Alonso Ancira demandó a López Obrador por violar sus derechos y transgredir 10 artículos de la Constitución

El presidente de Altos Hornos de México (AHMSA) Alonso Ancira, acusado de haberle vendido a Pemex la planta chatarra de Agronitrogenados a un sobreprecio y quien se encuentra detenido en España esperando su extradición a México, interpuso una denuncia en contra del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de El Financiero, el empresario demandó al mandatario mexicano en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por “haber violado sus derechos al transgredir 10 artículos constitucionales y uno más de la Convención Americana de Derechos Humanos”, y exigió que se pronuncie el Poder Judicial sobre las conferencias mañaneras.

Riva Palacio detalló que el alcance de la demanda trasciende el caso de Ancira, al pedir respuestas para saber si caben dentro de la ley los agravios que decenas de personas, grupos o instituciones han recibido en las llamadas mañaneras.

Reveló que la demanda de amparo indirecto que fue presentada el pasado miércoles en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la capital del país, se refiere a las afirmaciones que hizo López Obrador en sus tradicionales conferencias, lo que al mismo tiempo coloca a ese instrumento de poder en el banquillo de acusados.

“El poder que detenta el Presidente de la República tiene un alcance de enorme magnitud y las declaraciones que ha realizado implican un amedrentamiento a los Juzgadores nacionales”, apunta la demanda de amparo de Ancira. “Con sus manifestaciones se menoscaba seriamente la posibilidad de que el principio de independencia judicial tenga operatividad y eficacia”, resalta el documento.

El periodista destacó que a lo que se refiere, es al fallo que obtuvo de un juez en Chiapas el 13 de agosto en contra de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por considerar que los delitos que se le imputaban habían prescrito.

Riva Palacio recordó que la reacción de López Obrador fue casi inmediata, ya que tras el fallo del juez -indica la demanda-, entre el 20 de agosto y al menos el 4 de septiembre, el presidente se empezó a referir a Ancira “como culpable de los hechos delictivos que se le imputan”, y a sugerir que el amparo que le dieron había sido obtenido de “manera irregular”.

El periodista destacó que esta situación altera el debido proceso, como quedó plasmado en la doctrina del “efecto corruptor” que elaboró el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en el caso Cassez.

“Los actos que se reclaman”, dice la demanda de Ancira, “son precisamente las manifestaciones públicas o declaraciones, hechas por el presidente de la República, ostentando dicha investidura (y no la de un particular) en relación al proceso penal que enfrenta el quejoso. Estas manifestaciones son claramente lesivas de los derechos humanos y garantías del impetrante, en forma directa, al acceso información plural (oportuna y veraz), y en forma indirecta, a la presunción de inocencia, a un debido proceso y al acceso a la justicia imparcial”.

Riva Palacio destacó que, sin embargo, la dimensión mayor de la demanda se encuentra en una batería de 17 preguntas donde piden al juez que antes de proceder al desarrollo de las violaciones que reclamaron, dé respuesta a interrogantes que envuelven los problemas jurídicos que se enfrentan.

Entre los cuestionamientos se encuentran: ¿Qué tipo de actos pueden violar el principio de independencia judicial?; ¿Qué actos pueden considerarse como presiones externas a la función judicial?; ¿Puede considerarse como presión externa a la función judicial, que el Presidente manifieste que se investigará a todo Juez que resuelva en favor del quejoso?;  ¿Cuál es el límite a la libertad de expresión del Presidente?; La exposición de un imputado ante los medios de comunicación ¿puede implicar una violación al principio de presunción de inocencia?; así como ¿Qué implicaciones genera que una autoridad exija, requiera o solicite en forma reiterada y pública la reparación del daño de un delito al imputado, antes que el mismo sea condenado por un Tribunal competente?.

Raymundo Riva Palacio concluyó su columna destacando que “todas estas preguntas son una radiografía de las declaraciones del presidente en las mañaneras, planteadas mediante las interrogantes como violaciones a la ley, que será tarea del juez determinar si lo son”, finalizó.

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