El conflicto por la demanda de agua en Chihuahua ya dejó la muerte de dos personas desde que a mediados de julio pasado escalara una ola de protestas, pues agricultores y campesinos identificaron extracción de la presa Francisco I. Madero para abastecer al embalse Luis L. León, con la finalidad de que el gobierno mexicano cumpla con un tratado para devolver parte de este recurso a Estados Unidos.
Los manifestantes han acusado que esa extracción pone en riesgo el agua para sus cultivos y la viabilidad de sus cosechas. Por su parte, la administración federal requiere cumplir con un plazo para retornar el líquido al país del norte, según una regulación de 1994 sobre la escorrentía de los ríos fronterizos que se convierten en aguas internacionales.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, ha referido que en las protestas existe un interés político comandado por líderes locales opositores a su gobierno. Ante ello se ha dispuesto de fuerzas federales como la Guardia Nacional para que el acuerdo con Estados Unidos sea cumplido sin sabotajes.
Estas son las 10 claves para entender el conflicto en que está enmarcada la muerte de los productores agrícolas Jessica Silva y su esposo Jaime Torres. Además, de la disposición de 17 elementos de la Guardia Nacional a la fiscalía chihuahuense para esclarecer el caso en que López Obrador prometió, se castigará a los responsables.
El Tratado de 1994
Según el Tratado de Aguas de 1944, México asigna a Estados Unidos la tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del Río Bravo proveniente de los Ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y del Arroyo de las Vacas, cantidad que no debe ser menor de 432 millones de metros cúbicos (Mm³) en promedio anual, contabilizados en ciclos de 5 años. Además, el país debe pagar antes del 24 de octubre, para ello debe liberar agua de las presas La Amistad en Coahuila y Falcón en Tamaulipas.
En contraparte, Estados Unidos debe entregarle 1,850 hm³ anuales de agua a México del río Colorado de la Presa Imperial en California. Es decir, México recibe más de cuatro veces la cantidad de agua que aporta a la nación norteamericana, por lo cual se estima que el balance resulta beneficioso para el país azteca.
Adeudo y plazo para devolver el agua
Sin embargo, México está atrasado en los pagos de años anteriores y debe cancelarlos rápidamente. Washington envió una nota diplomática a la cancillería en julio por este motivo, según informó el director para América del Norte, Roberto Velasco. El plazo está fijado para 24 de octubre, para ello el país debe liberar agua de sus diques; aunado a que el gobierno federal quiere cumplir y evitar que Estados Unidos amague con renegociar el tratado.
“No es posible postergar el cumplimiento debido a que el ciclo anterior, que concluyó en 2015, cerró con un retraso, lo cual no puede ocurrir en dos ocasiones consecutivas”, refirió la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El caso de Chihuahua
Con la ampliación de las cosechas, México ha utilizado el 71% de las aguas del Río Conchos, que fluye hacia el norte, aunque el tratado le permite usar el 62% del agua y dejar que el resto fluya al Río Bravo, en la frontera, pero los agricultores del estado norteño de Chihuahua quieren el agua para sus propios cultivos.
La Conagua ha reportado que ya entregó, al 100%, el volumen autorizado a las presas Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y Luis L. León (El Granero); algo que ha referido, concluyó el 24 de agosto. Con ello está garantizada el agua para riego en ese estado. Sin embargo, reconoció que queda pendiente por entregar 105,897,000 millones de los 962.7 millones de metros cúbicos que el Comité Nacional de Grandes Presas (CNGP) dispuso se canalizara de la presa La Boquilla al Distrito de Riego 005.
Febrero, toma de la Boquilla
Para el 4 de febrero del año en curso, el gobierno de López Obrador envió agentes de la Guardia Nacional para que fuera evitada la toma de la presa La Boquilla, ubicada en el cauce del Río Conchos en el municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua; pero unos 500 agricultores de los municipios de San Francisco de Conchos y Camargo los hicieron retroceder a una centena de metros, con la intención de impedir que la Conagua trasvasara el líquido a Estados Unidos.
En ese entonces, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, señaló que no había suficiente agua para los agricultores y los pagos, y que exigiría una explicación a la Guardia Nacional por su confrontación con los campesinos, a quienes dijo que defendería. López Obrador ya acusaba politiquería por parte de los manifestantes, debido a que la protesta la encabezaron los alcaldes de los municipios de San Francisco de Conchos, Jaime Ramírez, y Camargo, Arturo Zubía, además de diputados panistas locales.
Represión en julio
Campesinos y agricultores de Chihuahua acudieron el pasado 19 de julio la presa Las Vírgenes, esto, para evitar que siguiera la extracción del agua y no se reabasteciera la presa El Granero, pero fueron repelidos por la Guardia Nacional, quienes dispararon balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes. En redes sociales circularon videos sobre estos enfrentamientos y la Conagua aseguró que no estaba en peligro el recurso para actividades agrícolas.
Ese mismo día, la Conagua refrendó que se debía cumplir con el tratado de 1994 y explicó que el Comité Nacional de Grandes Presas (CNGP) consideró que debían efectuarse maniobras de extracción o desfogues de control en la presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes) “para alcanzar los niveles de seguridad requeridos y contar con un margen adecuado para el manejo de los posibles escurrimientos”.
Enfrentamiento y muerte
Todo comenzó el pasado domingo 6 de septiembre, cuando la Conagua abrió la válvula de salida de agua de la presa La Boquilla, cerca de Delicias, Chihuahua. Ese día, agricultores del distrito de riego 0005 acudieron al sitio para interrumpir tal acción. No lograron su objetivo, pues fueron repelidos y protestaron frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Ahí, obtuvieron el respaldo del gobernador Javier Corral.
Para el martes 8 de septiembre, los pobladores se organizaron para avanzar en caravana hasta la presa La Boquilla. Su objetivo era conseguir que los elementos de la guardia les dieran paso para entrar a cerrar las llaves de desfogue. La caravana arribó al mediodía. En las puertas de la presa, los representantes del colectivo pidieron acceso a la Guardia Nacional, y luego intentaron derribarla. Entre las 17:00 horas comenzó el enfrentamiento físico, con detonaciones de gas pimienta, pero sin disparos aún. Los manifestantes usaron palos para defenderse. Cerraron la válvula e hicieron un llamado a las comunidades locales para delegar guardias y controlar el acceso al sitio.
Después del enfrentamiento, la Guardia Nacional se retiró de la zona, eran las 6 de la tarde. Los agricultores cerraron la válvula de salida de agua de la presa e hicieron un llamado a las comunidades locales para delegar guardias y controlar el acceso al sitio. unas cuatro horas después, dos personas fueron asesinadas, presuntamente por represalia.
Mario Mata Carrasco, diputado federal panista, afirmó haber recibido informes de testigos en la zona, quienes dijeron que los productores Jaime Torres y Yesica Silva fueron seguidos por elementos de la Guardia Nacional luego de haber participado en las protestas. El legislador aseguró que la pareja no estaba armada y que los elementos federales los ejecutaron arbitrariamente.
Versión de la GN
Luego de acudir a La Boquilla, la Guardia Nacional informó que detuvo a tres personas que portaban granadas de gas lacrimógeno y un cargador para arma de fuego, posteriormente, los trasladaba a la ciudad de Delicias, cuando fueron interceptados en la Derivadora Andrew Weiss, donde civiles armados, en varios vehículos, abrieron fuego; ante lo cual fue repelida la agresión. En el reconocimiento localizó a una persona fallecida en un vehículo y otra herida que pese a su envío al hospital, murió más tarde.
Después se reportó que eran los productores agrícolas Jessica Silva y su esposo Jaime Torres, ambos sumaron cinco disparos en la espalda.
Según reportes oficiales, en la presa hubo agresiones entre ambas partes; y “grupos de agitación” repartieron cientos de palos, bebidas alcohólicas, así como el uso de bombas molotov. Ante ello, la Guardia Nacional decidió replegarse para evitar episodios de violencia, esto, entre las 18:00 horas.
Bloqueo del 66 Batallón de Infantería en Delicias
Los alcaldes de Delicias y de Meoqui, Ismael Pérez y Eliseo Compeán, ambos de filiación panista, acusaron a la Guardia Nacional de ejecuciones arbitrarias. Mientras que Javier Corral exigió a la Fiscalía General de la República que fueran investigados los hechos suscitados entre las 22:30 horas, cuando la pareja de productores se encontraba camino a casa.
A raíz de los hechos, manifestantes bloquearon el acceso a las instalaciones del 66 Batallón de Infantería de Delicias. Además del plantón de los productores agrícolas frente a La Boquilla. Pues reclaman, ahora, que la muerte de sus compañeros no quede impune.
Se va a castigar a los culpables: AMLO
El presidente de la república lamentó los hechos y siguió con su discurso de los intereses político-electorales. López Obrador aseguró que el comandante de la Guardia Nacional en Chihuahua actuó bien y llegó a un acuerdo para desarmar a manifestantes.
“Desde luego que se van a deslindar responsabilidades, desde ayer lo dije, se va a hacer la investigación. Lo que ya sabemos, y no es nuevo, es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos-electorales y también porque existen intereses creados en el control y manejo del agua”, indicó esta mañana el mandatario mexicano.
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) culpó a políticos y líderes agrícolas de la entidad por “agitar” e incitar a la violencia contra los elementos de la Guardia Nacional y en conferencia a medios mostró imágenes donde se observa entre los contingentes al priista José Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos; al morenista José Francisco Ramírez Licón, alcalde de Rosales; Salvador Alcantar, líder de la Aurech; así como a dos ex gobernadores, José Reyes Baeza y a Fernando Baeza Terrazas, entre otros.
17 agentes de la GN ante Fiscalía
Didier Peralta, coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, afirmó que 17 agentes de la Guardia Nacional fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para que sean investigados por la muerte de la pareja de productores agrícolas. Un caso que afirmó, será juzgado por un tribunal civil. Además dijo que se entregaron vehículos y armamentos involucrados.
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