Impulsan propuesta en el Senado para nacionalizar el litio

Los yacimientos referidos están en el norteño estado de Sonora

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La nueva planta, en la
La nueva planta, en la que se han invertido USD 420 millones y que produciría cerca de 17,000 toneladas anuales de carbono de litio, está controlada por la empresa británica Bacanora Lithium en consorcio con la compañía china Ganfeng Lithium

Una iniciativa del senador oficialista Alejandro Armenta propone al Senado de México nacionalizar el litio por disposición constitucional, tal y como ya ocurre con el petróleo, para asegurarse el control de lo que considera un elemento clave para la energía futura.

“El litio es un mineral de alto valor para el desarrollo de tecnologías limpias. Para México lo que representó y lo que representan los hidrocarburos en los últimos 100 años va a representar el litio en los próximos 100 años. Porque México posee los yacimientos de litio más grandes del mundo”, explicó a Efe Armenta, legislador del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Los yacimientos referidos están en el norteño estado de Sonora y serán explotados por empresas privadas extranjeras gracias a concesiones de Gobiernos anteriores en el megaproyecto más grande del mundo alrededor de este material, con una extensión de 100,000 hectáreas.

La nueva planta, en la que se han invertido USD 420 millones y que produciría cerca de 17,000 toneladas anuales de carbono de litio, está controlada por la empresa británica Bacanora Lithium en consorcio con la compañía china Ganfeng Lithium, un contrato de concesión que sería renegociado de aprobarse la nueva iniciativa.

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Armenta propone la creación de un “ente de la administración pública federal del Estado mexicano con autonomía para que desarrolle, para que regule, para que promueva la inversión pública y privada” (Foto: Senado de la República)

“La iniciativa no busca expropiaciones, porque lo que se entregó a los chinos son concesiones de explotación, no dominios de la tierra. No tiene por qué haber expropiaciones”, aclaró Armenta, aunque aseguró que la legislación recoge herramientas para que “los contratos que hay se puedan se puedan regular, se puedan adaptar, se puedan actualizar”.

El senador detalló que es “bienvenida” la inversión extranjera pero “para que desarrollen tecnologías, para que inviertan, que nos paguen la deuda externa que tenemos y que aprovechen el litio, pero que no se lo lleven como si fuera arena de río, como se lo están llevando hoy los chinos en Sonora”.

Para evitar esas condiciones, es “fundamental que el litio tenga la categoría de un bien de la nación”, ya que la Constitución contempla como bien público todo lo que está en el suelo y en el subsuelo, pero no dedica un apartado específico para el litio como sí lo hace para el petróleo y los hidrocarburos.

Además, Armenta propone la creación de un “ente de la administración pública federal del Estado mexicano con autonomía para que desarrolle, para que regule, para que promueva la inversión pública y privada”, es decir, una empresa paraestatal con el nombre de Litiomex.

La nueva planta, en la
La nueva planta, en la que se han invertido USD 420 millones y que produciría cerca de 17,000 toneladas anuales de carbono de litio

El Estado mexicano ya posee dos compañías estatales de energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ambas en una situación precaria que el actual Gobierno pretende remontar y que el senador morenista atribuye a “un saqueo desde la presidencia de la república, fue un robo, fue un desmantelamiento” que no permitirán que ocurra con el litio.

“México ya no es una colonia ni es un país de conquista, por lo menos no lo vamos a permitir nosotros en el Senado de la República. El litio es de los mexicanos y lo vamos a defender, por eso esta iniciativa es a favor de México, a favor del desarrollo de nuestro país”, indicó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, es reacio a la participación de empresas privadas y extranjeras en el sector energético de México y está impulsando varias políticas restrictivas, al contrario de su predecesor Enrique Peña Nieto, quien liberalizó el sector.

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