“Los tráileres de la muerte”: la macabra solución cuando la narcoviolencia saturó las morgues de Jalisco

Noviembre del 2018. La presencia de un olor fétido alertó a los vecinos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado mexicano de Jalisco, de que algo no estaba bien.

Los residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un vehículo de cuyo interior provenía el olor. Se trataba de un tráiler refrigerado en cuyo interior había más de 150 cadáveres.

Sin embargo, pese al aviso, el vehículo permaneció en el lugar por más de 12 horas.

“Ya no cabían más cuerpos y tuvimos que adecuar un cuarto más para meter a todos los que no entraban en la cámara de refrigeración. La saturación de cuerpos y los líquidos que desprendían hizo tronar las tuberías del Semefo”, dijo a Quinto Elemento Lab Luis Cotero Bernal, ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense (IJCF).

Sus palabras se remiten a agosto de 2015 cuando recibió más de 100 cuerpos y tuvo que adecuar un cuarto para resguardarlos. Pronto tuvo que tomar una decisión que lo marcaría de por vida: buscar un nuevo ‘almacén’ para cuerpos.

Cotero Bernal manejaba el destino de las personas muertas en Jalisco en los años más violentos. Ahora es un ciudadano acusado de ser corresponsable de un escándalo que saltó a las noticias en todo el planeta, que horrorizó a las miles de familias de personas desaparecidas por todo el país. Y confirmó el desdén que las autoridades tienen hacia los cadáveres no identificados apilados en la morgue.

Se decidió a hablar porque no quiere que lo culpen por “los tráileres de la muerte”, aquellas morgues itinerantes con 322 cuerpos sin nombre. El primero fue descubierto en uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, el 15 de septiembre de 2018, por el olor a descomposición que emanaba; el segundo tres días después, en el estacionamiento del propio IJCF, cuando la presión obligó al gobierno de Jalisco a reconocer que esa fue la manera en que intentó sortear la crisis forense que se vivía por la saturación de los anfiteatros.

Cuando asumió el cargo, Cotero Bernal se hizo una pregunta que le acompañaría durante todo su mandato: ¿qué hacer con tantos cuerpos? La morgue tenía capacidad para 78 cadáveres, pero cada semana llegaban decenas. Tan sólo en el primer trimestre de ese año, el 2015, se realizaron en el instituto forense mil 119 autopsias; cantidad similar a la que habían hecho durante todo 2014. Tantos cadáveres habrían sido todo un desafío para cualquier institución forense.

El gobierno de Jalisco tuvo por muchos años una salida para esa presión. En sus instalaciones tenía un horno crematorio inmenso para deshacerse de los cadáveres. El gobierno lo usó hasta finales de 2015, todavía dos años después de que la Ley General de Víctimas prohibiera su uso. Así, el Instituto se deshizo con fuego de 2 mil 755 cadáveres; 81 bajo la administración de Cotero.

En ese momento Cotero recuerda que empezaron sus enfrentamientos con directivos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, especialmente el fiscal central Rafael Castellanos: ninguna de las instituciones quería hacerse cargo de los gastos que generaban los cuerpos sin identificar y cada una interpretaba la normativa a conveniencia.

A cuatro meses de que Cotero asumiera el cargo, en agosto de 2015, se ideó la primera solución: “No había dinero para las criptas y me dijeron que resolviera las cosas con lo que tenía. Así fue como adecuamos aquel cuarto que después se llenó de tantos cuerpos que hizo colapsar el drenaje… Nos estábamos ahogando y nadie nos daba soluciones”.

Se trataba de un cuarto regular que antes era usado como una bodega y no tenía condiciones para la conservación de ningún cuerpo. Pero, según Cotero, era mejor que apilarlos en los pasillos de la morgue. Ese “almacén de cuerpos” operó hasta mayo de 2016, cuando su existencia se convirtió en un verdadero foco de infección.

A mediados de 2016 el fiscal Castellanos consiguió que el alcalde del conurbado municipio de Tonalá donara 200 criptas en el panteón de Coyula. Según datos oficiales, ahí depositaron 262 cuerpos no identificados; otros registros obtenidos para este reportaje indican que fueron 95 cuerpos más.

A la par de las criptas, Cotero y el fiscal Castellanos coincidieron en que era una buena idea rentar un contenedor con sistema de refrigeración.

“Después de unos días (el fiscal) me explicó la idea de depositar los cuerpos dentro de un contenedor frigorífico en tanto que se resolvía el tema de los panteones o buscábamos más presupuesto para comprar criptas. A mí no se me hubiera ocurrido eso”, explicó.

Una vez llegado al acuerdo, la fiscalía contactó a la empresa Logística Montes S.A. de C.V., dedicada al transporte terrestre local y regional, y solicitó un contenedor frigorífico.

En bolsas negras, similares a las que se usan para tirar basura, apilaron como bultos los cuerpos de 273 cuerpos de seres humanos, uno sobre otro. Cada uno estaba envuelto en una bolsa etiquetada y cerrada con cinta. El primer cuerpo que entró en el contenedor fue el de una persona fallecida 15 meses atrás.

En total, 264 de los cuerpos NI (no identificados) correspondían a hombres y nueve a mujeres. La edad promedio era de 45 años. La mitad había sido asesinado con impactos de arma de fuego, principalmente, en tórax o cráneo.

En México no era la primera vez que se utilizaba un tráiler frigorífico como recurso ante la saturación de las morgues. En 2011 se usó un contenedor para guardar y transportar los cuerpos extraídos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, y se han usado en ciudades como Acapulco, Chilpancingo e Iguala, Guerrero, en Xalapa y Alvarado, Veracruz, y en Tijuana, Baja California.

Al año siguiente, en 2018, la violencia no daba tregua; al mes de agosto tenían ya bajo su resguardo mil 468 cuerpos distribuidos en la sede central del Instituto y en las ocho oficinas regionales.

Para entonces el vehículo también ya daba problemas. La refrigeración fallaba, los cuerpos emanaban fluidos; los peritos temían que la concentración de gases orgánicos provocara un incendio.

En septiembre de 2019, un año después de que estallara la noticia de los tráileres, se abrieron cinco investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción y una, en la Contraloría del Estado de Jalisco. En ellos aparecen como principales responsables Cotero Bernal y el fiscal general de su tiempo, Raúl Sánchez Jiménez, jefe de Castellanos.

El resto de involucrados se ha salvado del castigo de 20 años de prisión y hasta mil 500 días de multa contemplado en la Ley General de Desaparición contra quien “oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito”.

Han pasado dos años de los hechos. Por la pandemia de COVID-19 se pospusieron las audiencias en la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco y la fecha de reanudación no ha sido anunciada. Ninguno de los responsables de tomar las decisiones fatales que agudizaron la crisis forense y obstaculizaron la identificación de los cuerpos ha sido castigado.

Actualmente, Luis Octavio Cotero es el abogado representante de ocho de las 15 víctimas acreditadas en la carpeta de investigación por las desapariciones forzadas cometidas por integrantes de la Fiscalía del Estado de Jalisco en las protestas del pasado 5 de junio.

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