Hace doce años el festejo por la Independencia de México en Morelia, Michoacán, fue interrumpido por la detonación de granadas en medio de la multitud.
Las granadas explotaron casi a la media noche, cuando las personas todavía festejaban en el centro de Morelia. Dos años antes de ese 15 de septiembre de 2008, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa había iniciado la guerra contra el narcotráfico precisamente en Michoacán.
El atentado dejó ocho muertos y 132 heridos, más de 20 de gravedad. La Fiscalía Federal capturó a tres presuntos autores en los días subsecuentes, quienes se reconocieron como integrantes del Cártel de Los Zetas.
“Había heridos de todo tipo: unos con los intestinos de fuera, otros sin pie, unos sin una mano, pedazos por donde quiera”, recordó María de Jesús a Infobae México en 2017
A la fecha no hay culpables y tampoco ha habido una investigación de las autoridades mexicanas para aclarar lo que pasó.
Esto luego de la sentencia final emitida por un Tribunal Colegiado Federal cuyos magistrados resolvieron, en definitiva, la absolución de cuatro sujetos a los que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó de pertenecer a Los Zetas, y de ser los responsables del ataque, pero que a la postre se descubrió que fueron detenidos ilegalmente y torturados para que se declararan culpables.
Como resultado el caso no está esclarecido, pero eso no es todo. Al no haber sentencia no se conoce la verdad de los hechos, y tampoco hay responsables que reparen el daño que más de ocho familias reclaman entre los que se encuentran, por ejemplo, una mujer que perdió una de sus piernas, o menores de edad que aun padecen secuelas de la explosión.
La situación para ellos se ha agravado porque si bien la ley de víctimas contempla que tendrían derecho a un apoyo económico subsidiario, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha aceptado hasta ahora inscribirlos en el registro de víctimas hasta que finiquiten un trámite, que incluye que un juez ordene su reconocimiento legal, situación que también se les ha negado en las sentencias.
“Hemos sido olvidado por las comisiones de víctimas, actualmente nos encontramos en una situación de vulnerabilidad y a la fecha no hemos superado las consecuencias (…) es evidente que existieron fallas en la indagatoria y que la PGR vulneró los derechos humanos de los probables responsables, pero ello también conlleva a que el día de hoy se vulnere nuestro derecho a la verdad y a la justicia”, indicaron las victimas en un escrito de queja que interpusieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Otra víctima fue Aurora Braco y su esposo. Ambos padecen las secuelas de las esquirlas en sus cuerpos. Hace dos años contaron a Infobae México los traumas que el atentado dejó en ellos: tenían problemas para permanecer en lugares abiertos por largos periodos de tiempo y para conciliar el sueño.
Cuando escucharon la primera explosión la confundieron con pirotecnia. Al festejo había acudido en compañía de su esposo, dos sobrinos y su suegra.
La sangre los hizo darse cuenta que no eran fuegos artificiales. De pronto la familia quedó dispersada. Aurora sintió cómo su cuerpo se iba enfriando, luego perdió la capacidad de caminar y anduvo de rodillas buscando a su sobrina. “Mi suegra y mi sobrina ya no están aquí para contarlo”, contó.
Las esquirlas siguieron varios años más en el cuerpo de María de Jesús, Aurora y su esposo como un recuerdo doloroso del ataque.
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