucional. Si es aprobada, la pregunta ya no podrá presentar cambios y regresará al Senado.
Tras ser recibida por el máximo Tribunal de la nación el pasado 15 de septiembre, los ministros del Pleno tienen hasta el 5 de octubre para resolver el tema y hasta el 6 del mismo mes para notificar al Senado de su decisión.
En la Cámara Alta se necesita una mayoría simple del Pleno para pasar a la Cámara de Diputados, donde también se discutirá. La mayoría simple también se requiere en la Cámara Baja. Si supera ese obstáculo en el Poder legislativo, llegará al Instituto Nacional Electoral (INE), donde se realizará el proceso para la votación en agosto de 2021.
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