El 19 de septiembre de 2017 a las 13:14, unas horas después del aniversario de los sismos de 1985, el Valle de México sufrió otro sismo que devastó miles de edificios en la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Morelos y el Estado de México. El movimiento de 7.1 grados de magnitud tuvo como centro el municipio de Chiautla de Tapia en el estado de Puebla.
Unos minutos después del sismo, los habitantes de la Ciudad de México fueron conscientes de las consecuencias del mismo. En varias alcaldías de la capital el escenario sólo era comparable con las fotografías del sismo de 32 años antes. En total, 12 mil 200 edificios sufrieron daños graves en la Ciudad de México. Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac tuvieron más de mil estructuras dañadas cada una.
Más de 30 edificios colapsaron y atraparon a sus habitantes, 228 personas perdieron la vida. Aunque la mayoría de las afectaciones fueron daños estructurales, el sismo quitó su vivienda a miles de personas.
Los días que siguieron estuvieron plagados de historias de solidaridad. Miles de personas salieron a las calles y tomaron una hoja de sus padres en 1985. Los voluntarios levantaron escombros, dirigieron el tránsito vehicular, juntaron víveres y los transportaron, crearon Verificado19S como iniciativa ciudadana para combatir la desinformación, los médicos salieron a atender heridos, algunos negocios abrieron sus puertas para apoyar las obras de rescate con material, las fuerzas armadas ocuparon los espacios para remover cascajo, sus binomios caninos salvaron personas atrapadas y distintos equipos de rescate internacionales viajaron para asistir en la emergencia.
Pero, el temblor también sacó a la luz los problemas de corrupción gubernamental en la industria de la construcción. En el año que siguió al sismo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad investigó los casos de 28 edificios colapsados y encontró que en todos hubo elementos de corrupción o negligencia que fueron importantes en el desastre. Tres de ellos habían terminado obras de construcción poco antes del día 19.
A tres años de la tragedia, sólo hay cuatro procesos penales vinculados al 19S, las empresas constructoras de Tlalpan 550, Insurgentes 1260, Zapata 56 y Mónica, la directora del colegio Enrique Rebsamen en Tlalpan. Además, la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México pidió una serie de sanciones en contra 6 empresas con contratos de rehabilitación y reconstrucción.
Esta comisión se encarga de atender a la población damnificada en la capital mediante la inversión en obras, la mediación con empresas y fundaciones, el apoyo económico a personas afectadas. Los esfuerzos de reconstrucción de la CDMX tienen un registro de 7 mil 774 inmuebles dañados, de estos, 2 mil 739 necesitados de reconstrucción y 4 mil 670 con registro de rehabilitación.
Hasta el 31 de julio de 2020, el gobierno de la ciudad había terminado la reconstrucción de mil 9 inmuebles y la rehabilitación de mil 344. Los edificios en proceso de obras y los que no han avanzado del proceso administrativo representan el 65 por ciento de los inmuebles registrados, de acuerdo con estadísticas del organismo.
El organismo ha usado el 60 por ciento de los recursos disponibles para estas labores. Hasta el último día de julio, la Comisión para la Reconstrucción todavía contaba con mil 335 millones de pesos para seguir con su trabajo.
Algunos de los casos emblemáticos de la tragedia como el multifamiliar Tlalpan o el colapso del colegio Enrique Rebsamen no están resueltos. Aunque el caso de Mónica García Villegas está cerca de obtener una condena para la ex directora, los damnificados del inmueble en Calzada de Tlalpan al sur de la ciudad siguen sin ver una resolución en los próximos meses.
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