La polémica por la integración de la nueva corporación de fuerzas federales en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pero con elementos del Ejército y la Marina, contemplaba el riesgo de actuaciones al margen de la ley por parte de sus integrantes sin capacitación para ejercer tareas de seguridad pública o derechos humanos.
Esta semana, la Guardia Nacional, creada por decreto presidencial el 26 de marzo de 2019, ha tenido uno de sus periodos más complicados, ante las acusaciones de abuso luego de la muerte de Yésica, una mujer agricultora que volvía a su casa tras participar en las protestas por la falta de agua en la presa La Boquilla, en Las Delicias, Chihuahua.
Pero no es la primera vez que la Guardia Nacional se ve envuelta en polémica.
Anteriormente se le ha cuestionado que, a pesar de que la Constitución y la ley definen a la Guardia Nacional como una “institución de seguridad pública de carácter civil”; y que para pertenecer a la misma, sus elementos deben contar con un certificado que avale que tienen habilidades, conocimientos y la confianza para servir como policías a la ciudadanía. Una investigación de Animal Político reveló que los casi 30 mil elementos nuevos reclutados para el agrupamiento no han sido civiles ni policías, sino elementos de las fuerzas armadas que la Sedena y la Marina adiestran por su cuenta, para después comisionarlos a la Guardia Nacional.
Los elementos se suman a los militares y navales que fueron transferidos desde un inicio para la conformación de la “nueva” fuerza por lo que, según los informes obtenidos por la publicación a través de Transparencia, los únicos civiles de la Guardia Nacional continúan siendo los más de 26 mil integrantes de la extinta Policía Federal.
Además de esto, los nuevos integrantes de la Guardia Nacional, creada por Andrés Manuel López Obrador, no cuentan con exámenes de control de confianza aprobatorios o un certificado policial.
Dado lo anterior, no extraña que en el año y medio que la corporación tiene de vida, acumule ya varias quejas de abuso en el uso de la fuerza y de violación de los derechos humanos, incluyendo un saldo de dos personas muertas y cuatro heridas, incluyendo un joven de 18 años que ha perdido un ojo de forma permanente.
Ninguno de estos casos, que continúan bajo investigación, ha tenido alguna resolución penal, ni ha dado como resultado algún guardia sancionado, incluso, cuando éstos han disparado a la población civil desarmada en varias ocasiones. Ha sido la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su Unidad de Vinculación Ciudadana, la que ha intervenido en varios casos para negociar con las víctimas pagos de “indemnizaciones” a cambio de la firma de convenios.
Sinaloa
El día 10 de marzo pasado, efectivos de la Guardia Nacional dispararon en contra de Luis Ángel "N" en la localidad de El Sauz, luego de que el joven presuntamente se negara a detenerse cuando circulaba en su motocicleta. En esa misma localidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la primera semana de agosto su conferencia de prensa matutina, en la que las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la misma Guardia Nacional, informaron sobre las acciones de seguridad, sin embargo, no dio mención del incidente en el que la víctima resultó herida en uno de los pulmones, ni del pago de 750 mil pesos que negociaron con la familia del lesionado, previo convenio firmado con los militares como testigos.
Zacatecas
También en marzo, pero el día 29, Edgar Eduardo "N" fue herido en una de las manos cuando elementos de la Guardia Nacional le dispararon. Y, aunque la investigación del caso sigue abierta y no ha determinado culpabilidades, la corporación de seguridad ciudadana realizó el pago de 50 mil pesos a la víctima de 29 años, por concepto de atención médica.
Tamaulipas
En Reynosa, el 26 de mayo fue encontrado el cuerpo sin vida de José Lorenzo "N", de 30 años en el paso del Río Bravo, luego de lo que su madre y otros testigos acusaron que el joven había sido detenido por efectivos de la Guardia Nacional, quienes lo habrían golpeado y arrojado al río. Ante esto, la corporación inició una investigación, al tiempo que la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación sin que hasta el momento exista algún resultado.
Michoacán
El 17 de julio, Mario "N" fue herido en el rostro por un impacto de bala, luego de que elementos de la Guardia Nacional accionaran sus armas cuando el joven de 18 años, supuestamente, no se detuviera al marcarle el alto en un retén ubicado en la localidad de Salvador Escalante, Michoacán. La víctima fue trasladada al Hospital Central Militar, en la Ciudad de México, en donde se determinó la pérdida del ojo derecho. Ante el hecho, los capitanes del ejército, Emilio Carballo y Miguel Ángel Rocha, negociaron con la víctima el pago de dos millones de pesos a través de un convenio firmado en el hospital.
El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía regional inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de abuso de autoridad y lesiones en contra de elementos de la GN, la cual sigue en integración.
A pesar de todos estos hechos, ningún elemento de la Guardia Nacional ha sido dado de baja, separado del cargo o sancionado de alguna forma, según respondió la propia corporación a una solicitud de transparencia realizada por Animal Político.
MÁS SOBRE ESTE TEMA: