Juzgado rechazó prohibir a AMLO hablar públicamente sobre Alonso Ancira, involucrado en caso Lozoya

Un juez federal volvió a rechazar el pedido de Alonso Ancira, dueño de la compañía mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) e involucrado en un caso de presuntos sobornos, quien le solicitó ordenar al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que no realizara comentarios sobre su persona.

“Se resuelve. Único: se niega la suspensión definitiva solicitada en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas”, determinó el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.

Se trata del segundo golpe jurídico que Ancira recibió en esta demanda de amparo en apenas un par de semanas. Hace unos días, al empresario mexicano también le rechazaron el pedido de la suspensión provisional, aunque aún puede apelar a un Tribunal Colegiado.

Ancira, de 64 años, promovió una demanda de amparo contra el presidente de la República por actos fuera de juicio, en concreto “la manifestación pública realizada en la conferencia de prensa de fecha 20 de agosto del 2020”, durante una de las tradicionales conferencias matutinas de López Obrador.

Aquel día, el mandatario mexicano respondió sobre Ancira y su compañía Altos Hornos, que es la principal involucrada en el supuesto pago de coimas a Emilio Lozoya, ex director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), a cambio de que el funcionario adquiriera una de las filiales de la compañía a sobreprecios con dinero del erario.

“Si no se devuelve el dinero, pues nosotros no podemos otorgar perdón, para decirlo con claridad. ¡Cómo vamos nosotros a darnos por atendidos si no se repara el daño! Eso no lo podríamos hacer, sería complicidad”, expresó López Obrador en ese momento.

La defensa de Ancira solicitó en su demanda de amparo que el juzgador prohibiera al presidente emitir cualquier declaración pública sobre su persona y sobre el caso Agro Nitrogenados, que lleva el nombre de la filial que fue vendida a Pemex a sobreprecio, ya que violaba el principio de inocencia.

En la demanda, Ancira invocó hasta 10 artículos constitucionales en los que presuntamente se veía afectado (1, 6, 7, 14, 16, 20, 21, 49,102 y 116) y solicitó la medida cautelar de prohibirle hacer declaraciones al titular del Ejecutivo mientras se resuelve definitivamente. El juzgador se negó.

El empresario mexicano, quien se encuentra en prisión domiciliaria en España, había recibido ya algunos reveses en los últimos meses en los juzgados mexicanos. A finales de julio, la Suprema Corte rechazó atraer su caso de amparo para estudiarlo.

En su pedido, el empresario aseguraba que las autoridades mexicanas no cumplieron con todos los requisitos necesarios para que la orden de aprehensión en su contra, donde lo acusan de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal en agravio al erario nacional, fuera legal.

Además, una de las contadas victorias para Ancira, cuando un secretario de un Juzgado federal le concedió un amparo contra una orden de aprehensión que pesa en su contra, rápidamente se convirtió en lo contrario: las autoridades del Poder Judicial suspendieron a dicho funcionario por la “probable responsabilidad de haber descuidado el desempeño de sus funciones”.

Las autoridades mexicanas impugnaron la decisión que tomó el secretario de aquel juzgado y el caso se encuentra en un Tribunal Unitario. Lozoya, por su parte, se encuentra vinculado a proceso por el caso Agro Nitrogenados y por el caso Odebrecht, pero cooperará con las autoridades (por ello su extradición acelerada) para reducir sus propias penas, algo que Ancira ha rechazado hacer.

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