El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la Cámara de Diputados aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene impedimentos para proceder legalmente contra los ex presidentes de la República en caso de encontrar evidencias de que cometieron un delito, pero acusó que lo que busca en realidad con la consulta ciudadana es un linchamiento público con fines políticos.
A través de un comunicado de prensa, la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, señaló que la consulta no es un requisito para que se enjuicie a ex titulares del ejecutivo federal, pues el derecho de acceso a la justicia debe ser para todos los mexicanos.
La consulta no es requisito previo para que se inicien los procedimientos legales. El derecho de acceso a la justicia debe ser para todas y todos. Si los delitos existen, las y los mexicanos tenemos derecho a que se procese a los ex presidentes, independientemente de la consulta
Además, aseguró que el proceso que calificó como “una simulación más del presidente” no tiene fines legales, sino políticos.
Agregó que la consulta no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Constitución, cuestión que tendrá que evaluar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Es claro que la consulta no tiene fines legales, sino políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se tendrá que pronunciar sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, pero es evidente que ésta no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Constitución de la República. Luego entonces es una simulación más del presidente”, argumentó la legisladora.
Por otra parte, la bancada del PRD en la cámara baja hizo un llamado al mandatario mexicano a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), de manera que esta instancia desahogue el proceso, mientras que él, como presidente de México, se enfoque en gobernar.
“Desde el Grupo Parlamentario del PRD hacemos un llamado al Jefe del Ejecutivo a que si tiene elementos de que los expresidentes cometieron un delito, presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, que deje que la Fiscalía desahogue el proceso y que él, como presidente de la República se ponga realmente a gobernar, que son muchos los graves problemas por los que atraviesa el país y las y los mexicanos demandan respuestas efectivas y prontas”, concluyó Juárez Piña.
López Obrador envió al Senado de la República una petición de consulta popular a fin de preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen y, en su caso, procesen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones.
Durante la conferencia de prensa matutina del pasado martes, el mandatario mexicano leyó el escrito en el que acusó que:
Entre el primero de diciembre de 1998 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa gráfica de la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista
Además, el documento refiere que los males mencionados no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico “elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular”.
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