El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT-MPT) desmintió las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la solución de los procesos legales que han detenido la construcción de una termoeléctrica en la comunidad de Huexca, en Morelos.
La organización explicó que el presidente y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expusieron información falsa sobre el debate jurídico pues no es cierto que se hayan concluido los procesos legales: se mantienen activos 15 de 17 amparos y 6 de 8 suspensiones, es decir, “solo el 8.5% se ha resuelto de manera definitiva”.
Este jueves, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente informó que se reanudarán las obras para concluir la termoeléctrica de Huexca, iniciada en 2012 y rechazada desde entonces por los pueblos de la región. Estimó que iniciará su operación en diciembre de este año.
Los integrantes del Frente rechazaron también la afirmación de que el megaproyecto fue aprobado por el 60% de los consultados en febrero de 2019. Se oculta, denunciaron, que “ganó el NO en las comunidades afectadas”, que se violó el derecho de consulta indígena y que se realizó en el marco del asesinato de Samir Flores Soberanes, luchador social opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM) del que forma parte la termoeléctrica.
“La consulta fue ilegal, discriminatoria, denigrante y bañada de sangre de nuestro compañero Samir Flores”, refirió la organización comunal a través de un comunicado público.
El FPDT-MPT señaló que el presidente utiliza su posición de poder para mentir, manipular y violar la ley al impulsar un proyecto que provocará graves daños para el ambiente y los habitantes del territorio circundante al volcán Popocatépetl.
La organización, integrante del Congreso Nacional Indígena, refirió que existen al menos tres suspensiones que impiden el uso del agua de los ejidos de Moyotepec, Tenextepango y Valle Velázquez; una suspensión que impide la descarga de las aguas de purga de la termoeléctrica, interpuesta por la comunidad de Huexca; una suspensión del ejido de Amilcingo que impide el funcionamiento del Gasoducto Morelos y una sentencia que amparó a las comunidades de Atlixco para la realización de una consulta sobre el Gasoducto Morelos.
El FPDT-MPT denunció también que los estudios periciales (que según Sánchez Cordero determinaron la inexistencia de problemas en el suministro de agua) fueron rechazados por el Tribunal Colegiado debido a un conflicto de interés que vincula al oficial del amparo con la Comisión Nacional del Agua, parte integrante del conflicto.
El anuncio del reinicio de las labores de construcción fue recibido como una amenaza de represión hacia los pueblos que defienden el territorio, particularmente hacia el campamento de Apatlaco, Ayala, que desde hace 4 años impide el avance de la construcción del acueducto.
De acuerdo con los integrantes del Frente, el gobierno no ha estado en comunicación con las comunidades afectadas, sino con las cúpulas directivas corruptas que apoyan el proyecto a cambio de dinero. Por ello, exigieron derecho de réplica y un diálogo urgente con el presidente durante una de sus conferencias de prensa: “Una hora de su mañanera para dialogar sobre el PIM. Media hora para usted, media hora para nosotros, con preguntas y respuestas, con pruebas documentales y videos”.
Al debate deberían asistir, solicitaron, representantes de la oficina del alto comisionado de la ONU y diversas organizaciones de protección a los derechos humanos.
Los campesinos y habitantes de la región rechazaron el argumento esgrimido por el presidente sobre la necesidad de recuperar la inversión realizada en la obra. “Si la justificación es que se tiene que echar andar porque la inversión es dinero del pueblo, pues entonces echemos andar los tanques de guerra, porque es dinero del pueblo. ¡Hay cosas que matan aunque sean dinero del pueblo Sr. Presidente!”, argumentaron.
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