Guillermo Cuenca Cuautle, de 23 años, vive en una construcción en obra negra con techo de lámina en las afueras de Cholula, Puebla, pero también es accionista de una empresa que ganó más de 13 millones de pesos en contratos con el gobierno de Cuernavaca en 2018, cuando Cuauhtémoc Blanco era el alcalde de la capital de Morelos.
El detalle fue que él nunca se enteró. “No, pues imagínate, no viviría así”, dijo Guillermo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco como alcalde de Cuernavaca, el Sistema de Agua Potable, SAPA, pagó 207 facturas a Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenta S.A. de C.V., empresa que fue creada en febrero de 2018 con la identidad robada de Guillermo Cuenca que aparece como accionista y representante ante el SAT.
Guillermo ni siquiera conoce a sus presuntos socios, ni ha tenido tratos con las autoridades de Morelos. Tras sufrir un accidente en el que perdió sus piernas, ha buscado ayudas sociales. Sin embargo, el único organismo gubernamental a quien solicitó una ayuda fue el DIF de Puebla. Para obtenerla tuvo que entregar varios documentos: INE, CURP, comprobante de domicilio y papeles que acreditan su discapacidad.
En 2017, acudió al sistema estatal del DIF, específicamente al Centro de rehabilitación de educación especial (CREE), para solicitar unas prótesis con las que actualmente puede caminar. Ahí entregó los documentos y esperó algunos meses a que le entregaran sus prótesis.
Entre tanto, el 19 de febrero de 2018 se constituyó la empresa Mantenimiento de obras y proyectos Cuenca S.A. de C.V. ante el notario Leonardo Molina Yano en el Registro Público de Puebla.
“Por entonces había nacido mi hijo, yo vendía elotes, quesadillas para ver lo del hospital”, dijo a MCCI.
El objeto social para el cual se constituyó la empresa es bastante amplio, desde vender material para construcciones hasta equipamiento para hospitales y equipo quirúrgico. En el acta constitutiva aparecen solamente dos accionistas: Isabel Ramírez Ramírez y Guillermo Cuenca Cuautle, este último aportó 49 mil 500 pesos, es decir, 99 por ciento del total.
Menos de cuatro meses después de su creación la empresa obtuvo contratos con el Sistema de Agua Potable de Cuernavaca (SAPA). La primera factura se expidió el 1 de junio de 2018 por un monto de 44 mil 700 pesos. A lo largo de cuatro meses, la empresa donde Guillermo aparece como accionista, recibió 204 facturas por montos similares; la suma alcanzó los 13 millones 653 mil pesos.
De acuerdo con las facturas en poder de MCCI, la empresa le vendió al sistema de agua potable artículos de plomería como tubos de cobre galvanizados y de PVC para reparar tuberías, pero Guillermo cuenta que se ha dedicado a vender bolsas de plástico en semáforos y, en ocasiones, elotes en la vía pública.
De acuerdo con documentos en poder de MCCI, durante 2017 y 2018 el Sistema de Agua Potable de Cuernavaca tuvo un adeudo con CFE de 49 millones de pesos por no pagar la energía eléctrica y utilizó el dinero presupuestado para comprar cientos de artículos para reparación de la instalación hidráulica a empresas de reciente creación y que meses después de recibir el dinero fueron liquidadas.
Como parte de las ayudas sociales del DIF Puebla , Guillermo ha recibido una silla de ruedas, una cisterna Rotoplas, y despensas que le da el municipio donde vive, San Gregorio Atzompa.
“No estaba enterado hasta ahora que me dicen. Si tuviera yo la empresa, no estaría yo así. Imagínate cuánta cantidad”, admitió.
En el transcurso de los años la empresa ha sido integrada por otras personas: Isabel Ramírez, María Solano Guillén, de 23 años, y Gabriela Barranco que apenas fue nombrada accionista en marzo de 2020. Guillermo no tiene ni idea de quiénes son estas personas.
De acuerdo con los movimientos en el registro público de Puebla, Guillermo ya no funge como administrador único como en 2018, sin embargo, continúa como representante de la empresa ante el SAT.
Después de recibir la noticia y verificar que su identidad coincidía con los documentos de la empresa, Guillermo se mostró consternado. Nunca le han pedido firmar nada, ni permiso para usar sus documentos. MCCI confirmó que los datos que la empresa utilizó -RFC y su CURP- son los de Guillermo.
“¿Y qué puedo hacer, crees que vengan a embargarme lo que tengo?”, cuestionó.
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