Suprema Corte analizará los límites de la libertad de expresión de autoridades estatales en funciones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará cuáles son los límites de la libertad de expresión de una autoridad estatal en funciones y si sus expresiones sobre las personas que gobierna están protegidas por la Constitución mexicana.

La Primera Sala del máximo Tribunal del país determinó este miércoles que conocerá dos amparos directos “que permitirán establecer parámetros que posibiliten a los juzgadores resolver asuntos en los que se vean involucradas expresiones o actos de comunicación de personas servidoras públicas, cuyo objeto sea la labor periodística o la manera en que la desarrollan quienes se dedican a ello”.

Ambos amparos, el 261/2020 y el 262/2020, provienen del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en Chihuahua, donde solicitaron la facultad de atracción de la Corte para resolver el asunto.

Ambos amparos, detallaron, emanan del caso donde un periodista demandó el pago de una indemnización pecuniaria por concepto de daño moral en contra de un presidente municipal, quien, en uso de la libertad de expresión, supuestamente afectó su buena reputación.

Esto “impactó en su derecho a la dignidad, dentro del marco de una rueda de prensa convocada por el citado servidor público”. “Al respecto, tanto el juez natural, como la Sala de Apelación resolvieron negar la reclamación del periodista, sin condenarlo al pago de costas, razón por la cual, ambas partes en el juicio de origen promovieron juicio de amparo directo”, explicaron.

Se trata de un comunicador chihuahuense que fue criticado por Héctor Armando Cabada Alvídrez, el presidente municipal de Ciudad Juárez, quien en 2018 organizó una conferencia de prensa para señalar que el periodista supuestamente había recibido dinero de administraciones pasadas.

Los señalamientos de Cabada Alvídrez se dieron unos días después de que el comunicador, de una importante cadena nacional televisiva, denunciara que el político lo había presuntamente amenazado de muerte e intentado agredirlo en un evento donde el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, rindiera su informe de gobierno.

La Primera Sala consideró que los asuntos planteados reúnen las características de interés y trascendencia, pues al resolverlos, podría pronunciarse y emitir una determinación sobre varios temas, incluida la cuestión de si los actos de comunicación que realicen las autoridades estatales en funciones, son un ejercicio de libertad de expresión y, de serlo, cuáles son sus límites.

Además, analizarán si las expresiones que realiza una autoridad estatal sobre sus gobernados, se tratan de un discurso constitucionalmente protegido. También evaluarán si cuando una autoridad estatal se pronuncia respecto de una persona, en específico, sobre la actividad periodística que realiza, “puede generar un efecto inhibitorio en la libertad de expresión”.

Por último, examinarán si la actividad periodística conlleva, necesariamente y en todos los casos, una proyección de su persona como figura pública.

La Sala decidió que los amparos directos que se atraen implican la solución de cuestiones relevantes que, por su complejidad e importancia, impactarían directamente en materia de derechos humanos, pues servirían de parámetro para plasmar doctrina en torno a si las personas servidoras públicas tienen libertad de expresión.

Cabada Alvídrez se encuentra actualmente en un proceso donde su mandato podría ser revocado. Y es que a finales de agosto, el Instituto Electoral chihuahuense aprobó dos solicitudes de este tipo. Si logran reunir las firmas, se realizaría una consulta ciudadana para saber la opinión de la ciudadanía sobre si el funcionario debe seguir al frente de la presidencia municipal de Ciudad Juárez.

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