El analista y periodista mexicano Raymundo Riva Palacio publicó este lunes una columna de opinión en la que pone en duda que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fuera totalmente honesto respecto a la cooperación que tendría con el gobierno de López Obrador, en las investigaciones por corrupción en contra de él y otros funcionarios de los anteriores sexenios, a cambio de ciertas concesiones, precisamente, por su figura de colaborador.
El texto se titula “¿Engañaron a López Obrador?", nombre que bastó en redes sociales para despertar la polémica entre seguidores y contrarios de AMLO y su Cuarta Transformación.
Sin embargo, en el artículo que fue publicado en El Financiero, el analista se refiere, sobretodo, a las irregularidades que presenta Emilio Lozoya, en sus declaraciones y pruebas (o falta de ellas), más que a la figura del mandatario mexicano.
Riva Palacio inicia con el recuento de los hechos desde agosto pasado, cuando, señala, el presidente Andrés Manuel López Obrador usaba el caso de Lozoya “para sacudir el avispero político y repartir a mansalva acusaciones de corrupción”.
Pero remarca que se basaba en “la denuncia de hechos construida a dos manos, entre Lozoya y la Fiscalía General, donde a cambio de que señalara con el índice a quien le dijeran, garantizaba su libertad, la de su familia, su dinero –incluidos 10 millones de dólares que asegura la empresa Odebrecht le dio como soborno– y, de paso, podría cobrarse cuentas personales”.
El analista subraya, después, que la historia en los últimos días ha cambiado pues, a su parecer, el “desde hace tres semanas, el Presidente ha sido más cauteloso en sus dichos y ha subrayado todo el tiempo que esas acusaciones tendrían que probarse”.
Entonces destaca la diferencia al decir: “El entusiasmo de López Obrador en agosto no correspondía con lo que sucedía en el interior de la Fiscalía General, donde veían que Lozoya estaba incumpliendo el pacto que hizo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, al no estar entregando toda la documentación dura, demostrable e incontrovertible, que soportaran sus múltiples imputaciones”.
A continuación de esto señala que, además de la Fiscalía General de la República (FGR), hay otra dependencia que por su parte está detrás de Emilio Lozoya: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Y como muestra porne la petición a las autoridades alemanas para catear las propiedades de su esposa en Baviera, o la querella que antes de eso presentó Hacienda, en contra del exdirector de Pemex por no pagar el total de impuestos que adeudaba.
“El director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, que depende de la Procuraduría Fiscal de Hacienda, Josué Miguel Contreras, presentó la querella a Gertz Manero el 27 de julio, donde señala que Lozoya declaró el 9 de mayo de 2017 ingresos menores a los ‘realmente obtenidos’, y dejó de pagar en Impuestos sobre la Renta dos millones 695 pesos”, y explica que el resultado de dicha acusación hasta ahora se desconoce.
“El caso Lozoya, sin embargo, tiene síntomas que está resultando más difícil de armar de lo que alegremente pensaban en el gobierno, y que, concediendo criterios de oportunidad como un sistema anticorrupción, podían fácilmente imputar a exfuncionarios, con sustento o sin sustento, para llevar a cabo la purificación de la sociedad que pregona el Presidente”, advierte Riva Palacio.
También trae a cuento las situaciones, que considera, extrañas que han ocurrido desde la extradición de Lozoya de España, el pasado 17 de julio.
“López Obrador dijo tres días después que ya había rendido su primera declaración ante la Fiscalía General, pero 48 horas después la Fiscalía General desmintió al Presidente y negó que fuera cierto. Lo que había entregado Lozoya, en realidad, y como parte de su negociación para no pisar la cárcel y caminar rumbo a la puerta de la libertad, fueron memorandos donde narraba diferentes casos de presunta corrupción, acusaba a exfuncionarios y legisladores, culpaba a todos de ilícitos y se decía inocente, víctima de un mecanismo que lo obligó a cometer delitos”.
Además recordó que hasta 11 días después de su llegada fue que se supo algo del paredero de Lozoya, sin que interviniera algún juez.
“Se desconoce si ha rendido más declaraciones ministeriales, si ha empezado a aportar la documentación prometida, o si los entregables pudieron corroborarse. Gertz Manero logró que el juez extendiera el periodo de ampliación de la investigación hasta finales del año, por lo que no puede decirse que el caso Lozoya esté en el limbo. Se encuentra en otro estadio, el de la suspicacia de que se trata de un gran timo, el de Lozoya a la Fiscalía, el de la Fiscalía al Presidente, y el del Presidente a la sociedad mexicana”, sentencia el analista.
Además, apunta que hace una semana sí hubo presiones al proceder del caso, pero no por parte de la FGR, sino por Hacienda, donde fue presentada la querella en contra de Lozoya por haber pagado menos impuestos de los que debía.
“De proceder la querella hacendaria, enfrentará un presunto delito que no contemplaba, el de evasión fiscal. Si Lozoya se está burlando de la Fiscalía, Hacienda está actuando”, advierte Raymundo Riva Palacio.
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