El ministro Luis María Aguilar propone declarar la consulta de juicio a expresidentes “inconstitucional”

El proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, propone declarar inconstitucional la consulta ciudadana para que los expresidentes sean enjuiciados, propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Este Tribunal encuentra que el objeto de la consulta es inconstitucional, porque su núcleo central se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios”, señala el documento.

A través de su cuenta de Twitter, la Suprema Corte enfatiza que el proyecto del ministro Luis María Aguilar será discutido en sesión el próximo 1 de octubre.

El documento señala que de acuerdo al Artículo 35 de la Constitución, las consultas ciudadanas no podrán ser utilizadas para restringir o eliminar los derechos humanos reconocidos en la carta magna y los tratados internacionales, además que no se puede realizar la consulta porque no se puede someter a consulta la impartición de justicia.

“Es precisamente por ello que el objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional, pues someter a consulta si la mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos”, señala el proyecto de sentencia.

“La consulta popular comprometería el adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia, pues al someter y condicionar a la voluntad popular la decisión de si el Ministerio Público debe realizar sus labores y cumplir con sus obligaciones, se le restarían facultades y autonomía”, se apunta en el documento.

Indica que se “desnaturalizaría la finalidad de la consulta popular” y se rompe con el principio de igualdad.

Al ser cuestionado al respecto en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró desconocer la información, pero pidió a los ministros que actúen con apego estricto a la ley y no se dejen intimidar, además que tomen en cuenta los sentimientos del pueblo.

“Hay que esperar a que el Pleno de la Corte resuelva. Que (los ministros) actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio, que también aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el Artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Consulta Ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo, que ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad (...) y que ahí se establece que no se deben violar los derechos humanos”, apuntó.

“Yo considero que no existe ninguna violación a los derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos  porque en le caso de que se lleven a cabo estos juicios, los tienen que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, dándole al implicado las garantías de defensa, de que no se violen sus derechos humanos”, señaló.

El Jefe del Ejecutivo destacó que este es un proyecto, por lo que hay que esperar al 1 de octubre.

“Ahí se va a saber.. hay proyectos que se aprueban, hay proyectos que no se aprueban y tiene que decidirse por mayoría, hay que esperar y tener confianza en la Suprema Corte”, aseguró.

El pasado 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República, la petición para realizar una consulta popular para saber si la ciudadanía está de acuerdo en que se juzgue a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; a los que acusa de corrupción y de privatizaciones ilegales de bienes públicos durante sus gestiones.

López Obrador asegura que durante esos gobiernos hubo “concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos y corrupción generalizada”.

Simpatizantes del presidente recolectaron alrededor de dos millones de firmas de ciudadanos que se dicen a favor del juicio contra los exmandatarios, las cuales fueron entregadas al Senado de la República y este, al Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE tendrá que verificar que las firmas sean válidas y alcance lo establecido por la Constitución y la Ley Federal de la Consulta Popular, es decir, el equivalente al 2% de la lista nominal, millón 821,405 de rúbricas.

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