El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se ha avanzado en las investigaciones para esclarecer qué sucedió con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 2014, y además de haber detenidos, se han girado órdenes de aprehensión en contra de funcionarios que construyeron la llamada “verdad histórica”, como Tomás Zerón, de quien dijo se tiene información que se encuentra en Israel.
"Ya hay aviso al gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión, ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político porque participó en hechos muy lamentables.
El gobierno de Israel no podría, lo digo de manera respetuosa, dar protección a una persona con estas características, no sería justo ni humano porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida, con arbitrariedad, no voy a detallar sobre este asunto, pero esa es la información que se presentó al respecto, entonces vamos a informar pronto, sobre esta situación.
Vaya a donde se vaya a buscar refugio, nosotros no vamos a ceder en este asunto", indicó el mandatario mexicano.
Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de México, es señalado por delitos de tortura, alterar la escena del crimen, desaparición forzada, y la pérdida y ocultamiento de pruebas en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El gobierno había dicho que Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se encontraba en Canadá huyendo de la justicia.
En septiembre de 2014, policías coludidos con criminales atacaron a balazos a alrededor de 100 estudiantes, 43 de ellos nunca aparecieron. El caso es una herida abierta en México y su esclarecimiento se convirtió en una de las promesas de campaña de López Obrador.
Organismos de derechos humanos sostienen que los estudiantes del magisterio de Ayotzinapa, en el estado sureño Guerrero, fueron ejecutados extrajudicialmente e incinerados en diferentes lugares, contrario a la versión oficial que asegura fueron asesinados y calcinados en un basurero de la zona.
Padres de los estudiantes han acusado a Zerón de sembrar un hueso para respaldar la primera versión del Gobierno de que los jóvenes fueron quemados y sus restos arrojados a un río.
Su trayectoria a lo largo de instituciones policiacas y judiciales en el país ha sido marcada por controversias y polémica: desde Cananea, Paulette, y hasta Ayotzinapa. Zerón ha sido descrito como “discípulo” de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública. Trabajó como coordinador del Control Policial de la Policía Federal Preventiva (PFP), bajo sus órdenes, durante la administración de Felipe Calderón.
Fue cuando trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal que Zerón conoció a Genaro García Luna, quien está arrestado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y por supuestamente aceptar sobornos multimillonarios y permitir que el Cártel de Sinaloa operara con hegemonía e inmunidad de facto.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó en diciembre de 2019 que dentro de la investigación realizada a García Luna, se detectó que una empresa relacionada con su familia habría recibido dinero de manera irregular: transferencias de recursos provenientes de la Secretaría de Gobernación.
El titular de la UIF señaló que la investigación se realiza en contra de más funcionarios: entre ellos, Tomás Zerón. Imagen Noticias confirmó, con fuentes federales, que también se le investiga.
Su escape de México fue confirmado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, este martes. Además, declaró que se han solicitado 46 nuevas órdenes por el caso Ayotzinapa: "se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos Tomás “Z"”, dijo.
Gertz también afirmó que Zerón ya cuenta con una orden de arresto y una ficha roja de la Interpol para encontrar su ubicación. El pasado 18 de marzo, la Fiscalía General de la República declaró que se contaba con una orden de aprehensión en su contra. Zerón respondió este mes tramitando un amparo contra esa y cualquier orden que lo acusara por la desaparición de los 43 normalistas en 2014.
Su orden fue admitida a trámite por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, Samuel Sánchez Sánchez, este 23 de junio. Sin embargo, informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) lo han señalado como responsable por haber violado el proceso de investigación y alterar la evidencia del caso al sembrar bolsas de plástico con osamentas en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero.
Por otro lado, a lo largo de su carrera policial en México, siempre hubo fuertes sospechas de que García Luna tenía vínculos con grupos de narcotraficantes. Durante las administraciones de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, el Ministerio de Función Pública (SFP) de México recibió al menos una docena de quejas contra García Luna, desde acusaciones de enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen organizado hasta negligencia total y abusos de poder.
La transición de Zerón del gobierno federal al mexiquense ocurrió después de un ataque de grupos armados en Cananea, Sonora, en 2007, donde enfrentamientos entre autoridades del estado y criminales dejaron cinco policías y dos civiles muertos. La SSPF, entonces titulada por Genaro García Luna, de acuerdo con El Universal, lo destituyó por falta de estrategia y coordinación.
Después, logró desempeñarse como como coordinador de Investigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De 2013 a 2016, Zerón ejerció su cargo en la AIC de la PGR, mientras que el 14 de septiembre de 2016 fue designado Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional para la administración de Enrique Peña Nieto.
Licenciado de Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, Tomás Zerón dirigió las diligencias realizadas en Río San Juan, en Cocula, Guerrero, entre el 28 y 29 de octubre de 2014, donde presuntamente, según investigaciones, se alteró la evidencia sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.
Gertz Manero, además de declarar que se “acabó la verdad histórica”, anunció en 2019 que con la nueva Fiscalía se han iniciado nuevas investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, y que no existen obstáculos procesales para que funcionarios puedan ser judicializados.
El fiscal también reveló que restos humanos están siendo analizados por especialistas de la Universidad de Innsbruck en Austria, lo cual podría llevar a una resolución del caso.
MÁS SOBRE ESTE TEMA: