La fecha para la extradición de César Duarte, ex gobernador de la entidad federativa de Chihuahua, se fijó para el próximo 10 de noviembre, informó Jorge Alberto Espinoza Cortés, consejero Jurídico del Gobierno del Estado.
La jueza de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos, Lauren Fleisher, fijó la audiencia final de extradición a las 09:30 horas en Miami.
El pasado lunes, Fleisher negó conceder la libertad bajo fianza a Duarte Jáquez. Esto significa que el ex mandatario continuará detenido y deberá seguir de esa manera su juicio con fines de extradición a México.
Duarte había solicitado a la corte de Florida su libertad bajo el argumento de que no escaparía de los Estados Unidos, además de mencionar que desde 2017, cuando se enteró de las acusaciones en su contra, siempre ha mantenido “comunicaciones de cooperación con el gobierno” de ese país, según un documento donde se puede leer la respuesta de la jueza Fleisher.
El ex mandatario también recurrió a mencionar las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, las cuales no le han permitido “preparar su defensa”. Asimismo, un tercer argumento para solicitar la libertad bajo fianza fue que la naturaleza “no violenta” de las acusaciones en su contra formaban parte de una “circunstancia especial”.
Según el documento de cinco páginas que citó el portal de Proceso, la jueza Louis rebatió los argumentos de Duarte Jáquez y sostuvo que desde prisión ha tenido la capacidad de comunicarse vía telefónica con el equipo que se ha encargado de su defensa.
Asimismo, señaló que la cooperación que el ex gobernador ha proporcionado ha sido “insuficiente” como para concederle la libertad bajo fianza. En este sentido, la jueza también destacó que “nunca oralmente expuso su disposición a ser detenido”, lo cual es relevante, pues “la aceptación de responsabilidad normalmente se entiende como cooperación”, situación que “no está presente bajo estas circunstancias”.
Sobre la naturaleza “no violenta” del delito por el que se le acusa, la jueza argumentó que se trata de un caso complejo y señaló el riesgo de fuga: “He considerado sus recursos financieros, conexiones en el extranjero, su edad y la seriedad de los delitos”.
A finales del mes de julio, la jueza Lauren F. Louis ya había denegado la libertad bajo fianza para César Duarte. Incluso en esa audiencia se había sido señalado al 4 de agosto como límite para enviar los documentos traducidos y considerar nuevamente el caso.
En aquel entonces, los abogados de Duarte Jáquez acusaron que el ex mandatario era víctima de persecución política por parte de su sucesor, Javier Corral Jurado, además de que existía peligro en caso de que se completara el proceso de extradición y este regresara a México.
Cabe recordar que el ex integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde hace casi cuatro años por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción, peculado, desvío de recursos con fines electorales y enriquecimiento ilícito, hasta que fue aprehendido en Miami, Florida, estado fronterizo de Estados Unidos con México, el pasado 8 de julio.
Al finalizar su administración, Duarte Jáquez dejó una deuda pública de 48,000 millones de pesos, afectación al erario local por 6,000 millones de pesos, y tenía un caso abierto por desvíos de recursos del estado con fines electorales para favorecer al partido, al que estaba afiliado desde 1977, por 250 millones de pesos durante 2015.
Sin embargo, tras su detención, la fiscalía federal integró una nueva carpeta de investigación, pues de acuerdo con una declaración que realizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, parecía que la anterior no estaba bien argumentada legalmente.
A la red de corrupción que permitió la fuga del ex gobernador y su posterior protección al amparo del poder se le conoce como la “Nómina Secreta”; mientras que a la desviación sistemática de recursos de entidades y demarcaciones gobernadas por el PRI se le llamó “Operación Zafiro”.
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