La noche del jueves un grupo de “infiltrados” irumpió en la central fidroeléctrica “La Boquilla”, en Chihuahua, para realizar actos vandálicos, lo que causó daños que tardarán tres meses en ser reparados y tendrán un costo estimado en más cien millones de pesos.
Ese día, alrededor de cinco personas llegaron a la casa de máquinas para expulsar al personal de CFE para luego rociar con diesel y provocar un incendio, mismo que fue alertado por otros manifestantes, que incluso trataron de mitigar.
Entre los equipos afectados están los equipos de cuarto de control, chaloras de cables, tableros de protecciones eléctricas, piso de turbo grupos, así como destrozos en almacenes y en redes de hidrantes.
Carlos Morales Mar, director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicó que el incendio en planta hidroeléctrica 35 megawatts fue el que dejó a más de dos mil habitantes de la región sin electricidad ni comunicaciones telefónicas o de Internet. Además, calificó dichos actos como “un daño a la nación”, por lo que espera que las autoridades de seguridad den con los responsables.
Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sostuvo que se trataron de “actos de sabotaje a una instalación estratégica del país”, motivados por políticos y líderes agrícolas que tratan de seguir manteniendo el control (“el huachicoleo”) del agua de riego.
El conflicto por la demanda de agua en Chihuahua ya dejó la muerte de dos personas desde que a mediados de julio pasado escalara una ola de protestas, pues agricultores y campesinos identificaron extracción de la presa Francisco I. Madero para abastecer al embalse Luis L. León, con la finalidad de que el gobierno mexicano cumpla con un tratado para devolver parte de este recurso a Estados Unidos.
Los manifestantes han acusado que esa extracción pone en riesgo el agua para sus cultivos y la viabilidad de sus cosechas. Por su parte, la administración federal requiere cumplir con un plazo para retornar el líquido al país del norte, según una regulación de 1994 sobre la escorrentía de los ríos fronterizos que se convierten en aguas internacionales.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, ha referido que en las protestas existe un interés político comandado por líderes locales opositores a su gobierno. Ante ello se ha dispuesto de fuerzas federales como la Guardia Nacional para que el acuerdo con Estados Unidos sea cumplido sin sabotajes.
A inicios de septiembre, tras abrir la válvula de salida de la presa, los agricultores acudieron a impedirlo, pero fueron repelidos por la Guardia Nacional. Fue el 8 de septiembre cuando regresaron de nuevo a la zona, pero, tras los fallidos intentos por acceder, inició un enfrentamiento físico con detonaciones de gas pimienta, pero sin disparos.
Después del enfrentamiento, la GN se retiró de la zona, pero unas cuatro horas después, Jessica Silva y su esposo Jaime Torres fueron asesinadas en un supuesto enfrentamiento con los elementos de seguridad.
De acuerdo con la institución, se detuvo a tres personas que portaban granadas de gas lacrimógeno y un cargador para arma de fuego, posteriormente, los trasladaron a la ciudad de Delicias cuando fueron interceptados en la Derivadora Andrew Weiss, donde civiles armados, en varios vehículos, abrieron fuego.
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