La propuesta de realizar una consulta popular para llevar a juicio a los cinco expresidentes requiere del aval de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), es la instancia que evalúa la constitucionalidad de la pregunta.
Son 20 días hábiles los que tiene la SCJN para dar una respuesta que enviará al Senado. José Ramón Cossío, ministro en retiro de la SCJN, explicó para W Radio que en caso de que la Corte determine que la pregunta es constitucional, los senadores por mayoría simple lo mandan a los diputados la petición y si la votación se da a favor, lo siguiente es que el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se haga la consulta.
La fecha que se propone realizar la consulta es el próximo 6 de junio de 2021. José Ramón Cossío mencionó que en la modificación constitucional que se realizó el año pasado indica que la consulta no puede coincidir con la elección que se tendrá el próximo año.
El cuestionamiento que se propuso el mandatario fue: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
En relación a la pregunta que se plantea hacer, el ministro en retiro y doctor en Derecho mencionó que “desde el punto de vista constitucional no, porque lo que se estaría determinando, en caso de juzgue a los ex presidentes, me parece que se estaría haciendo una excepción, una modificación, a la condición de los derechos humanos”.
Ya que una persona en caso de cometer un delito lleva un proceso y existen una serie de pruebas. “Decir por mandato por popular: sométase a juicio a las personas, no tiene ni pies ni cabeza”, dijo el también investigador en el Colegio de México.
Los ex presidentes en México no tienen ninguna condición ciudadana o política diferente a la de cualquier ciudadanos. Entonces, si hay la idea de que algunos de los mandatarios cometió algún delito antes, durante o posterior al ejercicio de su cargo, lo puede empezar a procesar la Fiscalía General de la República o cualquier fiscalía
Un presidente durante su mandato puede ser procesado por traición a la patria o por delitos graves del orden común. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador en relación al fuero incluye la modificación de que el titular del Poder Ejecutivo pueda ser procesado por delitos graves del orden común, corrupción, delitos electorales o cualquier otro delito por el que se pueda procesar a una persona común.
Cuando un presidente concluya su sexenio, enfatizó, puede ser acusado, en términos ordinarios, de cualquier delito cometido antes, durante o después. En la carta que leyó López Obrador en la que enlista hechos de cada uno de los últimos seis sexenios, José Ramón Cossío indicó que si existiera una base jurídica sólida, con eso la fiscalía podría abrir la carpetas correspondientes de investigación o se podría presentar la denuncia para que se procesa a los ex presidentes.
El proceso se realiza como sucede en otros casos. Se reúnen las pruebas, si se determina que existen las pruebas de que se cometió un delito y el caso se consigna a un juez de control, quien analiza el caso y si existe la probabilidad de que el individuo cometió el delito, en consecuencia se dicta la orden de aprehensión. Declara y si se considera que hay elementos se somete el proceso.
Vías para hacer la consulta
Existen tres vías las que se plantean en la Constitución para realizar consultas populares. Una opción petición la realice el Presidente y segunda es que la solicitud la realice el 33% de la Cámara de Diputados o Senadores
Y la tercera es por petición del 2% de las que están inscritos en el padrón electoral (son alrededor de 1.8 millones de firmas de individuos), lo cual debe ser validado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Por cualquiera de las vías que se opte para solicitar se tiene que presentar ante ambas cámaras.
Fue la mañana del martes 15 de septiembre que el mandatario Andrés Manuel López envió al Senado la petición y ésta la envió a la SCJN.
Es el ministro Luis María Aguilar Morales que se hará cargo de su estudio. Son 20 días los que tiene el Alto Tribunal para definir si es o no constitucional la pregunta que busca realizarse y posteriormente, cuenta con un día más para notificar la respuesta al Senado, sobre si la pregunta es constitucional o no.
Si la Corte determina que es inconstitucional, el tema se desecha, y se puede presentar nuevamente la petición en los periodos establecidos.
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